La primera sesión de investidura de Pere Aragonès para conseguir que cuelgue de su cuello el histórico medallón de la Generalitat que le acreditaría como 132 president de Catalunya ha acabado en fiasco. Pero lo más relevante no es que haya pasado lo que ya estaba anunciado, sino el nivel de hostilidad contra ERC que desprendió la intervención del presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Albert Batet, antes de formalizar la anunciada abstención que convertía en aritméticamente imposible la mayoría absoluta necesaria. Una hostilidad que choca frontalmente con la asunción de buena parte de las propuestas programáticas de Junts por parte de Aragonès, con el hecho de que Junts y ERC continúan a día de hoy siendo socios del Govern que pilotan en funciones. Y las reticencias juntistas chocan aún más con un retrovisor en el que se puede ver que Esquerra ha investido a la primera a dos presidents de la Generalitat de Junts en los últimos cinco años –Carles Puigdemont (2016) y Quim Torra (2018)–. Y un tercero en poco más de ocho años si ampliamos el objetivo al espacio postconvergente –Artur Mas (2012)–. Sin olvidar que son los votos de ERC los que han hecho presidenta del Parlament a Laura Borràs hace solo unos pocos días.

Veremos qué es lo que pasa el martes en la segunda sesión de investidura. Pero con este contexto la pregunta razonable es: ¿qué es lo que separa de forma tan contundente a dos partidos con esta realidad y antecedentes tan entrelazados? Por lo que parece nada que tenga que ver con la grave crisis sanitaria y económica que provoca la pandemia y que lleva a Aragonès a urgir la formación del nuevo Govern. Podríamos hablar de los recelos de Junts hacia el acuerdo de ERC con la CUP, por el ninguneo que dicen que ha supuesto cerrar un pacto primero con el "socio pequeño", o porque aunque no se cansan de decir que no son ni de derechas ni de izquierdas, muchos puntos del acuerdo como la banca pública, la desprivatización de servicios públicos o la apuesta por la escuela pública frente a la concertada genera sarpullidos en muchos dirigentes de Junts. Podríamos hablar de la pugna por el control de los proyectos Next Generation de los fondos europeos de reconstrucción entre Pere Aragonès y la probable vicepresidenta de Junts Elsa Artadi. O incluso de la habitual lucha por las carteras del Govern o de la hoja de ruta independentista. Todas ellas son diferencias reales pero no insalvables. Y de todo ello el discurso de casi dos horas de Aragonès estaba lleno.

Pero en el independentismo –y fuera de él– está muy claro que el principal escollo está en el denominado Consell per la República, y en el fondo de la cuestión se dirime el papel que debe jugar Carles Puigdemont en el independentismo –pero también en la gobernabilidad de Catalunya– a partir de ahora. Después de que su partido haya perdido la presidencia de la Generalitat y el mismo Puigdemont haya quedado tercero –detrás del PSC y de ERC– en las elecciones del 14 de febrero, ya que se presentaba como cabeza de lista por Barcelona.

Los temores de Puigdemont y el bloqueo de la investidura

Curiosamente de este tema es justamente de lo que el discurso de Pere Aragonès no habló. Ni una sola cita al Consell per la República y una sola a Puigdemont para denunciar su situación de "exilio" por la persecución de la Justicia española, pero sin comprometer su futura presidencia a los designios del expresident de la Generalitat cesado por el 155 como sí hizo su antecesor Quim Torra. Recalcando que la nueva "Generalitat republicana" basculará sobre "los grandes consensos que mueven la sociedad catalana". Pero todas las fuentes, de Junts y de ERC, indican que es Puigdemont quién ha dado la orden de no investir al primer president de ERC desde la República de los años 30. Al menos hasta que no se clarifique el papel que tiene que jugar el "exilio" mediante el Consell per la República y el liderazgo del mismo Puigdemont. Planea sobre este bloqueo el temor a una presidencia de la Generalitat que no esté dispuesta a supeditarse a las directrices de Waterloo y que pueda dejar al "president legítim" sin mando efectivo y aparcado en un rincón de la historia.

