La formación Adelante Andalucía que lidera Teresa Rodríguez denunciará ante la Fiscalía Provincial de Cádiz la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante la huelga del metal del pasado noviembre y más concretamente la falta de identificación de los agentes antidisturbios que intervinieron en un "forcejeo" con unos vecinos de la capital gaditana que participaban en una manifestación el día 23 de ese mes, la que fue una de las jornadas más tensas del conflicto.

La decisión de recurrir a la Fiscalía Provincial de Cádiz se debe, según ha informado Teresa Rodríguez a Público, a la respuesta que ha dado el Gobierno a la pregunta por escrito que le hizo la senadora Pilar González Modino, integrante del grupo Izquierda Confederal en el que está representado Adelante Andalucía. La contestación, fechada el 3 de marzo pasado, es un "escándalo", afirma la dirigente andaluza.

A la pregunta "¿por qué los agentes antidisturbios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han portado en sus uniformes los números de identificación, tal y como es obligación, durante las cargas contra los manifestantes del pasado 23 de noviembre en Cádiz?", el Ejecutivo ha contestado de forma muy escueta: "Se informa de que todos los miembros de las Unidades de Intervención Policial comisionados a la provincia de Cádiz con motivo de la huelga del metal portaban el número de identificación de manera visible en el chaleco de protección, en cumplimiento de la resolución de la Dirección General de la Policía, de 19 de abril de 2013, por la que se establece el número de identificación en las prendas accesorias de uniformidad" de esas unidades.

A juicio de Teresa Rodríguez, la respuesta del Gobierno niega la evidencia de lo que está documentado en vídeos y fotografías de la intervención de las fuerzas antidisturbios en esa jornada que ha recopilado su formación política, como el que se puede ver en este texto.

En la exposición de la pregunta de la senadora Pilar González se relata que en una de las protestas que tuvieron lugar el 23 de noviembre a la salida de Cádiz "se produjo un forcejeo entre" tres miembros de los antidisturbios con unas vecinas, y que un hombre se acercó a los policías, "con los brazos en alto", intentando calmar la situación. "Estos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad –afirma la senadora- no lucían en su espalda, tal y como es preceptivo, su número de identificación".

Ese suceso, según enuncia Pilar González en su pregunta al Gobierno, no fue un caso aislado. "Durante las protestas de los trabajadores del sector del metal se ha producido un uso desproporcionado de la fuerza y se ha reprimido las manifestaciones con dureza", señala la senadora, quien asegura que tanto el incidente objeto de la pregunta como otros similares "han sido documentados por multitud de medios de comunicación y están disponibles tanto vídeos como fotos y crónicas de los hechos".

Una de las jornadas más tensas de la huelga

La jornada del 23 de noviembre fue una de las más tensas de una huelga del metal que se alargó durante cerca de dos semanas y que terminó al día siguiente, el 24, con la firma del acuerdo entre sindicatos y patronal para un nuevo convenio colectivo del sector. Ese día, cientos de personas, 5.000 según los convocantes y 1.500 según la Subdelegación del Gobierno, se manifestaron en la capital gaditana, aunque la marcha acabó dividiéndose entre los que siguieron hasta la sede de la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA) y los que se desviaron hacia el puente de Carranza en la entrada a la ciudad. Hubo fuertes cargas de la policía que usó balas de goma y botes de gases lacrimógenos, un detenido y algunos heridos leves.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendió ese día, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la actuación de las Fuerzas de Seguridad en Cádiz. "Respetamos su trabajo. Entiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar derecho de manifestación de los trabajadores y el orden público", dijo. El alcalde de la ciudad, José María González, Kichi, lo vio de una manera totalmente distinta. Afirmó que se había sentido "impresionado de la brutalidad y desproporción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y pidió la dimisión del subdelegado del Gobierno, José Pacheco.

Adelante Andalucía también denunciará próximamente ante la Fiscalía Provincial de Cádiz la filtración que se hizo a varios medios de comunicación de Cádiz de los antecedentes penales y policiales de alguna de las personas detenidas tras las protestas de la huelga de noviembre, la mayoría vecinas de la barriada obrera Río San Pedro de Puerto Real. Esta formación sostiene que esa filtración tenía la clara intención de "criminalizar a un movimiento entero" y puede suponer la comisión de un delito de revelación de secreto.

Esta no es, sin embargo, la primera denuncia que va a llegar a la Fiscalía por la intervención de las fuerzas de seguridad durante la huelga del metal gaditana. La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) ya presentó en enero un escrito ante la Fiscalía provincial solicitando que investigue si hubo una actuación desproporcionada de los agentes antidisturbios contra las protestas, durante las cuales, asegura, llegaron a lanzarse 900 pelotas de goma en sólo dos días y 800 disparos de salva en una mañana.

La denuncia de CTM por "mala praxis policial" coincide en los días con la de Adelante Andalucía, ya que la Coordinadora de Trabajadores del Metal concentra su escrito en lo ocurrido el 22, 23 y 24 de noviembre. Concretamente, en el caso del día 23 refiere que hubo un "uso desproporcionado de la fuerza" policial contra una manifestación en la capital gaditana, pese a que no había habido ninguna provocación previa ni lanzamiento de objetos contra los agentes que acabaron cargando contra los manifestantes.

El uso de una tanqueta para encarar las protestas y barricadas de los trabajadores del metal, motivo de fuertes críticas de organizaciones sindicales, políticas y vecinales durante el conflicto, se incluye también en la denuncia de la Coordinadora ante la Fiscalía Provincial de Cádiz.

La tanqueta fue, incluso, el origen de una disputa en el seno del gobierno de coalición progresista, verbalizada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que trasladó su malestar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.