MADRID.- Dejar sin ocupación a un alto funcionario durante 18 meses no es acoso si éste se lleva tan bien con sus compañeros y su jefe que hasta se va a tomar café con ellos. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Ministerio del Interior en la investigación abierta por el caso de Jaime Nicolás Muñiz, que denunció a sus superiores por mobbing y al que la Audiencia Nacional le ha dado la razón, a pesar de no haber sentenciado a su favor. 

Tras la batalla judicial, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz —uno de los principales acusados por el denunciante— pretende ahora archivar el asunto interno al estimar que el trabajador no ha sufrido acoso. Para ello, esgrime que el afectado—funcionario desde hace 40 años y que lleva en el escalafón más alto de su condición laboral (ostenta el nivel 30) más de 25— no parecía tener "ansiedad, depresión o  estrés" a pesar de que entre principios de 2012 y mediados de 2013 solamente se había encomendado "un trabajo", reconoce el Ministerio en el Informe de valoración inicial sobre la denuncia de acoso realizada por D. Jaime Nicolás Muñiz en su puesto de trabajo de vocal asesor en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

"La instrucción ha constatado en la presente investigación que efectivamente solamente se le ha encomendado un trabajo específico al Sr. Nicolás, pero también ha podido comprobar que él conocía los temas que se llevaban en la Gerencia, de los que podía opinar y asesorar con absoluta libertad, aunque fuera en un lugar tan singular como una cafetería", sentencian los inspectores en el citado documento. 

Nicolás Muñiz: "¿De verdad creen [los inspectores] que se despachaba en la cafetería, que allí se sacaban los expedientes en medio de los cafés, las totas, las porras...?"

Es más, los encargados de la investigación añaden, para justificar su conclusión, que debatir temas de trabajo en el bar era parte de "el estilo muy personal de dirección del Sr. [Rafael] Ferrera", en aquel entonces secretario general de la GIESE, con quien también tomaba café.

Para Nicolás Muñiz, que este lunes ha presentado sus alegaciones al informe, estas justificaciones carecen totalmente de imparcialidad. "¿De verdad creen [los inspectores] que se despachaba en la cafetería, que allí se sacaban expedientes en medio de los cafés, las tostas, las porras, los chocolates y los picatostes?", se pregunta, en su respuesta al informe del Ministerio.

Y se lamenta: "¡Lo que nunca podía yo imaginar es que mi buena disposición, mi deseo de no hacer las cosas más difíciles en la Gerencia, guardar un respetuoso silencio sobre las causas de la situación y no implicar a mis compañeros pudiera un día volverse contra mí como prueba clamorosa de que no había estado sufriendo acoso!"

Y es que sus compañeros de la GIESE que fueron interrogados en el transcurso de la investigación interna declararon que la relación entre Nicolás Muñiz y Ferrera era "normal y correcta", aunque
negaron conocer la situación en la que se encontraba el denunciante, así como sus sentimientos al respecto. Tampoco supieron definir cuáles eran las funciones a desempeñar por Jaime Nicolás como vocal asesor del citado departamento dependiente del Ministerio del Interior. 

El ministro de Interior y los sucesivos secretarios de Estado de Seguridad no llegaron a declarar a pesar de que la denuncia se dirigía a ellos directamente

Quienes no llegaron a declarar, a pesar de la petición del propio Nicolás Muñiz, fueron los secretarios de Estado de Seguridad [Ignacio Ulloa, antes; Francisco Martínez, ahora] ni mucho menos el ministro Fernández Díaz, a quienes el denunciante acusaba directamente de haber dado órdenes a sus superiores inmediatos para que no le ordenaran ninguna actividad. "No hay ningún sujeto al que pueda imputarse conductas objeto de responsabilidad, al menos, disciplinarias en materia de acoso laboral", concluye la actual propuesta de resolución. Y todo porque el máximo representante del GIESE, Rafael Ferrera en aquel entonces, negó haber recibido dichas instrucciones. 

"Aun en el hipotético supuesto de que hubiera algún tipo de responsabilidad, siempre se quedarían en un ámbito por debajo del ministro y el secretario de Estado de Seguridad, puesto que el máximo responsable del GIESE niega que tales instrucciones hayan existido", reza el informe, que resume, también que "no se han producido conductas en relación con el Sr. Nicolás que puedan calificarse de acoso laboral en los términos definidos por el Protocolo de Acoso Laboral, la jurisprudencia y la doctrina".

