El pleno del Parlament ha rechazado este jueves una propuesta de resolución del PSC y otra del PP que pedía activar la cuenta atrás de la investidura y que empezara a correr el plazo de dos meses antes de la convocatoria automática de elecciones.

Las propuestas se han rechazado con la mayoría que suman JxCat, ERC y la CUP, que se han impuesto a los votos del PSC, Cs y el PP a favor de que corra el plazo -los comuns se han abstenido-.

La legislación indica que el Parlament dispone de dos meses como máximo para investir a un presidente y para que este plazo empiece a correr debe haber una primera votación que no se ha llegado a producir porque se suspendió el pleno.

Los letrados elaboraron un informe en el que defendieron que el plazo no había empezado a correr pero indicaron que era responsabilidad del presidente del Parlament, Roger Torrent, activar la cuenta atrás: tanto el PSC como el PP pedían hacerlo ya para que la situación de bloqueo no se alargue 'sine die'.

Pero las propuestas han sido rechazadas mayoritariamente por el bloque independentista, que sigue negociando una investidura alternativa a la de Carles Puigdemont, aunque ya se encuentra en la última fase y está cerrando los últimos flecos.

La propuesta del PSC también tenía otros puntos, pero se han rechazado todos: entre ellos, destaca la defensa de un Govern legal que trabaje para todos los catalanes cuanto antes para acabar con el 155.

Los socialistas también defendían la normalización de las relaciones institucionales entre el Govern y el Gobierno central, rechazaban las vías unilaterales e ilegales, y reivindicaba trabajar en base al diálogo, la negociación y el pacto.

Informe de los letrados

El conflicto sobre el calendario de la investidura se originó cuando Torrent pospuso el pleno de investidura de Carles Puigdemont previsto para el 30 de enero, ya que la ley no contempla con exactitud qué pasa ante este escenario.

El informe de los letrados concluye que el aplazamiento del pleno no fue por "voluntad deliberada" de Torrent, sino porque el Gobierno central lo impugnó ante el Tribunal Constitucional (TC) por considerar que Puigdemont no podía ser investido.

Y, hasta que el TC no se pronuncie sobre esta impugnación -en la que el Parlament se ha personado con alegaciones-, "se puede considerar suspendido" el calendario de investidura que fija el reglamento del Parlament: diez días para una primera votación y un máximo de dos meses para encontrar presidente y evitar la convocatoria automática de elecciones.

Según los letrados, esta suspensión del calendario puede mantenerse hasta que la resolución del TC acuerde "la admisión o no de la impugnación" del pleno, si bien el informe apunta que Torrent puede desbloquear la situación haciendo un acto equivalente a una primera votación.