La Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) ha generado rechazo desde su primer borrador. Denunciada por haber sido aprobada gracias al "rodillo parlamentario" del PP que tuvieron los conservadores en la X legislatura, la repulsa social se canalizó en la calle en las mayores concentraciones en favor de la Educación Pública de la historia de la democracia española.

Una unión de estudiantes, profesores y padres que devino en la Marea Verde y se consagró más tarde en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Este jueves, la Marea Verde convoca otra huelga educativa contra la Lomce, a la que ve "tocada de muerte" ante la negociación del pacto educativo en la Comisión de Educación del Congreso, pero sobre la que avisa: todavía se aplica. "Se está jugando con los tiempos. En el desacuerdo hay Lomce, en la espera del pacto, hay Lomce", señala José Luis Pazos, presidente de Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

La Marea Verde teme que el PP aproveche la negociación, retrase el acuerdo la comisión, que debía presentar un borrador en seis meses, tarde más de un año, y el proceso parlamentario para aprobarlo abarque otros dos. Resultado: la Lomce funcionando toda la legislatura.

Por ello, y aunque el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, pidió desconvocarla como muestra de buena voluntad ante la negociación, la Marea Verde vuelve a marchar contra la Lomce. Una ley que en palabras de Agustín Moreno, profesor y portavoz del movimiento, "lo que hace es consagrar el vendaval de recortes que se han dado en España en los últimos cinco años. No lleva ninguna memoria económica, sino que lo que hace es ajustar los términos legales a una disminución de casi un punto del PIB en materia educativa (9.000 millones de euros)".

Disgrega, segrega, segmenta: elitiza

Las organizaciones sociales han cargado desde el principio contra la Lomce al entender que, a pesar de su nombre, no tiene un propósito educativo, sino "ideológico". "Tiene por objetivo elitizar la educación y hacerla más inaccesible y hacerla más inaccesible para las familias trabajadoras", afirma Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

La Marea Verde acusa a las dos medidas estrella del PP, los itinerarios y las reválidas, de ser las causantes de esto. Los itinerarios plantean la separación de los alumnos desde la etapa de 13/14 años, para encaminarlos a la Formación Profesional o a los estudios superiores. Las reválidas, derrocadas en su mayor parte gracias a la presión social, eran exámenes a realizar por agentes externos al sistema público, en varias fases de la carrera escolar, para evaluar el nivel de los alumnos. En algunos casos, como en el bachillerato, de no pasar el examen no se obtendría el título aunque se aprobaran todas las asignaturas en el centro. 

"Se empieza con segregaciones tempranas que discriminan a muchos alumnos, ya que lo que hace es no asegurar el derecho a educarse con éxito de absolutamente todos", explica Moreno, docente en un instituto público de Vallecas (Madrid): "Las pruebas externas exclusivamente al alumnado, no a todo el sistema y no para mejorar o corregir los defectos que puedan aparecer, solo pretenden segregarlos".

"Busca darle una salida rápida a muchos estudiantes. A nosotros nos parece tan legítimo cursar estudios superiores como no hacerlo, pero que sea elección de cada uno, no una imposición en función de quien tiene dificultades hoy en la escuela pública y no puede superarlas fruto de la falta de recursos y se ve abocado a quedarse fuera. Evidentemente esto afecta sobre todo a la gente que tiene condiciones peores, tanto en sus centros de estudio, como son los de los barrios obreros, como también a la gente que en sus casas no puede recibir una atención especial, bien porque sus padres no tienen formación, bien porque no pueda recibir clases particulares", agrega Ana García. 

Los conciertos

La Marea Verde considera que dentro del "propósito ideológico" de la Lomce, esta pretende "impulsar los procesos de privatización de la educación". En esta cuestión apuntan directamente a los conciertos, un modelo de escuela privada subvencionada por el Estado que la Lomce refuerza. 

En Alemania, el porcentaje de alumnos matriculados en la escuela pública es del 92%. En Francia, del 87%. En el Reino Unido, del 95%. En Noruega, del 97%. En Grecia, del 93%. En Italia, el 94,5%. Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y Croacia superan el 98%. En una Europa con gran diversidad de sistemas educativos, un punto en común en todos ellos es el peso residual de la escuela privada. España, en cambio, se queda en el 68%. Está 22 puntos por encima de la media europea en alumnos matriculados en escuelas concertadas. Solo Malta y Bélgica la superan.

"Lo que se conoce como concertado en realidad son centros privados sostenidos con fondos públicos. La educación es un pastel desde hace mucho tiempo para el capital privado, a nivel mundial y también en España, donde se está deteriorando la pública para robarle alumnos. Esto se aprecia especialmente en Madrid, donde décadas de Gobierno del PP han dejado los porcentajes en 50-50. En algunas zonas como Vallecas, hay más alumnos en la privada. Es algo totalmente anacrónico", lamenta Agustín Moreno.

La Marea Verde inunda las calles de Palma. Enrique Calvo/REUTERS

José Luis Pazos, de la CEAPA, expone que "tiene que haber dos redes, una, la pública, y dos, la privada. La financiación pública tiene que ir a la escuela pública. La concertada es un anomalía que no tiene sentido y que tiene que desaparecer ¿Tiene que ser mañana? Seguramente no. ¿Toda la concertada, porque ningún centro tiene un enfoque claramente social y que no sea un negocio educativo? Pues seguramente haya centros que podrían pasar a la red pública porque pueden ser gestionados desde lo público y tienen un concepto social aunque hayan nacido como iniciativa privada".

La religión

El gran rechazo contra el modelo concertado por parte de la Marea Verde se agrava debido a que en España la gran mayoría de esas escuelas, hasta un 80%, son religiosas. Además, la Lomce establece que, en primaria y secundaria, la asignatura de religión es evaluable y cuenta para la nota media del alumno. Por tanto, influye en la concesión de becas y ayudas basadas en el rendimiento académico.

"¿Cómo es posible que en el año 2017 tengamos que ver como la religión cuenta para nota media? Es algo absolutamente anacrónico", opina Ana García, del sindicato de estudiantes. "No solo es el chorro de dinero público a la Iglesia, que controla el 80% de la educación concertada, sino el tipo de ideas que se permite defender desde una tribuna legítima como es la de la escuela pública para defender cosas como lo que dice el arzobispo de Granada, que dice que el aborto es lo que favorece el maltrato, o que las mujeres tenemos que leer el libro Cásate y sé sumisa; y el de Valencia, preguntando si 'esa invasión de refugiados es todo trigo limpio', que hay que luchar contra el 'imperio gay'… Es ideología pura que desde luego debería estar fuera de la escuela pública", sostiene.

La Marea Verde aboga por una "educación laica", explica en este caso Agustín Moreno, aquella "que respeta todas las creencias pero que no dota de ningún tipo de privilegios a ninguna de ellas". La religión católica, argumenta, "no debe distorsionar ni el horario escolar ni la organización del centro ni el rendimiento académico de los alumnos".