El Ministerio de Hacienda presentará después del verano un nuevo modelo de financiación por población para las comunidades autónomas. Así lo ha anunciado la ministra al frente, María Jesús Montero, quien ha criticado que los gobiernos regionales sigan "parapetados en el modelo de máximos que cada uno defiende". 

El 31 de enero finalizó el plazo para que las comunidades presentarán sus alegaciones a la propuesta del Hacienda para el cálculo de financiación según la población ajustada. Montero ha defendido que su Ministerio "no se ha quedado con los brazos cruzados", ya que las transferencias a las autonomías han continuado durante todos estos años. 

El cálculo por población ajustada  tiene como objetivo medir el gasto de cada comunidad de acuerdo a una serie de criterios, como pueden ser la población envejecida o la dispersión de la población. Montero ha defendido que el Ejecutivo ha transferido "los mayores recursos de la historia", un 40% más respecto a los gobiernos de Mariano Rajoy. En total, se han repartido "unos 178.000 millones de euros más",  según ha remarcado la ministra.

Falta de consenso entre las comunidades autónomas

Montero, además, ha lamentado que no se hubiera llegado a un consenso en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el tema de la financiación de las comunidades. A este respecto, la ministra ha señalado las incongruencias de las propuestas en aquellas regiones gobernadas por el PP.

"La repuesta ha sido desigual" dependiendo de si los populares gobiernan en Madrid, Galicia o Andalucía, ha resaltado la ministra. ¿Feijóo quiere el mismo modelo de financiación que Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno?, se ha preguntado Montero, quien ha acusado al líder del PP de no pronunciarse sobre "los asuntos importantes del país".

La ministra ha insistido sobre la necesidad de un consenso para la reforma de la financiación autonómica. El éxito de la propuesta del Gobierno dependerá en buena medida de si revalidan los resultados electorales en 2023, ha recalcado Montero. 

València, Andalucía o Castilla-La Mancha han exigido la creación de un fondo transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas. A este respecto, Montero ha vuelto ha apelar a la unidad y entendimiento entre las diferentes regiones

El PP, por su parte, ha mostrado su desconfianza a la propuesta de Hacienda. El vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, al igual que la ministra, ha señalado la falta de acuerdo entre las comunidades en el último CPFF. 

Bravo ha recordado cuando Montero era consejera de la Junta de Andalucía y reclamó 900 millones de euros para la región. A pesar de reconocer que la reforma del modelo sería "una buena noticia", el vicesecretario no se ha mostrado optimista, ya que los antecedentes hacen pensar que "esa no es la voluntad". 

Negociar con Bruselas la futura reforma fiscal

Montero, por otro lado, ha avanzado que el Gobierno negociará con la Comisión Europea una futura reforma fiscal, cuyas medidas estén en sintonía con el contexto de crisis energética e inflación. La ministra ha asegurado que el Ejecutivo pondrá en marcha unas políticas compatibles con la situación europea pero que no supongan un "esfuerzo añadido" a las familias. 

La Moncloa prometió en su Plan de Recuperación implementar una reforma fiscal para la primera parte del 2023. Sin embargo, la crisis económica derivada de la guerra obliga a acomodar las medidas a cada momento. Montero ha explicado que no tiene sentido incrementar la fiscalidad sobre determinados combustibles cuando se está practicando una bonificación. 

Así, el Gobierno tendrá que negociar con Bruselas medidas que no entren en contradicción con los objetivos de lograr un crecimiento económico sostenible y verde, según ha remarcado Montero. El cumplimiento de los puntos fijados en el Plan de Recuperación son indispensables para que el Ejecutivo europeo autorice los desembolsos. En el casos del primer semestre del 2023, esta cifra asciende hasta 7.000 millones de euros.

Las medidas de Hacienda no serán solo recaudatorias sino que tratarán de modificar conductas industriales y personales, así como alinear el impuesto de sociedades con la directiva europea. En el caso de que la situación mejorará, el Gobierno se plantearía abordar "una fiscalidad medioambiental disuasoria de la utilización de combustibles fósiles"  para así fomentar las renovables.

Montero defiende el impuesto a la banca y las energéticas

Respecto a los nuevos impuestos, la ministra ha destacado que es de "sentido común" que la banca y las empresas energéticas contribuyan más a las arcas públicas, ya "que están ganando más dinero con motivo de la crisis".

El Ejecutivo se ha planteando crear un sistema de control para que estas cargas no se trasladen a los clientes. Este organismo correrá independientemente de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, a juicio de la ministra, tiene "el talento" suficiente para vigilar" a los mercados.

Montero espera que esta medida cuente con el apoyo habitual de sus socios de Gobierno, aunque no descarta alguna modificación de la misma. El PNV, en este sentido, ha pedido que sean las haciendas forales de Euskadi y Navarra las que gestionen los impuestos. La ministra se ha mostrado receptiva a posibles enmiendas siempre y cuando no desvirtúen el sentido de la norma.