Ningún dirigente de ERC cuestiona en público a Carles Puigdemont. Lo dice la propia secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, desde su también exilio en Suiza: "El president Puigdemont no es un debate. Tiene todo nuestro reconocimiento y apoyo como presidente represaliado. Hay que ponerse de acuerdo sobre qué tiene ganas de hacer y aportar". Pero añade que "hay que ponerse de acuerdo con máxima generosidad para construir un liderazgo compartido". En privado los negociadores de Esquerra sí reconocen que "el papel de Puigdemont encalla las negociaciones y habrá que encontrar un encaje". Porque "liderazgo" y "compartido" no parecen dos palabras compatibles en el diccionario de Puigdemont, que des de sectores independentistas como la CUP le reprochan "una actitud demasiadas veces mesiánica". "El independentismo es plural como el conjunto de la sociedad catalana", reivindican estas mismas voces cupaires.

La pugna por supeditar el Govern a Waterloo

Por su parte, los republicanos aceptan que Puigdemont juegue un papel relevante en la proyección internacional de la "causa catalana", es decir de las demandas del independentismo y de denuncia de la persecución judicial por parte del Estado español. Pero, eso sí, sin inmiscuirse en el Govern más allá de la prerrogativa que le da ser el presidente de un partido como Junts que tiene 32 escaños en el Parlament y es decisivo para la investidura.

Mientras, desde Junts se considera que el nuevo Govern debe supeditarse a la estrategia independentista fijada desde el Consell per la República, evidentemente bajo dirección de Carles Puigdemont. La justificación que dan los juntistas es que la Generalitat es una "institución autonómica maniatada, amordazada y amedrentada por el cerco, amenazas y acoso del Estado español y la judicialización del conflicto". Con lo cual las decisiones sobre la hoja de ruta independentista, en que el Govern debe ser una pieza más, deben tomarse en un órgano "libre" gracias a residir en el exterior. Pero desde ERC hacen una defensa cerrada de que las decisiones solo se pueden tomar desde las instituciones que "emanan de la soberanía popular y por tanto de las urnas" como son el Govern de la Generalitat y el Parlament.

Con todo, los republicanos sí están de acuerdo que todas las fuerzas y entidades independentistas estén representadas en algún tipo de organismo o "mesa" donde discutir una "hoja de ruta conjunta de unidad estratégica" que consideran imprescindible para trabajar por "el ejercicio de la autodeterminación, forzar la amnistía y avanzar hacia la República Catalana". Lo que no ven con buenos ojos es que sea el actual Consell per la República que consideran totalmente copado por miembros afines a Junts. Entre ellos multitud de pequeños partidos minoritarios satelizados por Puigdemont. El Consell per la República es una entidad privada, que dispone de 92.668 socios –según el Consell–. Unos socios que realizan donativos de un mínimo de 10 euros. La entidad fue creada por Puigdemont a su imagen y semejanza con el objetivo de proyectar su liderazgo en el movimiento independentista catalán y la justificación de escapar del "control y persecución del Estado español". Pero es un ente en que la CUP no participa –solo alguna de sus corrientes internas– y ERC lo ha hecho con un perfil bajo. Su actividad más relevante conocida hasta ahora fue el acto que hace poco más de un año organizó en Perpinyà, la capital de la Catalunya Nord, en territorio francés, diseñado como un verdadero baño de masas para Puigdemont después de acceder al acta de eurodiputado. Un acto que generó polémica por partidista a las puertas de las elecciones anunciadas por el president Torra que pocos días después quedarían desestimadas por la irrupción de la pandemia.

Dos estrategias de fondo: exilio versus prisión

En el fondo, esta es una pugna en el sino del independentismo catalán que nace desde el primer día del gran big bang que supone la activación de la maquinaria judicial del Estado durante el octubre del 2017 para frustrar la Declaración de Independencia en el Parlament. Nace el 30 de octubre de 2017, tres días después, cuando una parte de los miembros del Govern reunidos por precaución –después de la proclamación de la independencia en el Parlament el día 27 de octubre– en una masía de la Catalunya Nord, en territorio francés, deciden trasladarse a Bélgica siguiendo los pasos de Carles Puigdemont, que apareció en Bruselas ese día a pesar de haber dado la orden durante aquel fin de semana que el lunes siguiente todos los consellers y conselleres tenían que hacer frente a sus responsabilidades en Barcelona.

Mientras otra parte del Govern decide quedarse en Catalunya asumiendo el riesgo de largos años de prisión –como así ha sido– encabezados por Oriol Junqueras. Y si bien es cierto que tanto Junts como ERC tienen altos dirigentes tanto en el exilio como en la cárcel, no cabe duda que con Puigdemont viviendo en la llamada "Casa de la República" –una mansión en el municipio belga de Waterloo– y Junqueras encarcelado en Lledoners –una prisión de la comarca catalana del Bages– las estrategias han pivotado desde el exterior en el caso de Junts y desde Catalunya en el caso de ERC.

