La ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario está prácticamente cerrada, y la reunión que se celebra este martes en la Comisión de Economía puede ser la que definitivamente acabe una norma que lleva más de un año en tramitación. Al menos esa es la intención de los grupos, que, a la vez que afrontan con cierto optimismo el encuentro porque apenas quedan puntos que cerrar, son conscientes de que estos puntos no lograron el consenso la última vez.

El martes de la pasada semana, los grupos entraron a la Comisión de Economía con la esperanza de anunciar el final del trámite de ponencia de la nueva ley hipotecaria y de presentar un texto definitivo. Sin embargo, los miembros del órgano se vieron obligados a convocar una semana más la ponencia ante la falta de acuerdo en varias cuestiones.

Uno de los puntos que no ha logrado un consenso definitivo es el que hace referencia a la retroactividad de la ley. En su redacción contiene una disposición que podría abrir la puerta a la reanudación de muchos de los procedimientos de desahucios hipotecarios que en este momento se encuentran paralizados hasta que la Justicia Europea aclare su criterio sobre los efectos de la nulidad de las condiciones de vencimiento anticipado.

Ante esto, el PSOE ha propuesto la introducción de un texto en la norma que determine la retroactividad de la misma para evitar que se pongan en marcha los desahucios paralizados. El objetivo es que la ley no afecte a procesos judiciales abiertos, pero el asunto de la retroactividad no logró la pasada semana el acuerdo de los grupos y aplazó el final del trámite.

El órgano volverá a intentar este martes cerrar este punto, cuyo debate no dejó demasiado margen para cerrar otra de las cuestiones pendientes de resolución: la amortización de las hipotecas. En el texto original presentado por el exministro de Economía Luis de Guindos se proponía encarecer las comisiones por cancelación de hipotecas a tipo fijo respecto a las de tipo variable.

Polémica con las amortizaciones

En las amortizaciones de tipo variable se contemplaba la supresión de las comisiones a partir del quinto o tercer año de vigencia del contrato, con un límite del 0,25% o 0,50% respectivamente, mientras que en el caso de las amortizaciones de tipo fijo la comisión sería del 4% si es en los diez primeros años, y del 3% a partir de los diez años.

Desde el PSOE abogan por “reducir” las comisiones de la cancelación de hipotecas de tipo variable, pero insisten en que en las operaciones a tipo fijo “tiene que haber una estructura que garantice el tipo de interés, y el cancelarlas anticipadamente tiene un coste para las entidades. Si eso no lo contemplamos, será muy difícil que las puedan ofrecer”.

Ciudadanos, en cambio, apuesta por lograr un “equilibrio” entre los gastos adicionales que se generan para el consumidor con la cancelación y el precio de las hipotecas, ya que entienden que si no hubiera gastos adicionales, las entidades “van a subir el tipo de interés de las hipotecas”.

Para Unidos Podemos, cobrar comisiones por cancelar hipotecas sirve para desincentivar las amortizaciones, mientras que “amortizar un préstamo lo único que hace es dar seguridad al tráfico jurídico y al sistema financiero. Cobrar comisiones sin prestar servicios es meterle la mano en el bolsillo a la gente”, insisten, y creen necesario fomentar que la gente amortice sus préstamos.

El asunto de las comisiones en las amortizaciones y el del alcance de la retroactividad serán dos puntos fundamentales para poder cerrar el trámite de la ponencia. Si los grupos salen de la comisión con un texto definitivo, su intención, según fuentes de la comisión, es meterlo en el último Pleno del año, el 18 de este mes.

Una vez aprobado en el Pleno del Congreso, la ley pasaría al Senado, aunque esto previsiblemente no sucedería hasta el mes de febrero. El Gobierno pidió la tramitación urgente de la norma en la Cámara Alta, por lo que el Senado tiene 20 días para aprobar, enmendar o rechazar el texto, aunque la última palabra es de la Cámara Baja. La ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario surgió, principalmente, como la vía para transponer una directiva europea. España se enfrenta a una importante multa si no adecua su legislación en materia hipotecaria a la del resto de Europa en el menor tiempo posible.