Es una carrera contrarreloj. Cada año, una media de nueve policías nacionales decide acabar con su vida. ¿Qué lleva a estos funcionarios a tomar una decisión así? ¿De qué manera pueden sus superiores tratar de frenarlo? Y sobre todo, ¿hay formas de detectarlo antes de que sea demasiado tarde? En torno a esas preguntas trabaja la Dirección General de la Policía (DGP), que ha elaborado un protocolo a modo de borrador. El tiempo apremia.

El "Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta Suicida en la Dirección General de la Policía” lleva la fecha del pasado 17 de septiembre y consta de 12 páginas. En ese documento al que ha tenido acceso Público, la DGP recoge una serie de medidas generales que permitan “evitar que aparezca el problema o patología mediante el uso de técnicas que buscan la reducción o eliminación de los factores de riesgo”.

De esa manera, se buscará “sensibilizar sobre la relevación de la salud mental a los empleados públicos” mediante campañas informativas, incluso mediante una página web enfocada a la “difusión de materiales sobre la prevención de la conducta suicida”. Según datos de la División de Personal de la Policía Nacional recogidos por el digital policial H50, entre 2000 y 2018 se suicidaron 188 agentes. Se establece además que “el 86% de los suicidios en la Policía se produjo por uso de una pistola, muy lejos de la segunda causa, el ahorcamiento, con un nueve por ciento”.

El borrador de protocolo de la DGP apunta precisamente que “en el caso de aquellos policías “que presenten patologías de índole psíquico, hayan protagonizado una tentativa de suicidio o mostrado indicios de voluntad autolítica”, se efectúe una “propuesta cautelar de retirada de armas de fuego, oficiales y particulares”, además de “procurar una adecuada valoración de la capacidad laboral”.

En esos casos de “conducta suicida intentada o consumada”, se recopilará “la máxima información sobre las circunstancias personales que atravesaba en ese momento, relacionadas con el entorno laboral y extralaboral, que pudieron precipitar el fatal desenlace mediante la autopsia psicológica”.

El documento también identifica los pasos a dar para la “detección del daño psicológico en sus fases iniciales o estadios precoces o prepatológicos”. El objetivo en esos casos será la “adopción de medidas adecuadas” que permitan “frenar o impedir su progresión”. Entre esos supuestos figura la “implantación de recursos de apoyo y asistencia psicológica en la zona de operaciones a los agentes intervinientes en situaciones de emergencia y catástrofe”.

También se maneja intervenir en los casos de policías “que han tenido que hacer uso de su arma reglamentaria”, así como en aquellos “que han resultado heridos de gravedad o lo han sido sus compañeros”.

Además, se establece la necesidad de “proporcionar recursos de apoyo y consejo psicológico a agentes destinados en especialidades como violencia de género, pornografía infantil, menores, autopsia e identificación de cadáveres, expatriados que regresan de lugares conflictivos, etc”.

Cuestionarios a aspirantes

Del mismo modo, el borrador de protocolo plantea además una serie de medidas generales que permitan “evitar que aparezca el problema o patología mediante el uso de técnicas que buscan la reducción o eliminación de los factores de riesgo”. 

Entre otros aspectos, incide en “procurar la consecución de un adecuado ambiente de trabajo”, lo que incluye “mejorar en lo posible la eficacia del Protocolo frente al acoso laboral en la DGP” o “desmitificar que una baja pueda perjudicar la carrera profesional”.

En esa línea, el plan buscará “implantar mecanismos de detección de factores de alteraciones de índole psíquica a lo largo de todo el procedimiento de selección de aspirantes a ingresar en la Policía Nacional”. Para ello, se plantea “incorporar a las baterías de cuestionarios y a las entrevistas ítems y preguntas con capacidad predictora de conductas suicidas o anomalías psíquicas”.

Para llevar a cabo este plan, la DGP propone que las distintas actuaciones serán llevadas a cabo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, “principalmente a través del Equipo de Intervención Psicosocial, que estará integrado en dicho servicio”. El equipo estará compuesto por psicólogos de la Policía Nacional.

“Buenas voluntades”

Tras recibir el plan, los sindicatos representativos analizan este documento para valorar la posibilidad de presentar alegaciones. En tal sentido, el responsable de Riesgos Laborales del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Prieto, confirmó a Público que presentará un escrito “a la mayor brevedad posible”. “Cogemos este plan con mucha satisfacción, porque se demuestra que hay una clara voluntad por parte de la dirección de querer solucionar este tema”, afirmó.

No obstante, aclaró que este plan general “no deja de ser una declaración de buenas voluntades”, por lo que remarcó que deberá fijarse “cómo se materializa en acciones concretas”. “No vamos a consentir un papel vacío de contenido”, subrayó. Entre otros aspectos, el SUP reivindica que “exista una vigilancia de las condiciones psicofísicas de los agentes para portar un arma”.