MADRID.- Si nadie lo remedia, el turno de oficio en Madrid iniciará a partir del 9 de marzo una huelga de celo. En realidad, por ceñirse a la ley y no poner de su bolsillo el dinero que no aporta la Administración pública.

Las negociaciones entre el Colegio de Abogados de Madrid y el Gobierno autónomo están rotas. Las medidas de presión están ya en marcha, y han sido anunciadas este jueves por la decana, Sonia Gumpert.

El objetivo: que la Comunidad de Madrid ofrezca soluciones a una situación insostenible porque vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos al no garantizar su acceso a la justicia gratuita, según denuncia Gumpert.

El turno de oficio en Madrid atraviesa por un problema de financiación pública insostenible, a juicio de su Colegio, ya que está causando que la justicia gratuita esté siendo financiada por los propios abogados con las cuotas que aportan al estar colegiados ante los impagos reiterados de la Administración autonómica.

La Comunidad de Madrid tiene transferida la competencia en materia de recursos humanos y materiales en Justicia, entre los que se encuentra la justicia gratuita. Esto es, la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para quienes no tienen medios económicos para pagarse un abogado.

Salvo en el año 2013, según datos facilitados por el propio Colegio, la justicia gratuita y el turno de oficio sufre un déficit de impagos por parte de la Comunidad de Madrid que tiene que ser compensado con el dinero de los propios abogados.

Sirva de ejemplo estás cifras. En el año 2011 la justicia gratuita tuvo un coste real de unos 40 millones de euros. Para el año siguiente, la Comunidad de Madrid presupuestó 31 millones.

“Un abogado de oficio cobra entre dos y tres euros la hora”, ha asegurado Sonia Gumpert. “No viven de esto, evidentemente, trabajan en el turno de oficio porque creen en la labor social de la justicia”, ha asegurado.

La remuneración de los letrados se redujo un 20% en 2012 a causa de los recortes del plan de austeridad del PP

Por si fuera poco, la remuneración de estos letrados se rige por unos baremos del año 2003 que no sólo no se han incrementado con el IPC, sino que en el año 2012 se redujeron un 20% dentro de los recortes implantados por la austeridad del Gobierno del Partido Popular.

“El colegio de abogados recibe 24 euros por cada expediente de justicia gratuita tramitado, cuando su coste real es de 36 euros”, y esos 12 euros de diferencia deben ser cubiertos por el propio colegio.

La acumulación de este déficit impagado por la Comunidad de Madrid alcanza tales cifras que los abogados de oficio han optado por una medida de presión: “Ceñirse a la ley”.

Así lo ha anunciado este jueves Gumpert, quien denuncia que han estado durante años ejerciendo funciones “que no les correspondían” con el ánimo de ofrecer ”el mejor servicio posible a los ciudadanos”.

Los expedientes que lleguen incompletos no serán admitidos (tal como dice la ley, aunque anteriormente se llegaba incluso a completarlos en el colegio de abogados para agilizar el proceso), el servicio de guardia de servicio al detenido se prestará únicamente al detenido, así como a las víctimas de la violencia de género y de trata, para preservar sus derechos fundamentales.

Esta protesta comenzará 9 de marzo y durará seis semanas. Gumpert ha asegurado que el ciudadano lo notará “pero no se verán perjudicados sus derechos fundamentales”.

Es más, el servicio de asesoramiento que la Comunidad de Madrid suprimió en el año 2012 porque dejó de financiar, seguirá funcionando. El colegio seguirá asumiendo íntegramente los costes