En un pleno atípico y condicionado -al menos a nivel de atención mediática y social- por la reaparición en Barcelona de Carles Puigdemont tras cerca de siete años en el exilio, Salvador Illa ha sido investido presidente de la Generalitat de Catalunya, gracias a los votos de los diputados del PSC, ERC y Comuns.

El debate se ha podido celebrar después que la semana pasada los socialistas consiguieron cerrar los acuerdos con los republicanos y con la formación de izquierdas para garantizar a su primer secretario la mayoría absoluta necesaria de escaños (68) que le aseguraba la elección y abrirle la puerta a liderar un ejecutivo que la formación hacía casi 14 años que no encabezaba. Este 8 de agosto marca, incuestionablemente, el inicio de una nueva etapa política en Catalunya y cierra la era del procés, sin que esto signifique el final del conflicto territorial.

Una nueva etapa que arranca con una alianza de investidura a tres bandas que recuerda los gobiernos tripartitos, integrados entre 2003 y 2010 por PSC, Esquerra y la antigua ICV-EUiA. Un entendimiento que Illa pretende que sea duradero y vaya más allá de esta votación inicial, como ha manifestado en su discurso, y del cual se pueden esperar "políticas realistas" y, según él, de "progreso", pero en ningún caso revoluciones o profundos cambios estructurales.

Una alianza, pero, que solo se alargará si los socialistas son capaces de cumplir aquello pactado con Comuns y, sobre todo, ERC, con la nueva financiación como principal hito. Y que, en la otra costa, tendrá una oposición férrea de Junts, PP, la extrema derecha españolista de Vox, la independentista de Aliança Catalana y el anticapitalismo de la CUP.

Dejar atrás el 'procés'

"Catalunya tiene que mirar adelante, no puede perder el tiempo y tiene que contar con todo el mundo", ha proclamado un Illa que durante la campaña para las elecciones al Parlament del 12 de mayo había repetido constantemente que consideraba que el procés había significado una "década perdida" para el país. Pero para mirar adelante considera clave culminar la desjudicialización, y por eso ha reclamado "la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios" de la ley de amnistía, en la cual de momento los jueces del Tribunal Supremo se resisten a incluir Puigdemont, entre otros.

En su primera intervención -un discurso de investidura bastante breve, de apenas 35 minutos. Illa ha defendido que "solo coaliciones amplias de progreso, que apliquen políticas realistas, solventes y con mirada larga para hacer frente a los riesgos y a los problemas que nos afectan serán eficaces para avanzar".

En este sentido, ha reivindicado los acuerdos con republicanos y Comuns subrayando que "pasan a formar parte íntegramente de mi programa de gobierno" y añadiendo que estos dos grupos "son y serán mis interlocutores preferentes". Y, de hecho, en el turno de réplica a ERC ha reconocido que "soy consciente que [el suyo] es un 'sí' con condiciones, pero a mí me gusta acabar el viaje con quien lo empiezo y me esforzaré [para hacerlo]. Sin cerrarse al diálogo con el resto de fuerzas, con la exclusión, eso sí, de las dos extremas derechas.

La gestión, en el primer plano

La nueva etapa política catalana hará perder centralidad al conflicto territorial y, de hecho, Illa ha defendido que Catalunya tiene que ser una "nación abierta, plural y diversa, que se implica en la construcción de una España plurinacional y una Europa Federal y que influye y participa tanto como puede y por los procedimientos institucionales pertinentes y adecuados". Si su mantra es que el procés dividía, es lógico que plantee "que ha llegado la hora que todos y cada uno de los catalanes nos volvamos a sentir parte de la misma Catalunya".

En la práctica, el inminente Govern de Salvador Illa quiere que la gestión pase a primer plano político -un hecho que ya se había intentado en gran parte durante la presidencia de Aragonès-, con la mejora de los servicios públicos, la potenciación de las infraestructuras o el impulso de la industria como algunas de las principales banderas que quiere levantar. Junto a cuestiones como un fuerte crecimiento de la vivienda pública, que quiere elevar en 50.000 pisos durante el mandato en una de las principales improntas del acuerdo con los Comuns.

