En el comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales y fiscales difundido este lunes no se mencionan las palabras 'incremento salarial', sin embargo, ese es el objetivo de la convocatoria de huelga indefinida que podrían convocar a partir del 16 de mayo.

Pese a que no se concretan las aspiraciones salariales en dicho comunicado ni se contesta claramente a la prensa sobre ese asunto, en el trasfondo de la posible convocatoria de huelga está el engorde de la nómina, algo legítimo, enturbiado únicamente por el hecho de que la huelga se podría iniciar coincidiendo con la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. 

Así lo ven fuentes relacionadas con las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), las únicas progresistas de las carreras judicial y fiscal y que se desmarcan de la posible convocatoria de huelga hasta que se produzca la reunión con el Ministerio de Justicia, el 3 de mayo, en el ámbito de la Mesa de Retribuciones; sin perjuicio de que puedan adherirse posteriormente a la huelga.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales anuncian su intención de convocar los paros indefinidos a partir del 16 de mayo si la reunión del próximo 3 de mayo acaba sin acuerdo con el ministerio. 

Fuentes del Ministerio de Justicia han ratificado este lunes, tras el anuncio de las asociaciones judiciales y fiscales, su "voluntad negociadora" y señalan que esperan lo mismo de sus interlocutores. 

Sin subida desde 2003

Los jueces no tienen subida salarial desde 2003, al margen de las últimas subidas por el IPC aplicadas a los empleados públicos, según fuentes del sector. En 2010, en el contexto de la crisis económica, sufrieron una bajada del salario del casi el 10% y un 5% en los complementos. Estas cifras de rebaja podrían constituir las reivindicaciones salariales de jueces y fiscales.

De dicha merma en las nóminas, en 2010, aún no se han recuperado ni jueces ni fiscales, según indican fuentes del sector. 

En el comunicado antes citado las asociaciones de jueces y fiscales indican que "los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes, en la Administración General del Estado la Administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que
tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la
elevada litigiosidad".

Un Ministerio acorralado

Tras la larga huelga de los letrados de Justicia (LAJ) entre enero y marzo de este año, que dejó 360.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas pendientes de reparto y cerca de 1.300 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados, el Ministerio de Pilar LLop está en el foco de las reivindicaciones salariales de todos los agentes del sistema judicial. 

Los LAJ desconvocaron la huelga el 27 de marzo pasado, tras dos meses, gracias a la oferta de Justicia de incremento salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes. 

En ese contexto de aumento salarial, los funcionarios de Justicia iniciaron el pasado 17 de abril una huelga indefinida de tres horas diarias de paros, que en su primer día, secundados por el 85% de los 45.000 funcionarios, según los sindicatos convocantes, lograron paralizar unas 700.000 actuaciones judiciales, "viéndose afectados decenas de miles de juicios", según la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). 

Quinta huelga de togas

De convocarse finalmente, la huelga de jueces y fiscales no será la primera en la historia de la democracia española sino la quinta.  

El 18 de febrero de 2009 tenía lugar la primera huelga general de jueces de la democracia para denunciar la falta de medios de la Administración de Justicia. Entonces se abrió el debate sobre el derecho a la huelga de los jueces, hoy consolidado. Si bien la carrera judicial tiene prohibida la sindicación, nada en la ley impide su derecho a la huelga. 

En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy se ganó a pulso una histórica jornada de huelga entre fiscales y jueces de toda España, que colgaron las togas en protesta por la práctica totalidad de las medidas impulsadas desde el despacho del ministro Alberto Ruiz-Gallardón: desde las tasas judiciales desorbitadas a los indultos arbitrarios, la pseudo privatización del Registro Civil, o el intento de politización del Consejo General del Poder Judicial, así como la paupérrima situación de medios personales y materiales los juzgados. 

En 2018 hubo dos citas con la huelga, en mayo y noviembre de ese año, con un seguimiento que alcanzó el 60% entre los jueces y el 38% entre los fiscales, según los convocantes. En aquel momento, se reivindicó un reforzamiento tanto de la imagen de independencia de la Justicia como de la autonomía del Ministerio Fiscal, dejando a un lado las mejoras salariales y profesionales. 

Hoy, en cambio, las carreras judicial y fiscal piden la recuperación del poder adquisitivo.