PALMA DE MALLORCA.-
La Agencia Tributaria (AEAT), personada como acusación particular en el caso Nóos a través de la Abogacía del Estado, ha recurrido en reforma -ante el propio Juzgado- la decisión del juez de instrucción José Castro de incluir como condición para la venta del palacete de Pedralbes, propiedad de los Duques de Palma, el cobro por parte de Hacienda de un 3% de los fondos que el matrimonio vaya a obtener con la operación inmobiliaria.

Se trata de una retención que el fisco reclama por ser el comprador no residente de España, y cuyo cobro Castro rechazó al aseverar que la AEAT ha dispuesto de "sobradas oportunidades, algunas de dudoso encaje procesal", para plantear la retención del 3%, sin que lo haya hecho hasta después de fijar el juez los condicionantes para la operación inmobiliaria.

Mediante una providencia dictada este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma da así cuenta del recurso de Hacienda, que insiste así en su petición por cuanto la Ley del Impuesto sobre No Residentes establece que quienes transmiten bienes inmuebles situados en el país a "no residentes sin establecimiento permanente están obligados a retener e ingresar el porcentaje fijado legalmente del 3% sobre la contraprestación acordada".

El magistrado recordaba en el auto impugnado que, cuando el pasado 5 de febrero autorizó la venta del palacete -siempre que los Duques se comprometieran a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que obtendrían por la mitad del inmueble embargada a Iñaki Urdangarin como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa-, la Abogacía no interpuso ningún recurso para que su solicitud fuese incorporada como condicionante.

Manos Limpias se opone a cancelar el embargo

Mientras tanto, el sindicato Manos Limpias, acusación popular en la causa, ha presentado un escrito con el que se opone a la orden efectuada por Castro para que se cancele el embargo que pesa sobre la mitad del palacete, después de que los duques de Palma se hayan comprometido a abonar los 2,3 millones de euros exigidos.

En cualquier caso, la defensa de Urdangarin mantiene el recurso de apelación que interpuso ante la Audiencia Provincial de Baleares de cara a modificar las condiciones de la venta. Y es que el marido de la infanta Cristina reclama poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF de 2009- con los fondos que obtendría con la operación inmobiliaria, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros.

En concreto, la mitad del palacete le fue embargada al Duque tras no haber hecho éste frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con su exsocio Diego Torres.