Estas son dos estrategias que aunque públicamente se defienden complementarias desde el independentismo se han visto en más de una ocasión divergentes, cuando no confrontadas. Así mismo lo exponía el propio Carles Puigdemont en un hilo de Twitter pocas horas antes de la investidura de Pere Aragonès, aprovechando el tercer aniversario de la detención del expresident en Alemania: "No hemos desaprovechado las oportunidades ni nos hemos rendido nunca ante la ofensiva del Estado. Nos habéis visto plantar cara y tener iniciativa. Me doy cuenta que esto ha hecho rabiar al Estado y que a la vez ha incomodado a algunos sectores del independentismo, que cada vez lo disimulan menos". Puigdemont plantea en este manifiesto tuitero que de ser extraditado obtendría una condena segura y reprocha a "ciertos sectores del independentismo", que se "lamentan de que no estemos encarcelados y banalizan lo que es hacer política desde el exilio; quienes ayudan a hacer creíble el relato que somos unos fugados que viven despreocupados, cómodamente e insolidarios con el sufrimiento de nuestros compañeros injustamente condenados ...". Unas veladas insinuaciones contra ERC que fueron respondidas displicentemente por su líder en el Congreso Gabriel Rufián: "Todo el respeto para todos los tuiteros del mundo", dijo, encendiendo las iras de Junts que lo consideran una "falta de respeto hacia el president legítimo".

El president legítimo y el mandato del 1-O

Desde Junts se reivindica la figura de Puigdemont como líder indiscutible del independentismo, ergo de Catalunya si tenemos en cuenta que es electoralmente mayoritario. El problema ha surgido en el momento en que el 14 de febrero por primera vez ERC supera en las urnas al partido de Puigdemont. Pero en Junts basan "la legitimidad" del liderazgo de Puigdemont –que en el espacio postconvergente es indiscutible, como demuestra el batacazo histórico del PDeCAT después de enfrentarse a él– "en el mandato que emana del 1-O", en referencia al referéndum del 1 de Octubre de 2017 que proclamaba la independencia con una participación de 43% del censo, en medio de la brutal actuación de la policía española. Un "mandato" que consideran "vigente". También en el hecho de que Puigdemont no acabó su presidencia de forma democrática sino cesado por el Gobierno español presidido por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución. En la fuerte proyección internacional de su figura, y en que atribuyen a Puigdemont las "mayores victorias del independentismo" por las resoluciones favorables al expresident de la Justicia de países europeos como Alemania o Bélgica frente a las demandas de la Justicia española. Un frente judicial reactivado ahora con el suplicatorio aprobado en el Parlamento Europeo contra Puigdemont y los otros dos europarlamentarios encausados, Toni Comín y Clara Ponsatí. Y que desde Junts creen poder volver a ganar con el rechazo a la extradición por parte de la Justicia belga. Pero habrá que estar muy pendientes de cómo evoluciona esta cuestión que se prevé, con todo, de largo recorrido mientras continúan ejerciendo en el Europarlamento.

Todas las fuentes de la dirección de Junts consultadas aseguran que Pere Aragonès será finalmente investido y rechazan una repetición electoral que les podría pasar factura. "En días o semanas habrá acuerdo" asegura el secretario general de Junts encarcelado en Lledoners, Jordi Sánchez. Pero habrá que esperar hasta dónde decide forzar el pulso Puigdemont, que es quién da las órdenes desde Waterloo. Un miembro destacado de la delegación de ERC asegura que los republicanos se sienten "muy tranquilos". "Nosotros estamos dispuestos a negociar hasta la extenuación y las diferencias no son tantas. Quien tiene que explicar por qué no está dispuesto a la investidura de un president independentista que ha ganado en las urnas es Junts", aseguran. Y algunos dirigentes de ERC añaden que todo estriba en que Junts "acepte la realidad de las urnas, que han perdido" y seguramente en que Puigdemont, aunque figura importante, continúe ejerciendo un liderazgo, pero no tanto. Un liderazgo ejercido básicamente en su partido y no en el conjunto de Catalunya, donde desde 2017 ha habido ya dos elecciones y se suceden nuevos presidents. El último, el 132, en ciernes con Pere Aragonès como candidato. Habrá que esperar a saber si culmina, con permiso de Puigdemont. O quizás sin él después de una posible repetición electoral, si desde Waterloo se decide quemar las naves y bloquear la investidura hasta el final.