Las distancias se acortan y, al mismo tiempo, los cambios se aceleran. A día de hoy, el 41% de los presos de ETA se encuentra en prisiones situadas a distancias que oscilan entre los 200 y los 400 kilómetros del País Vasco, unos movimientos que se acentuaron en los últimos meses entre las duras acusaciones lanzadas por PP, Vox y Ciudadanos contra el Gobierno. Del mismo modo, el 13% de los internos cumple condena en el País Vasco y Navarra. 

Estos datos forman parte del último informe elaborado por el "Observatorio de la política aplicada a personas vascas presas por delitos de motivación política" que impulsa el Foro Social, una organización de carácter plural que trabaja para favorecer los acuerdos y la convivencia tras el final de ETA. Entre sus integrantes están los sindicatos ELA, CCOO y LAB,  así como la ONG de ámbito estatal Paz con Dignidad, la fundación Baketik o comunidades de base de la Iglesia de Pamplona.

En dicho documento, que se presenta este jueves en Bilbao, el Foro pone de relieve "los consensos logrados en los últimos años" a nivel institucional, político y sindical en torno a la necesidad de un cambio claro en la política penitenciaria tras la disolución de ETA. "Prácticamente nadie discute ya que cumplir condena cerca de su domicilio facilita a la persona presa su arraigo social y familiar para un exitoso itinerario individual de reintegración", señala el Observatorio.

Según datos actualizados el pasado día 29, hay 165 presos del denominado EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos, por sus siglas en euskera) en cárceles del Estado, mientras que otros 25 están en prisiones del País Vasco y Navarra. También se contabilizan 28 en Francia. El estudio añade además que desde julio de 2018 –con Pedro Sánchez ya al frente de La Moncloa– se han producido 109 "traslados de presos", mientras que a 29 de enero estaban pendientes otros "19 traslados ya anunciados". 

En ese contexto, el documento destaca que "la inmensa mayoría" de los presos agrupados en el EPPK "han aportado motu proprio escritos desde su trayectoria vital y su vivencia personal, en los que hacen un reconocimiento expreso del daño causado, un reconocimiento del dolor de las víctimas y/o muestra de empatía hacia el sufrimiento de las mismas; así como expresan su compromiso exclusivo por las vías pacíficas y democráticas como medios de acción política de futuro y una voluntad o compromiso de recorrer la vía penitenciaria".

El informe señala que "algunas de estas personas, que han accedido finalmente a destinos de trabajo remunerado están haciendo frente al abono de la responsabilidad civil y, otras, en la medida que son insolventes, han mostrado su disposición a hacerlo, aún de modo simbólico".

Esta semana, la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel restó trascendencia a esos reconocimientos del daño causado. En un auto judicial en el que se revoca la redención extraordinaria de 45 días que se había aprobado para el preso de ETA Sebastián Etxaniz, la magistrada sostiene que las cartas individuales formuladas por los internos "no son equiparables a la petición de expresa e individualizada de perdón a las víctimas concretas, ni con la reparación efectiva del daño, ni con el categórico rechazo de los postulados terroristas".

En el documento que se publica este jueves, el Observatorio apunta que esos "escritos individualizados de reconocimiento del daño causado y de reflexión personal" son presentados "a las direcciones de las cárceles donde se encuentran, a la Dirección General de IIPP o al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional", por lo que fuentes del Foro Social consideran que, debido a ese carácter personal de cada documento, "llama poderosamente la atención" que Espejel haya podido "generalizar".

"Contribución a la convivencia"

De hecho, el análisis sobre la situación penitenciaria destaca que "entre las condiciones para el pase de primer a segundo grado no se exige la necesidad de aportar un escrito de esa naturaleza", por lo que el hecho de que "estas personas que fueron militantes o fueron condenadas en relación a la actividad de ETA den el paso de redactarlo supone, en opinión del Foro Social Permanente, una importante contribución a la convivencia democrática".

"Son reflexiones que se hacen en un contexto en el que la sociedad vasca está dando pasos decididos para sentar las bases necesarias de un marco de convivencia democrática, que tiene en la resolución definitiva e integral de la cuestión de las personas presas una condición indispensable. Un paso de gran calado, que como tal debería ser entendido y valorado, tanto por la sociedad e instituciones vascas y navarras como por las del Estado español", remarca.

Estancamientos y denegaciones

El Foro Social también pone de manifiesto los "estancamientos de la evolución que la legalidad penitenciaria ordinaria posibilita hacia otros grados", así como "la denegación sistemática de permisos" o los retrasos en los cambios a segundo grado en casos de presos que cumplen las condiciones para ello, "sin olvidar la exigencia latente de requisitos que la legislación no contempla para el segundo grado aunque sí para el tercero".

"Son elementos que generan preocupación porque suponen un lastre para
el avance hacia la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria a las
personas vascas presas por delitos de motivación política, además de generar
un nivel de frustración en ellas y sus familiares que no ayuda a asentar la
convivencia a la que aspiran la sociedad vasca y la navarra", sostiene el Foro.

Del mismo modo, advierte que "el debate intencionadamente generado en el Estado español por determinados lobbies con el objetivo de mantener la excepcionalidad penitenciaria y añadir exigencias a lo que la legislación ordinaria señala", algo que, a su criterio, "agarrota al Gobierno a la hora de dar pasos más audaces".