Los presos condenados por delitos relacionados con la corrupción tendrán una posibilidad de "reeducarse" y "reintegrarse". La tarea estará a cargo de 40 psicólogos que han sido formados por el Ministerio del Interior y que se encargarán de las sesiones que se impartirán en distintas prisiones del país. La participación será voluntaria, por lo que aún no se sabe cuántos de los más de 2.000 presos por ese tipo de delitos en España estarán dispuestos a tomar parte en este programa. 

Según consta en una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el denominado Programa de Intervención en Delitos Económicos (PIDECO) "trata de volver a educar en aquellos factores personales (valores, creencias, actitudes y conductas) y situacionales que concurrieron en la secuencia de la comisión del delito y enfocar su vida en libertad con una actitud y conducta prosocial (reintegración social)".

"El incremento de la delincuencia económica en los últimos años
ha merecido una especial atención por parte del Ministerio del Interior", destaca el Gobierno en el documento remitido al representante de la coalición vasca. En tal sentido, sostiene que se ha considerado necesario "abordar este comportamiento ilícito a través de una intervención ajustada a los
factores criminógenos que han podido conducir hacia dicha actividad".

Los destinatarios de este programa serán aquellos internos condenados por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico –"excluyendo
los delitos relativos a los de hurtos, robos, extorsiones, etc., por ser objeto de
otros programas de tratamiento", destaca Interior–, así como "delitos contra la hacienda pública y la seguridad social", "delitos contra los derechos de los trabajadores" , "delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros" o también "contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del
patrimonio y el medio ambiente".

En esas distintas categorías delictivas se encuentran casos de presos muy sonados en España, como el extesorero del PP José Luis Bárcenas, el exmiembro de la Familia Real Iñaki Urdangarin –ahora en tercer grado– o Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego. 

En su respuesta a Iñarritu, Interior indica que "se ha formado 40 psicólogos de 31 centros penitenciarios y nueve centros de inserción social". Estos expertos tendrán a su cargo la implementación de este programa, que arrancará previsiblemente en las próximas semanas. El primer paso será darlo a conocer en cada centro penitenciario donde existen presos por este tipo de delitos, tras lo cual serán los propios internos afectados quienes podrán elegir si desean o no participar. 

Fuentes de Instituciones Penitenciarias remarcaron que este programa no dará lugar a beneficios penitenciarios, aunque sí podrá repercutir en las valoraciones individuales que realicen las Juntas de Tratamiento a la hora de analizar la situación de cada preso. 

Unidades terapéuticas

En el documento remitido al diputado de EH Bildu, Interior destaca que el programa dirigido a reclusos corruptos "se estructura en unidades terapéuticas diferenciadas". "Cada una de ellas contempla sus propios objetivos, técnicas y actividades propuestas para alcanzarlos".

"En su conjunto su realización abarca unas 32 sesiones, a las que hay que añadir las necesarias para llevar a cabo la Unidad de Justicia Restaurativa. Considerando una periodicidad de una sesión por semana, la duración del programa puede oscilar entre los diez u once meses", añade Interior.