Como ya había anunciado meses atrás en campaña electoral, Illa considera que Catalunya tiene que vivir su "tercera gran transformación", después de las llevadas a cabo durante los años 80 en el despliegue del autogobierno y en la primera década del actual siglo con los tripartitos. Una transformación que sobre todo debería pasar por la mejora de los servicios públicos, para la cual necesitará culminar con éxito el "nuevo modelo de financiación singular", que ve como un "paso adelante sustancial y necesario por nuestro autogobierno que no pone en riesgo el principio de solidaridad".

El cambio de modelo de financiación es, probablemente, el principal reto de la legislatura, sobre todo teniendo en cuenta que para lograrlo hacen falta acuerdos amplios y una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA y que Catalunya pueda salir del régimen común de financiación común. Un hecho que levanta ampollas en el PP, pero también en parte de los barones territoriales del PSOE y en algunas de las formaciones integradas en el grupo de Sumar.

Junts plantea una oposición dura

A nivel más concreto, el nuevo ejecutivo, que de entrada será monocolor del PSC sin que pueda descartarse una entrada a medio plazo de los Comuns, se fija tres grandes ejes de actuación: el institucional, con "un autogobierno efectivo, mejor financiación y cooperación leal con el resto de administraciones públicas"; los servicios públicos; y la nueva industrialización verde.
Y a partir de aquí quiere afrontar "cinco grandes prioridades", que son la ambiental -vinculada a la emergencia climática-, la social, la económica -que pasa por impulsar las infraestructuras y "recoser Catalunya con transporte público"-, la reforma de la administración y de los servicios públicos y, finalmente, la política, que según él supone "abrir una etapa de consensos" y, a la vez, "afrontar" los conflictos mal resueltos, hecho que explica la futura puesta en marcha de la Convención Nacional acordada con ERC para resolver el conflicto con el Estado.

Además, el pacto con los republicanos también comportará el mantenimiento de algunas de las políticas más emblemáticas del Govern de Aragonès, como la energética pública, la oficina del plan piloto de la renta básica universal o el Departamento de Igualdad y Feminismos y, de hecho, seguramente se notará una continuidad en numerosos ámbitos. Ahora bien, esto no significa que ERC le dé un cheque en blanco, ya que como ha subrayado el presidente de su grupo en el Parlament, Josep Maria Jové, el suyo es uno "sí en guardia y cargado de no".

A la vez, ERC ha subrayado que el conflicto territorial se mantiene –"con la votación de hoy no se cierra nada"-, pero también ha reivindicado el pacto para lograr una nueva financiación que tiene que ser un "modelo de soberanía fiscal". La reivindicación del acuerdo, sobre todo en ámbitos como la vivienda, también ha marcado la intervención de la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, que además ha prometido exigencia en el cumplimiento de aquello pactado y ejercer de oposición en los aspectos en que no se han entendido.

En cambio, Junts y PP ya han visibilizado que, al menos de entrada, ejercerán una oposición contundente al Govern de Illa. El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, por ejemplo, ha comentado que la voluntad de su partido es "erigirse en alternativa" y que no piensan contribuir a la gobernabilidad: "Se tendrá que comer a los Comuns y el comunismo y a Esquerra y su gestión", le ha soltado. Todo ello sin olvidar las críticas a ERC por pactar con los socialistas, cosa que para Junts ha dinamitado la "unidad política" del independentismo.

Roles muy marcados en un inicio de legislatura que, a pesar de algunas pautas de continuidad, supone una nueva etapa política en Catalunya, en que el independentismo ya no tendrá mayoría absoluta en el Parlament y donde el PSC dirigirá la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno español, un hecho inédito desde 2010. Pero en que el conflicto político de fondo, con Puigdemont como emblema, seguirá sin desaparecer, a pesar del desgaste y desmovilización del movimiento independentista.

Investido president, los próximos días Illa tendrá que revelar los nombres de los consejeros de su ejecutivo, que combinarán perfiles independientes, con cargos de partido, ya sea bregados en el Parlament o provenientes del extenso plantel municipalista de los socialistas catalanes.