MADRID.- Los portavoces de Izquierda Unida lo han repetido por activa y por pasiva, en las calles y en las instituciones: "El PP es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones". Nombres de casos como Gürtel, Nóos, Púnica, Bárcenas, Palau, Pokemon, ITV o 3% llenan a diario los minutos de los informativos y páginas de periódico. Detrás del paro, la corrupción es percibida por los españoles como el principal problema del país, y también ha sido uno de los caballos de batalla de Izquierda Unida en el Congreso, donde ha solicitado inumerables comparecencias y plenos monográficos sobre corrupción, siempre con el veto absoluto del Partido Popular, el principal partido salpicado por estos casos.

Después de que el rodillo de la mayoría parlamentaria conservadora tumbara la Proposición No de Ley que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) llevó al Congreso hace poco más de un año, IU-Unidad Popular recupera las 45 medidas que elevó entonces y las incluye en su programa, añadiendo algunas nuevas y ampliando otras.

Entre las más destacadas se encuentran propuestas ya conocidas como la ampliación de tipos penales y endurecimiento de penas para los corruptos y corruptores, la ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar un cargo público a los condenados por malversación, prevaricación, cohecho o blanqueo de capitales, entre otros delitos; o establecer por ley que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción.

Agilizar el proceso judicial cuando haya cargos públicos implicados es otra de las prioridades de la candidatura que encabeza Alberto Garzón, por lo que apuesta por establecer el procedimiento de urgencia de todos los expedientes judiciales en los que haya cargos públicos imputados.

Derogar la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal 

El paquete de medidas de la formación también contempla la derogación de la Reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que "limita" el plazo de investigación de una trama. Desde IU, consideran "inuadito" que se limite a seis meses la investigación "cuando, por ejemplo, una comisión rogatoria a Suiza ─uno de los focos del blanqueo de capitales─ tarda más de seis meses".

Las medidas deben ir acompañadas de una "ley integral y severa anti-corrupción" que incorpore delitos como el enriquecimiento ilícito o medidas cautelares como el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Al mismo tiempo, abogan porque el corrupto condenado "asuma los costes de sus acciones" mediante una "ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas".

Del mismo modo, propone potenciar el papel de las acusaciones populares, ya que "sin ellas no se conocerían la mayor parte de los grandes casos de corrupción". IU se ha personado en varios grandes casos, como el de los papeles de Bárcenas o la trama Púnica, aún pendientes de vista oral.

Una "policía fiscal" al servicio de la Agencia Tributaria

La batería de medidas incluye también propuestas para la prevención de los casos de fraude, donde el papel clave lo desempeña la Agencia Tributaria del Estado, a la que quieren reforzar con una "Policía Fiscal" integrada por agentes de las unidades especializadas de la Policía, la Guardia Civil y las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera.

También en materia de prevención, la formación lleva en el programa que se exijan responsabilidades subsidiaras a los bancos que colaboren en operaciones de blanqueo u ocultación de bienes tanto en España como en el extranjero, así como la prohibición de apertura de filiales en paraísos fiscales.

La propuesta también contiene medidas dirigidas a una mayor control en la adjudicación de contratos públicos, en las recalificaciones de terrenos, en las campaña electorales, en la financiación de los partidos políticos.

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