Lo que ya se conoce como Catalangate, el ciberespionaje masivo de más de sesenta personalidades independentistas -entre las que se encuentran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat-, ha servido para que las organizaciones y partidos independentistas hayan escenificado una reacción unitaria para denunciar los hechos y señalar como responsable al Estado español. En una comparecencia conjunta desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, ERC, Junts per Catalunya, la CUP, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han definido el Catalangate -llevado a cabo fundamentalmente a través del programa Pegasus - como un "atentado a la democracia" y de "precedente muy peligroso" dentro de un Estado de la UE, donde se habría espiado "ilegalmente" a la "disidencia política y civil". Y han anunciado la presentación de querellas en varios estados europeos para denunciar los hechos, aparte de llevarlos también a la ONU.

En la rueda de prensa se ha anunciado la presentación de querellas en los cinco países europeos donde se habría espiado a dirigentes independentistas con el malware -Francia, Bélgica, Suiza y Luxemburgo y el Estado español- contra la empresa NSO, propietaria del software Pegasus, si bien la intención es que la denuncia judicial llegue también a aquellos organismos del Estado español, como el CNI, que consideran responsables del espionaje, según ha apuntado el expresidente del Govern Carles Puigdemont. En principio NSO limita la venta de Pegasus a gobiernos estatales, así como a servicios de seguridad y cuerpos policiales para luchar contra el crimen y el terrorismo.

Puigdemont (Junts) y el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC) han expresado que pedirán a la Comisión Europea y a la Eurocámara que reclamen al Estado español que "rinda cuentas" sobre unos hechos "ilegales" que conllevan la vulneración de varios derechos fundamentales. Además, el caso también se denunciará a organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de la escenificación de unidad, Puigdemont y Junqueras han vuelto a constatar las diferencias estratégicas de sus formaciones, ya que el primero ha apostado por romper la negociación con el Gobierno español, mientras que el segundo ha insistido en que la negociación es una "bandera útil" a la que "no vamos a renunciar".

"No vamos a regalar la bandera de la negociación"

Para Puigdemont, actualmente eurodiputado de JxCat, "en una Europa democrática no puede tener cabida el espionaje ilegal de la disidencia, ni de ningún movimiento político y social". En este sentido, para él estos hechos demostrarían que por parte del Gobierno "es evidente que hoy no hay diálogo y [en cambio] hay mucha evidencia de una violación masiva de derechos fundamentales". Por todo ello cree que "hay que actuar en consecuencia", porque "no se entendería que después de este escándalo las cosas siguieran igual" y, directamente, cree que "no se puede seguir confiando en un Gobierno capaz de realizar esta trama criminal".

Junqueras, en cambio, ha manifestado que la bandera de la negociación "no la regalaremos al Estado, que no se la merece", al tiempo que ha insistido en que "estamos convencidos de que la negociación es una herramienta útil en la resolución de conflictos políticos " y, por tanto, apuesta por seguir utilizándola "para convencer a la comunidad internacional". Además, ha asegurado que "exigiremos al Gobierno central que dé las explicaciones pertinentes" sobre el espionaje.

Aparte del diputado de la CUP Carles Riera, en la rueda de prensa también han intervenido los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Xavier Antich y Elisenda Paluzie, respectivamente. Antich ha hecho un llamamiento a conseguir apoyos para evitar que los hechos "queden sin castigar" y ha reiterado que el espionaje a los dirigentes independentistas es, también, un "ataque directo contra los valores fundacionales democráticos de la UE", puesto que suponen criminalizar a la disidencia interna.

Además, ha apuntado que si no se actúa, quizás en un futuro sean otros colectivos los afectados, porque un caso como éste "crea un precedente muy peligroso porque derechos individuales y colectivos, como la libertad de expresión o la libertad de asociación, se verán amenazados". Paluzie, por su parte, ha hablado de un "ataque permanente y estructural contra el movimiento independentista".

"Evidencias" de que el Estado está detrás del ataque

Previamente han hablado el investigador de Citizen Lab John-Scott Railton y David Kaye, ex relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión. El investigador de Citizen Lab –la entidad responsable de la investigación que ha demostrado el ciberespionaje masivo contra el independentismo, revelado por la revista The New Yorker–, ha detallado que la investigación se prolongó casi dos años y que, fundamentalmente, los aparatos de las víctimas eran infectados después de recibir SMS con apariencia de notificaciones oficiales o noticias. Aunque el grueso de las infecciones se hizo con Pegasus, también hay casos con Candiru, otro programa espía "muy sofisticado".

Railton dejó claro que "es casi imposible protegerse" de estos programas, lo que es "muy preocupante". Y ha subrayado que hay "diversas" evidencias que apuntan a que detrás del ataque está el Gobierno español, como que el uso de Pegasus está limitado a gobiernos, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es cliente de NSO "al menos desde 2015" y que las víctimas del ataque y la información obtenida "son de interés" por el Ejecutivo estatal en un momento de fuerte tensión política por el conflicto con Catalunya. El investigador ve complicado, en cambio, que detrás pueda existir un cliente no español "por las consecuencias diplomáticas" que tendría una invasión de la privacidad como esta.

Por último, ha reclamado que se inicie una "investigación exhaustiva y oficial" para aclarar quién es el responsable del ataque, cómo se autorizó, cuál fue la escala de la operación, qué usos se dio al material hackeado, a quien se le entregó y con qué marco legal se amparó todo ello.

John Kaye ha concluido que programas como Pegasus suponen "una amenaza para los derechos humanos en todo el planeta", tras subrayar que en estos momentos no hay regulaciones internacionales suficientes de este tipo de software, que las personas que son víctimas tampoco tienen derecho a la reparación y que la supervisión que hacen los estados queda claramente coja. Por eso ve necesaria que los estados adopten una moratoria en su uso hasta que no se doten de una regulación suficiente que evite la actual situación de vulneración de derechos que generan.