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Intérpretes homologados y la revisión 'extra' del legislador: el Congreso estudia cómo asegurar traducciones 100% fiables

La Mesa de la Cámara Baja y los distintos actores implicados estudiarán la fórmula perfecta para certificar las traducciones, aunque dispone de seis meses para ello.

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Detalle de una de las taquígrafas de la Cámara sosteniendo los auriculares para escuchar la traducción de las intervenciones en lenguas cooficiales. Marcos Villaoslada / Europa Press

Se forzaron máquinas para que, ya en las sesiones plenarias de esta semana, se pudieran hablar las lenguas cooficiales en el Congreso. Se logró. El debate parlamentario contó con interpretación a tiempo real y los diputados pudieron disponer de las garantías necesarias para seguirlo. Sin embargo, no todo el trabajo está hecho. Ni mucho menos. Otro de los pilares que sostendrán la conversión de la Cámara Baja en una institución plurilingüe es asegurar que los escritos que emanen de ella aseguren al 100% la fiabilidad de las traducciones.

Esto es: que en ningún caso se pierdan matices en las traducciones que se lleven a cabo durante el proceso de elaboración de los textos legislativos. Según ha podido saber Público, es algo que tiene muy presente el sector progresista de la Mesa del Congreso, cuyos partidos —PSOE y Sumar—, junto con Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV y BNG son los promotores de la propuesta de Reforma del Reglamento para incluir las lenguas cooficiales en la Cámara. 

Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara apuntan que la primera garantía para blindar la fiabilidad son, sin ir más lejos, los traductores e intérpretes homologados (tanto para las intervenciones orales como para los escritos), con los que ya se ha contado en el Pleno de la semana del 18 al 22 de septiembre. Además, tal y como informó la Agencia Efe y ha corroborado este medio, la Cámara también dispondrá de un servicio de transcripción en castellano de las intervenciones que se hagan en alguna de las lenguas cooficiales.

Pero, además, el entorno de presidencia de la Cámara y fuentes de la Mesa del Congreso han confirmado a Público que se contempla la posibilidad de que los propios grupos que aporten textos en catalán, euskera y gallego tengan la posibilidad de revisar los mismos durante el proceso legislativo, con tal de aportar un seguro más.

En cualquier caso, este último procedimiento se encuentra, todavía, en el terreno de lo "informal". Desde la Mesa aseguran que es algo que aún no se ha llevado de forma oficial al orden del día del órgano, pero que ese debate "tiene que existir". "Son cosas que deberán ponerse por escrito", apuntan las fuentes consultadas.

Seis meses para asentar los procesos

No hay ninguna duda de que se tienen que establecer procedimientos para estandarizar las traducciones fiables hasta el más mínimo detalle. Lo que se irá debatiendo en las próximas semanas y meses es cuáles son las fórmulas que se terminan eligiendo. En cualquier caso, las fuentes consultadas son cautas y recuerdan que disponen de seis meses para determinar cuál es ese método final.

La propia propuesta de reforma del Reglamento ya incorpora ese tiempo prudencial en una disposición transitoria que, en lo relativo a la presentación de documentos y escritos, dice que "se establece un periodo de transición para adaptar los servicios de la Cámara, que en ningún caso podrá superar los seis meses". Hasta ese momento, los grupos que quieran presentar escritos en alguna lengua cooficial tendrán que adjuntar una versión en castellano.

En cualquier caso, está por ver cómo se adapta todo ello al nuevo marco que propuso el Partido Nacionalista Vasco en forma de enmienda, que prevé que las iniciativas legislativas, una vez se hayan aprobado de forma definitiva, se publiquen en la publicación oficial de la Cámara en catalán, castellano y euskera, dándoles validez jurídica. La modificación que propuso el PNV recibió el respaldo del hemiciclo.

Pantallas habilitadas a principios de año

El Partido Popular sembró algunas dudas también en lo referente al dinero invertido tanto en personal de traducción e interpretación como en los dispositivos auditivos. En total, la Agencia Efecifró en 279.849 euros la inversión máxima que, según el Congreso, podría tener que realizar la Cámara. Alcanzar o no ese tope dependerá de la cantidad de profesionales de la traducción y la interpretación que se precisen. Por ejemplo, para las sesiones de esta semana, se precisaron seis. 

En cuanto al material, 46.000 euros se destinarán al alquiler de aparatos de transmisión, necesarios para poder seguir a tiempo real la traducción, y 7.671,79 euros, a la compra de 200 pinganillos, que, sumados a los 250 que —como ya contó Público— ya adquirió la Cámara cuando Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, visitó el Congreso, suman 450. Pero ¿por qué unos son comprados y otros alquilados?

Desde el sector progresista de la Mesa explican que se prevé que las nuevas pantallas para los escaños que adquirirá en enero, como ya estaba previsto, el Congreso podrán cumplir la función de dichos transmisores, con lo que no hace falta comprarlos ahora, y que los auriculares "son compatibles" con los que precisarán las pantallas.

En cuanto a los contratos "menores" con los que se costearán los servicios de traductores e intérpretes hasta final de año (cuando termina el periodo de adaptación de la Cámara) también ha planteado dudas el PP, aunque, por el momento, no ha elevado la cuestión a ninguna instancia superior. Fuentes socialistas señalan que los letrados de la Cámara no plantearon ningún inconveniente.

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