Entre la espada y la pared. En esa encrucijada se encuentra el PP cuando falta menos de una semana para la constitución del Parlament de Catalunya. Por un lado, si el president cesado, Carles Puigdemont, vuelve para presentarse a la investidura y es encarcelado, la figura de "mártir" alentaría aun más a los independentistas. Por otro, si la situación se vuelve irresoluble y se repiten las elecciones, los conservadores se arriesgan a perder aún más apoyos y quedar reducidos a la nada en dicha Comunidad.

En ese contexto, a Mariano Rajoy sólo le queda una opción: intentar ganar tiempo. El único escenario deseable para el Gobierno central sería el de que las cosas se queden como están ahora mismo. Es decir, con la posibilidad de que, aunque la suma de Junts per Catalunya, ERC y la CUP sume mayoría absoluta, la imposibilidad de varios de sus diputados de acudir a la Cámara para votar -bien por estar en Bruselas, bien por estar encarcelados y no obtengan permiso del juez- les termine dejando en minoría en favor de la suma de "constitucionalistas" (Ciudadanos, PSOE y PP). 

Sin embargo, ante el anuncio de las presuntas intenciones de Puigdemont de intentar una investidura virtual a través de videoconferencia o delegando la presentación de su programa en otro diputado de su formación, el Ejecutivo central ha reaccionado advirtiendo de su recurso ante el Tribunal Constitucional apelando a varios artículos del Reglamento del Parlament y el Estatut de Catalunya que, en su opinión, no permiten la vía telemática. "El Reglamento es muy claro,no es interpretable: hay que estar presente para presentar un programa de Gobierno", reforzó la idea el portavoz parlamentario del PP. Rafael Hernando calificó de "broma" la propuesta del líder de Junts per Catalunya y, fiel a su estilo chulesco, llegó a comparar al president con Iker Jiménez y su programa Cuarto Milenio.

También el número tres de la formación, Fernando Martínez-Maillo, calificó de "surrealista" dicha opción. "La esencia del parlamentarismo es la presencia, el diálogo, ganarse la confianza a través del discurso de investidura. Lo demás es reírse del conjunto de Ciudadanos: nombrar presidente a una persona fugada sería una responsabilidad", sentenció. Y ya el lunes dejó entrever las intenciones que el Ejecutivo central filtró ayer: "Si se pretende modificar el Reglamento para contentar al sector independentista se estará cometiendo una nueva ilegalidad. El PP estará muy atento y recurriremos al Tribunal Constitucional y a donde sea necesario este incumplimiento", advirtió, convencido de que PSOE y Cs volverían a ponerse de su parte llegado el momento y descartando, esta vez, la aplicación del 155 -que actualmente no interviene el Parlament- para frenar la situación.

En cualquier caso, un recurso ante el TC podría paralizar en parte la actividad parlamentaria y el PP, como pretende, ganaría tiempo. Mientras tanto, los conservadores se han centrado en su nueva estrategia: arremeter contra Ciudadanos. Primero porque su objetivo es lograr tener grupo parlamentario propio, por lo que piden -sin hacerlo expresamente- a sus socios en Madrid que les ceda al quinto diputado necesario para alcanzarlo.

En este sentido, tienen un plan B que consiste en pedírselo al PSC. Aun así, consideran que lo más lógico sería que sea Cs quien les devuelva la "generosidad" que ellos tuvieron en el Congreso al cederles la Vicepresidencia de la Mesa -que ocupa Ignacio Prendes- e, incluso, les ofrezcan un puesto en el mismo órgano de la Cámara autonómica. "A ellos también debería interesarles que hay un grupo constitucionalista más, pero Cs sólo está preocupado por colocarse a sí mismo", critica un alto cargo del PP que reprueba también la falta de "estrategia y liderazgo" de Inés Arrimadas a la hora de negociar estas cuestiones.

Por otro lado, los conservadores no quieren ni pensar en unas segundas elecciones ("Sería un desastre para los catalanes y el conjunto de españoles", sentenció Maillo), pero, en realidad, ya se preparan para ellas. Todo el PP se ha vuelto en contra de los naranjas, precisamente, no sólo como fórmula para frenar un posible efecto carambola de Catalunya al resto de España que les haga seguir creciendo, sino también para contrarrestar la campaña del "voto útil". "Los constitucionalistas deberían ayudarse entre sí, apoyarse, y no intentar destruir al segundo y luego hacerse la víctima porque les pedimos que se muevan para intentar formar gobierno", se quejó Hernando.

Por lo demás, en Génova se niegan a opinar sobre "futuribles" y, en un alarde de optimismo, se muestran convencidos de que "ya hay un nuevo escenario en Catalunya". "Puigdemont está muerto y el independentismo tocado", sentencia otra de las fuentes consultadas aludiendo a las últimas dimisiones y renuncias en las filas tanto de ERC como del PDeCAT.  "Puigdemont es un zombi y el procès está muerto. Quienes lo intenten ya han visto clarísimo su futuro: el de Homs y Mas", resumió Hernando en relación a la inhabilitación de ambos políticos. 

Las palabras de Hernando son un reflejo de los verdaderos deseos del Gobierno central: no verse obligado a recurrir al TC ninguna actuación del nuevo Parlament y, bien que los independentistas se queden en minoría, bien que se pongan de acuerdo para elegir uno de sus diputados no pendientes de procesos judiciales -y con un perfil más bajo que los líderes de sus formaciones- como nuevo president. "Puigdemont no debería presentarse, sino dimitir", le pidió el portavoz conservador.

"Queremos un Govern que cumpla la ley y permita la estabilidad, el retorno de empresas y la creación de empleo", sentenció también Maillo. "Claro que hay alternativa. Hay posibilidades. Y mientras las haya, hay que intentar agotarlas", valoró. En cualquier caso, sus escenarios deseables no pasan por sus propias manos. El PP está en una encrucijada y, tal y como anunció un inmovilista Rajoy tras el 21-D, de momento, sólo le queda "esperar".