De hecho, los inspectores citan las sentencias judiciales que la Audiencia Nacional ha dictaminado con relación a este caso. Pero, según denuncia el propio Nicolás Muñiz en sus alegaciones, las usan según su "conveniencia". Es decir, recogen la parte en la que el tribunal estima que no puede haber acoso si no hay "violencia" física o psicológica, pero olvidan mencionar el bossing (acoso de superiores a un trabajador) reconocido en una segunda resolución.

Los instructores del caso creen que no es justificable haber mantenido a "un empleado sin ocupación" pero presentan la situación como normal en el caso de una reincorporación a un cargo

Ninguna responsabilidad

Al final, el informe no establece "responsabilidad disciplinaria" de ningún cargo. Ni disciplinaria por acoso, ni de ningún otro tipo porque los inspectores justifican, incluso, la no atribución de funciones al funcionario como algo habitual que suele ocurrir cuando un empleado público se va por algún motivo y luego solicita su reincorporación a su cargo. 

En el caso de Jaime Nicolás dicha situación se debió a que fue director de gabinete del expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente hasta que fue destituido con el nuevo Gobierno del PP. En enero de 2012 pidió su vuelta al Ministerio, como le correspondía por derecho, pero hasta julio de 2013 tuvo un cargo, pero no una función: acudía cada día a su despacho a cumplir con sus horas de jornada laboral, pero nada más.

El propio Gobierno de Mariano Rajoy justificó en respuesta a una pregunta parlamentaria, con la ley en la mano (la obligación de readmitirle en su puesto), el haber mantenido —con el coste y el "despilfarro" que ello supone, como lo calificó una jueza de la Audiencia Nacional— a un alto funcionario pagándole un sueldo sin darle trabajo. Ahora los inspectores del caso esgrimen esa misma argumentación para terminar justificando que la situación de descontrol en cuanto se produce la reincorporación del trabajador es normal.

"Una de las consecuencias de este sistema" (el que establece que se debe crear un cargo, si es necesario, para reintegrar a un alto funcionario que ya ha sido sustituido en su cargo anterior a su marcha)  son los "problemas de relación con las funciones a desarrollar que en la mayoría de los supuestos el tiempo acaba solucionando", aseguran. En este caso, la solución llegó 18 meses y dos sentencias judiciales después, así como con el cambio del secretario general del GIESE. 

"Lo anterior no puede justificar en ningún caso que se tenga a un empleado sin ocupación, pero esta instrucción no puede tampoco dejar de valorar la discrecionalidad y dificultad a la hora de repartir funciones y tareas en puestos normalizados como el del vocal asesor, que depende de muchas circunstancias", se excusan los investigadores.

Los inspectores valoran ahora las "magníficas capacidades profesionales" de Jaime Nicolás

No obstante, los secretarios generales interrogados se esforzaron por destacar su "apreciación magnífica de las capacidades profesionales del Sr. Nicolás".  Además, el informe recoge el "acierto" de haber creado ese puesto en el GIESE y habérselo ofrecido al denunciante, quien ahora, ya "integrado", realiza proyectos "difícilmente abordables si no estuviese allí destinado, gracias a su indiscutible formación y experiencia".  El párrafo, lejos de ser recibido por Jaime Nicolás como un halago, fue definido, en sus alegaciones, como una "hiriente burla". 

En resumen, el afectado lamenta en sus alegaciones que las declaraciones de sus compañeros se deban a las "preguntas torticeras" realizadas por los investigadores, que no se haya llamado a declarar a los principales denunciados (el ministro Fernández Díaz y los secretarios de Estado de Seguridad), que se hayan utilizado "a conveniencia" las sentencias de la Audiencia Nacional y que, además, se "burlen" de su denuncia.

Por todo ello, Jaime Nicolás ha solicitado al Ministerio la recusación de los dos inspectores encargados del caso, así como del subsecretario del Ministerio, "de quien depende directamente el servicio de inspección al que se ha confiado la instrucción de la denuncia". Ahora sólo le queda esperar para comprobar si sus reclamaciones son, al fin, escuchadas, o ver cómo el departamento da carpetazo final a su caso.