El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo sobre los últimos Presupuestos Generales de la legislatura. Las medidas de los Presupuestos incluyen la ayuda de cien euros al mes para la crianza, más salud mental, nuevos permisos para la conciliación y la revalorización del Ingreso Mínimo Vital. Pero el escollo principal para las negociaciones, además de la ley de vivienda que sigue bloqueada, ha sido la fiscalidad. Un acuerdo para una reforma fiscal que, finalmente, se aprobó el pasado jueves.

Básicamente la reforma fiscal va a hacer que las grandes fortunas, las grandes empresas y los grandes accionistas tengan que contribuir más al sistema tributario. En concreto unos 3.100 millones de euros más. Para que nos hagamos una idea con esta cantidad se podría triplicar el personal sanitario.
Para empezar, se aplicará un impuesto a las fortunas superiores a los tres millones de euros. Tiene tres tramos (yendo desde el 1,7% y el 3,5%) y complementará al impuesto de Patrimonio. Esta medida afectará a unos 23.000 ricos y permitirá recaudar unos 1.500 millones de euros.

Otra medida del paquete tiene que ver con acercar la tributación de las rentas del capital y las rentas del trabajo. En concreto, se incrementará en un punto la tributación en el IRPF de las rentas del capital superiores a 200.000 euros y en dos puntos a aquellas superiores a 300.000 euros. Se calcula que esta medida afectará a unos 18.000 contribuyentes y permitirá recaudar unos 200 millones de euros. 

También se van a reducir los beneficios fiscales de las grandes empresas. Se limitarán al 50% las pérdidas de las filiales que los grandes grupos empresariales pueden deducirse en el Impuesto de Sociedades. Esto afectará a unas 3.600 grandes empresas y permitirá recaudar casi 2.500 millones de euros adicionales entre 2022 y 2023. 

Al mismo tiempo se ayudará a las pymes, a los autónomos y a las rentas más bajas con reducciones fiscales. Las medidas contempladas ayudarán a 400.000 pequeñas empresas, 1,5 millones de autónomos y a la mitad de los trabajadores por cuenta ajena. Por ejemplo, una persona soltera, sin hijos y con un salario anual de 18.000 euros ahorrará 746 euros al año.  

Además, la reforma fiscal incluye también la supresión de la conocida como "tasa morada" a los productos de higiene femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales. El IVA se bajará del 10% actual, al 4%. De hecho, hace sólo tres meses, en junio de 2022, Unidas Podemos llevó al Congreso esta propuesta y el PSOE se unió a la derecha para rechazarla. Finalmente la propuesta de Unidas Podemos se ha impuesto en el ejecutivo y el PSOE ha tenido que aceptar tasar a las grandes fortunas.

Aunque el impuesto a los ricos haya salido adelante, aún quedan algunos puntos de fricción. El PSOE plantea que esta medida sea temporal, mientras que Unidas Podemos defiende la necesidad de que sea estructural.

El nuevo impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno pretende neutralizar la competencia fiscal desleal que está haciendo el PP desde algunas Comunidades Autónomas. El objetivo es evitar que se creen paraísos fiscales para ricos en los lugares en los que gobierna la derecha. Madrid impuso la bonificación total del impuesto de patrimonio en 2011, y recientemente Andalucía y Galicia, también gobernadas por el PP, se han sumado anunciando que aplicarán descuentos del 100 y el 50% respectivamente. 

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el pasado mes de septiembre la supresión total del impuesto de patrimonio sumándose así al dumping fiscal de Madrid. Moreno Bonilla bromeaba con la posibilidad de atraer a grandes fortunas de Madrid a Andalucía. Sin embargo, los datos no apuntan en esa dirección: suprimir el impuesto al patrimonio no atrae nuevos inversores ni genera riqueza.

El primer motivo es obvio, las regiones que aplican la supresión del impuesto de patrimonio dejan de recaudar estos tributos. Por ejemplo, Madrid ha dejado de recaudar casi 1.000 millones de euros al año por bonificar Patrimonio. En segundo lugar, en términos estadísticos, la ausencia de un impuesto al patrimonio no genera un efecto llamada hacia las grandes fortunas. Desde la puesta en marcha del descuento al patrimonio, Madrid ha ganado menos ricos declarantes que otras comunidades que no tienen esta bonificación como Baleares, Aragón o la Comunidad Valenciana.

En concreto, desde 2012, un año después de la puesta en marcha de esta medida, Madrid ganó un 25% más de declarantes mientras que Baleares obtuvo un 32% más, la Comunidad Valenciana un 30% y Aragón un 166% más, todo esto sin la necesidad de aplicar ningún descuento tributario. Es decir, el número de nuevos declarantes de Madrid no ha crecido exponencialmente tras la supresión del impuesto de patrimonio. De hecho, es una cifra cercana a la de Cataluña y en línea con la media española.