El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en manos del Partido Popular, se niega a ver la realidad: el cerco de la Justicia a Ignacio González, expresidente conservador de la Comunidad de Madrid, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Ocho meses después de solicitar en el Pleno la aprobación de una moción para que se retirase de un edificio oficial una placa conmemorativa con el nombre de González, el PSOE local ha vuelto a recordar que el alcalde del municipio madrileño, Antonio González Terol, aplicó el rodillo del PP para rechazar la propuesta presentada por la entonces concejal socialista Delia López Rodríguez.

González fue imputado en el marco del caso Lezo, que investiga las supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II, por las que ya ha pasado por prisión. El PSOE de Boadilla lo consideró en su día "el presunto responsable máximo de una trama de corrupción política" y lo situó "en la cúspide de una presunta organización criminal".

Por ello, solicitó al Pleno de la Corporación que retirase las placas conmemorativas de todos los edificios municipales en las que González aparece mencionado. En concreto, el metacrilato que da cuenta de la inauguración del centro de salud Infante don Luis de Borbón el 10 de junio de 2014.

Fuentes del PSOE local explican que el PP, que gobierna con mayoría absoluta, justificó su rechazo apelando a la presunción de inocencia, puesto que no había una sentencia que condenase al investigado: "Ellos dicen que no son jueces para juzgarlo, el típico discurso del PP cuando quiere esconder la cabeza, algo que cada día le cuesta más".

El PSOE defendió el pasado mayo la retirada de la placa "para borrar todo rastro y sombra de corrupción en el municipio, que ya es tristemente conocido a nivel nacional como epicentro de la trama Gürtel". En un comunicado, el partido explicó que mantener su nombre en el centro médico suponía "un deshonor para todos los vecinos".

Meses después, los socialistas insisten en que la placa debe ser retirada "al menos hasta que salga indemne de la investigación, aunque el alcalde siempre dice no a todo", señalan las citadas fuentes, que establecen un paralelismo con la retirada del callejero franquista.
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"Le hemos pedido varias veces que quiten las placas, pero el alcalde no concede nada hasta que hay una sentencia, pues no actúa en función de criterios éticos, sino judiciales. Es su forma de repartir democracia", critican desde el PSOE de Boadilla del Monte, cuyo Consistorio celebra este viernes una comisión para iniciar los trámites para cambiarle el nombre a la calle José Antonio.

Aunque lo había evitado, el Gobierno del PP se ha visto forzado, como denuncia el PSOE, puesto que el Ayuntamiento ya ha recibido tres requerimientos del Defensor del Pueblo instándole a tomar la medida. La portavoz del PSOE, Isabel Carmona, ha declarado a Europa Press que le parece "bien" el nuevo nombre: Juan Carlos I. 

"Nunca más pasaremos vergüenza porque la casa de todos, el Ayuntamiento, esté en la calle José Antonio, uno de los defensores y causantes del alzamiento nacional contra la democracia", añadía Carmona, quien tendrá que esperar para ver cómo desaparece la mención a González en el centro de salud de su localidad.