Izquierda Unida cierra este fin de semana el programa marco sobre el que las distintas federaciones y municipios concretarán sus propuestas para los comicios del próximo 25 de mayo. El lugar será la localidad madrileña de Rivas, donde se celebra el encuentro político programático de la formación, que cerrará este domingo la ronda de actos públicos que comenzaron en Madrid el pasado septiembre.

Las propuestas, divididas en cinco ejes (Economía, Democracia, Servicios públicos, Medio ambiente e Igualdad) serán debatidas durante todo el sábado en distintos grupos de trabajo y, entre las novedades, destacan las propuesta para el empleo garantizado desde lo público, la auditoría ciudadana de las deudas públicas y la propuesta de revocación de cargos electos o 'mociones de censura ciudadanas'.

Será a partir de estos documentos, coordinados por la secretaria ejecutiva de Elaboración Política y Programas de IU, Marga Ferré, como la formación de Cayo Lara tratará de confluir con distintos movimientos sociales y plataformas ciudadanas y de converger con otras fuerzas políticas en proyectos como los distintos Ganemos que han ido surgiendo por todo el país desde que Ada Colau presentara Guanyem Barcelona.

En el eje de economía, IU apuesta por una auditoría ciudadana de la deuda pública de cada autonomía y municipio, sobre todo de las grandes ciudades. Prestará especial atención a los sobreprecios sobre el inicialmente pactado y sobre la actividad de las empresas públicas dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones, Consorcios Locales y Comunidades Autónomas.

La banca pública es otra de las propuestas que se debatirán y que ya tiene su germen en Andalucía. El objetivo es que fluya el crédito 'para empresas y familias para desarrollar una economía real y sostenible creadora de empleo' y se articularía con mantenimiento de la nacionalización de las entidades intervenidas.

Además de la ya conocida lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida y la defensa de los servicios públicos de calidad, IU incorpora un plan de empleo garantizado por el Estado 'a cualquier persona preparada, capacitada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad', explican los documentos marco. 'El Empleo Garantizado tiene un coste económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas derivados del desempleo a través de prestaciones sociales', especifican. Los empleos sería determinados por los ayuntamientos, en colaboración con la sociedad civil, y girarían en torno a los trabajos de ciudados, de mantenimiento de espacios públicos y medio ambiente y todo tipo de servicios.

La regeneración de la democracia y su puesta al servicio de la ciudadanía es otro de los puntos fuertes del proyecto de la formación. Para ello, proponen, en primer lugar, dar la vuelta a la reforma de la Administración Local del PP, ampliar la competencias de las Comunidades Autónomas, eliminar las diputaciones provinciales y reformar las distintas leyes electorales para corregir la 'desproporción y desigualdad del voto'.

En cuanto a la participación ciudadana, IU plantea reformar los procedimientos de las Iniciativas Legislativas Populares, promover las consultas ciudadanas y referéndums -sobre todo en lo relativo a la gestión de recursos públicos- y establecer presupuestos participativos. 

La figura de la revocabilidad de los cargos públicos, planteada por Podemos en su programa para la elecciones europeas, sería otra pieza fundamental. La idea es que los presidentes regionales, alcaldes, diputados y senadores puedan someterse a una 'moción de censura ciudadana' transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido. Serían necesarias las firmas de un 20% de los electores de la circunscripción.

Además de una ley contra la corrupción, IU propone que los salarios de los representantes electos no puedan exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.

La defensa de unos servicios públicos de calidad siempre ha sido una reivindicación de esta organización, que destaca la ola privatizadora de los ultimos años. Por ello, apuesta por la remunicipalización de servicios siempre que los permitan las cláusulas de los megacontratos que el PP ha puesto a funcionar, sobre todo en Madrid. Promover la educación primaria, secundaria y universitaria y no financiar con dinero público la privada es otra propuesta, que sigue la misma línea con la sanidad. Priorizar los servicios sociales y promover una 'renta básica para paliar los efectos de la crisis en las personas y familias en situación económica grave', junto al acceso universal a la Justicia, son las líneas sobre las que se asienta este eje.

El acceso a la vivienda es otro fuerte de este eje. Plantean la vivienda como un derecho y proponen que las administraciones ofrezcan parques públicos de vivienda en alquiler y para compra a precios asequibles, la dación en pago y el fin de los desahucios.

La pobreza energética y los desahucios hídricos, es decir, las familias que no pueden calentarse en invierno porque no pueden pagar las facturas del gas y la luz; son dos de los problemas sociales derivados de la crisis económica y del desempleo que Izquierda unida se propone combatir.

Para ello, los municipios o regiones en las que IU gobierne se opondrán a la privatización y mercantilización de un 'recurso natural y universal' como es el agua, a la que consideran una derecho humano.

El mismo rasero utilizan para la energía, y plantean la 'generación pública de electricidad por parte de los municipios desde fuentes renovables de energía' y la aplicación de tarifas progresivas.