“Es un error haber llegado a este punto, sentado en el banquillo”. Así ha terminado su declaración ante el Tribunal Supremo Francesc Homs, acusado de los delitos de prevaricación y desobediencia en la convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, quien se ha mostrado convencido de que el Gobierno utilizó a la Fiscalía para procesarlo.

El diputado del PDeCat ha admitido, a preguntas del fiscal, “todos los hechos". "E incluso podría añadir más, porque fue mi obligación hacer lo que hice” en la organización del “proceso participativo” del 9-N, ha afirmado. Pero “distinto es que puedan ser considerados un ilícito penal”, ha remachado.

Homs era el consejero de Justicia y máximo responsable en materia jurídica del Govern en aquellos días, cuando el 4 de noviembre de 2014 el Constitucional suspendió de manera cautelar la consulta soberanista y sus preparativos. De él dependían los servicios jurídicos, las relaciones institucionales y con la prensa y la coordinación de departamentos.

Frente a un tribunal de siete magistrados del Supremo, presididos por Manuel Marchena, Homs ha admitido que siguieron adelante porque la consulta había sido transformada en “proceso participativo”, con 40.000 voluntarios, tras la primera suspensión del TC. “No podíamos suspender aquello que no se hace”, ha asegurado.

El diputado ha resaltado que el Govern continuó con los encargos realizados a las empresas en respuesta a las exigencias del Parlamento autónomo y para amparar derechos fundamentales, como los de libertad de expresión, libertad ideológica y de participación política.

Una vez sentados estos principios, Francesc Homs ha negado la mayor ante el Supremo y ha apuntado en diversas ocasiones a un supuesto desconocimiento del alcance de la resolución del TC. Aquella providencia era genérica e “inconcreta”. Era “un automatismo del tribunal, algo que no era estrictamente una resolución judicial”, ha remachado. Desde esta perspectiva, Homs ha asegurado que la Generalitat “ha cumplido siempre las resoluciones del TC; el Gobierno de España, no".

El fiscal le ha leído el recurso del propio Govern contra dicha providencia, donde él colige que el Ejecutivo autónomo era consciente de la suspensión dictada por el TC. Incluso ha leído el acuerdo del TC, que suspende la consulta y "las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ellas". Acuerdo que Homs ha reconocido que recibieron por correo electrónico ese mismo día con una carta de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos. Ahora bien, Homs ha resaltado que no recibió esta resolución en persona, a diferencia de otra recibida del TC un año después.

En su versión, la resolución del TC, al ser inconcreta, no aludía por ejemplo a los trabajos de T-Systems, la empresa a la que comunicó por carta en aquellos días que "los servicios de T-System no se ven afectados por la providencia dictada". La carta incriminatoria fue entregada por la Generalitat en la fase de instrucción. En ella, Homs advierte a la empresa de las consecuencias legales de suspender sus trabajos tras la resolución del TC. En ninguno de estos contratos participaron voluntarios, ha reconocido a preguntas del fiscal. “Interior utilizó a la Fiscalía contra sus adversarios políticos”, ha denunciado.

La parte más política de su declaración ha llegado a preguntas de su abogada. Ante el Supremo ha proclamado que el Gobierno ha utilizado a la Fiscalía para procesarlo: está sentado en el banquillo a consecuencia de un debate político.
Homs ha acusado a la Fiscalía de actuar "gregariamente", en connivencia con el Gobierno cuando en febrero de 2016 solicitó que se investigara al diputado basándose en la famosa carta a T-Systems. "El juez instructor desestimó mi implicación en la causa inicialmente cuando era público y notorio cuáles eran mis funciones y actuaciones. Al cabo de 15 meses, yo había asumido el acta de las Cortes y fue en este contexto y con el pretexto de la carta que se me incorporó a la causa", ha resaltado.

El cambio de postura de la Fiscalía coincidió en fechas con la grabación de una conversación mantenida entre el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya Daniel de Alfonso, sobre investigar a políticos independentistas y más expresamente a su persona, grabación que fue revelada por Público. “El ministro del Interior utilizó a la Fiscalía contra sus adversarios políticos”, como era su caso, ha denunciado mirando a los ojos a Marchena.

“Esta no es su casa”

Homs ha comparecido ante el Supremo con el apoyo habitual en los procesos del 9-N: la manifestación callejera. En este caso han sido 250 personas las que coreaban consignas independentistas.

El diputado ha mantenido unas maneras y tono suave ante el Tribunal Supremo, muy diferente de la actitud desafiante que desplegó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), donde hace dos semanas declaró como testigo. Pero, al igual que entonces, Homs se ha lanzado contra el fiscal, esta vez Jaime Moreno. Ha ocurrido al poco de empezar la declaración, porque le interrumpía y le ha salido la vena contestataria: "¿No le interesa lo que le estoy contando?", le ha espetado, molesto porque le hubiera interrumpido mientras explicaba los 800 periodistas acreditados al 9-N. "Claro que me interesa, creía que ya había contestado", ha respondido Moreno.

Homs ha vuelto a la carga: en su casa le han enseñado a esperar a que una persona finalice antes de tomar la palabra… “Esta no es su casa, es el Tribunal Supremo”, le ha interrumpido Marchena, quien ha recordado que el comportamiento de todos en un juicio está regido por la ley. Luego, el diputado ha regresado a su tono suave, sin aire de sentirse intimidado, y tranquilo en sus respuestas: “Me he sentido cómodo”, ha explicado Homs a la salida de su declaración.

Negativa anotada

A vueltas con otro de los contratos, el pabellón de la Feria de Barcelona para la rueda de prensa con los resultados del 9-N, Homs ha destacado que recibió un aviso del Gobierno de Mariano Rajoy: recibió "en privado" la advertencia de que si no organizaban una rueda de prensa esa noche para dar los resultados no debían temer acciones judiciales "a la contra".

También ha reconocido que las tres emisoras que se negaron a difundir los mensajes de convocatoria del 9-N tienen en sus expedientes “anotado” esta negativa a cumplir una resolución del Parlament, que obliga a las emisoras a emitir los anuncios gratuitos del 9-N como adjudicatarias del espacio radioeléctrico. El fiscal, Jesús Moreno, le ha respondido que estas sanciones están anuladas, precisamente en cumplimiento de la resolución del Constitucional. Homs ha respondido que lo desconocía, pero que las negativas han quedado anotadas “a los efectos de si las empresas quieren renovar” estas concesiones.

Homs ha reconocido que se preparó las decisiones del Govern que podrían adoptar del TC. Incluso también se había preparado para este procesamiento, en el que se ha estudiado el caso de Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco condenado por el Supremo por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak. Precisamente Manuel Marchena fue el ponente de esta condena, que definía el alcance del delito de desobediencia de una resolución judicial: no sólo por la apariencia de una actitud abierta, terminante y clara, sino por la pasividad reiterada o por la“presentación de dificultades y trabas que en el fondo demuestran una voluntad rebelde.