El expresidente madrileño Ignacio González, en prisión desde el pasado 21 de abril por el caso Lezo y en espera de que la Audiencia Nacional resuelva su petición de excarcelación, alega sufrir un "problema serio de incertidumbre y zozobra", ya que no sabe el tiempo que le queda en la cárcel.

Así se lo han manifestado fuentes de su defensa, que han calificado una vez más de "desproporcionada" la medida de prisión provisional en la que se encuentra desde hace casi cuatro meses por su "papel decisivo y necesario" que, según el juez del caso, Manuel García Castellón, desempeñó en la trama de corrupción.

La defensa de González, que ostenta el abogado Esteban Mestre, recurrió la semana pasada la decisión del magistrado de mantenerle en prisión y propuso sustituir la cárcel por arresto domiciliario con intervención de las comunicaciones y la prohibición de acercarse a personas relacionadas con la investigación.

Sin embargo, la Fiscalía consideró "insólita" esta propuesta y se manifestó en contra del recurso al alegar que no se ha apreciado "ninguna circunstancia nueva y mucho menos un dato objetivo que acredite un cambio de circunstancias" que justifiquen su salida de prisión.

Ahora la Sala de Vacaciones de la Audiencia Nacional debe decidir si es ella la que resuelve el recurso de González o si se lo deja a la Sala de lo Penal cuando los magistrados se reincorporen, según han informado fuentes jurídicas.

A la espera de ello, González sigue en prisión, una medida que a juicio de las fuentes, "es desproporcionada en función de los fines constitucionales por los que se pretende esta medida".

Insisten las fuentes en que no hay ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, como dijo la Audiencia Nacional, ya que González es una persona conocida, que tiene sus bienes embargados y no tiene fondos ocultos en el extranjero.

Y señalan que la prisión preventiva debe tener "una finalidad y un tiempo claro" y que el no saber el tiempo que le queda de estar encarcelado, le provoca un "problema serio de incertidumbre".

"Como a cualquier recluso, no le gusta estar en prisión"

Para la Fiscalía es "cuando menos llamativo" que se plantee al Juzgado la posibilidad de intervenir las comunicaciones de González, ya que se trata de una "petición tan inútil como ilegal". Y sobre el arresto domiciliario, el fiscal recuerda que esta medida se adopta por "razón de enfermedad" o en caso de que la prisión suponga "grave peligro para la salud" y, en lo que respecta al expresidente, opina que se encuentra "en perfectas condiciones de salud".

"Como a cualquier justiciable, el ingreso en prisión puede ocasionar pesadumbre o deterioro personal. Eso es una cosa y otra muy distinta es lo que señala el recurso al expresar que 'la prisión incondicional lesiona los derechos a la salud y a la integridad moral'", señala el fiscal principal del caso Lezo, Carlos Yáñez.

El fiscal Anticorrupción entiende que a González, "como a cualquier recluso, no le gusta estar en prisión" y esta circunstancia le causa "un estado anímico de cierta depresión", pero no ve razones suficientes para su excarcelación.

Yáñez, así pues, comparte con el magistrado García Castellón el argumento para mantener al exdirigente del PP de Madrid en prisión, ya que "se cumplen escrupulosamente" los criterios aportados para ello. Además, subraya que las condiciones no han variado desde que se ordenó esta medida el pasado 21 de abril.
"una cantidad ingente de fondos de origen delictivo".

Inversiones millonarias

El Ministerio Público desdeña también el argumento de la defensa de González que señala que no existe "el más mínimo indicio fundado" de que disponga de medios económicos en el extranjero. Y es que Yáñez recuerda que en el sumario se recoge documentación que acredita que el expresidente "proyectó inversiones millonarias en distintas sociedades presuntamente destinadas a blanquear dinero negro", lo que supone un "indicio claro de que el investigado maneja una cantidad ingente de fondos de origen delictivo".

"De las actuaciones resultan indicios objetivos de que el señor González y su entorno disponen de capacidad económica y operativa en España y en el extranjero, lo que puede sin duda facilitar la huida del mismo a una jurisdicción internacional que sea poco receptiva a la cooperación internacional", advierte.

Ignacio González fue trasladado del módulo donde estaba en la prisión de Soto del Real (Madrid) al de la UNED, como se conoce en el que están los presos que cursan estudios universitarios, por criterios de organización.

Fue el 20 de julio, la fecha en la que ingresaron las personas investigadas por el caso Soule de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entre ellas el entonces presidente Ángel María Villar y su hijo Gorka, ya en libertad.