El año en curso acaba y, coincidiendo con las cenas familiares de Nochebuena, en mitad de un clima creciente de polarización, estar al día de la situación política y económica es fundamental para contrarrestar cuestiones sacadas de contexto o, directamente, información falsa difundida por las derechas.

Y es que, aprovechando el panorama actual golpeado por la guerra en Ucrania y sus consecuencias, la visión catastrofista se hace un hueco bastante importante en la mesa a pesar de estas fechas señaladas. A continuación, un breve repaso de la actualidad más reciente para no andar perdido en este tipo de eventos.

Desafío del Constitucional al Senado

El pasado lunes se consumó un hecho inédito y sin precedentes en la democracia reciente. El Tribunal Constitucional paralizó la votación en el Senado de una reforma para su propia renovación. De esta manera, aceptó las medidas cautelarísimas pedidas por el PP para paralizar una tramitación legislativa, una decisión que, según alertó el bloque progresista del propio tribunal de garantías, se adoptó "sin cobertura legal ni precedentes".

Este hecho ha sido calificado por la mayoría de partidos, a excepción de PP, Vox y Cs, de "injerencia" del Poder Judicial sobre el Legislativo. Cierto es que la iniciativa legislativa, a propuesta de PSOE y Unidas Podemos, se incluyó vía enmienda en el marco de la reforma del Código Penal para derogar la sedición y modificar la malversación. Por ende, recibió críticas por las formas elegidas y las prisas a pesar de ser una práctica habitual en el Congreso, también usada por las derechas.

No obstante, no hay que dejar de lado dos aspectos. El primero es que la reforma iba encaminada a sortear el bloqueo que ejercen los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace más de cuatro años por el bloqueo a su vez del PP, para designar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde a este órgano.

Asimismo, en el Pleno extraordinario del tribunal de garantías para decidir sobre el recurso del PP se produjo otro hecho insólito: los dos magistrados conservadores a los que la reforma del Gobierno afectaba directamente, el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el vocal Antonio Narváez, al tener que abandonar su sillón y ser sustituidos por los nombres propuestos por el Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez, votaron en contra de su propia recusación y, más tarde, a favor de impedir la votación de la medida en el Senado.

Estabilidad del Gobierno

En una legislatura marcada por los acuerdos entre diferentes fuerzas del arco parlamentario dado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no tiene mayoría absoluta en el Congreso ni en el Senado, así como por las circunstancias sobrevenidas de la pandemia y la guerra en Ucrania, la agenda legislativa toma velocidad de crucero y se acerca a los niveles de los ejecutivos de mayoría absoluta. Todo ello entre las constantes exigencias de la derecha al presidente del Gobierno para que convoque elecciones y, por ende, se disuelvan las Cortes.

En los tres años que llevamos del actual periodo legislativo el Gobierno ha sacado adelante 180 leyes, entre las que destacan sus tres presupuestos. Los terceros y, probablemente, los últimos de la legislatura, ante la previsión de que se convoquen elecciones generales para finales de 2023, fueron aprobados en el Senado el pasado martes para entrar en vigor el 1 de enero. Las cuentas públicas para el próximo año incluyen una subida de pensiones del 8,5%, la extensión de la gratuidad del servicio de Cercanías o una rebaja del IRPF para las rentas bajas, entre otras importantes medidas.

La reforma laboral mejora los datos de empleo

La reforma laboral, convalidada en febrero por la mínima en el Congreso, comenzó a dar sus frutos desde el momento en el que se puso en marcha, un mes antes, tras  un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales (la patronal y los sindicatos); algo con lo que no contó la norma a la que modificaba esta iniciativa estrella del Ministerio de Trabajo, la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012. 

Según las últimas cifras oficiales, el paro descendió en noviembre en 33.512 personas, hasta un total de 2.881.380 desempleados. La cifra total de parados, enmarcada en un contexto de coyuntura adversa a nivel internacional, es la más baja en un mes de noviembre desde 2007. Por su parte, el empleo, medido en número de cotizantes a la Seguridad Social, se sitúa por encima del nivel récord de 20 millones de ocupados (concretamente, 20,28 millones; en noviembre la cifra media de afiliados del mes se redujo en 155 personas). 

Sin embargo, a pesar de estos datos, la derecha los pone en cuestión y arroja dudas sobre su veracidad al decir, en palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que están maquillados por la metodología para contabilizar los trabajadores fijos discontinuos inactivos, mientras que, al mismo tiempo, sus líderes autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, se apropian del éxito de los datos del mercado labral en sus comunidades y evitan hablar de ese supuesto "doble conteo". 

La economía aguanta con indicadores favorables

Lo que sería calificado por el PP como "timo ibérico", en referencia a la medida que promovieron España y Portugal para topar el precio del gas en la generación de electricidad, ha favorecido un ahorro récord para los bolsillos de los ciudadanos del Estado español mientras que los precios de la luz han crecido mucho más en los países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia.

Esta iniciativa, de la que se acaba de cumplir seis meses de su entrada en vigor (y que por cierto, se hará extensiva a la Unión Europea), ha supuesto un ahorro de más de 4.000 millones de euros, según aseguró este miércoles en el Congreso la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control.

La solución ibérica, sumada a las subvenciones al transporte aprobadas por el Gobierno sin el apoyo de la derecha en el Congreso, ha provocado que España sea el único país de las economías más importantes de la UE donde se ha recortado la tasa de inflación en noviembre: se situó en el 6,6%, frente al 7,3% de octubre (cuando llegó a estar en el 10,8% en julio), según datos del Instituto Nacional de Estadística. Por ende, España es actualmente el país con menos inflación en toda la Eurozona.

En este contexto, teniendo en cuenta los últimos barómetros del CIS, cabe destacar un hecho que llama especialmente la atención. Y es que, mientras la mayoría de los entrevistados aprecia que su situación económica personal es "buena", cuando son preguntados por la "economía en general" dicen que es "mala".

Asimismo, más allá de esta apreciación contradictoria impregnada de la visión catastrofista compartida por la derecha, las últimas previsiones actualizadas del Banco de España apuntan en la buena dirección, pues descarta que la economía española caiga en recesión en 2023, estima que la tasa de inflación siga moderándose hasta el 5%, que el desempleo continuará bajando y que el déficit público se recortará.

¿Se rompe España?

Con la aprobación de la norma que deroga la sedición y reforma el delito de malversación, el PP, Vox y Cs han arremetido contra esta medida acordada entre el Gobierno y ERC en el marco de la mesa de diálogo. Las derechas señalan que la reforma del Código Penal pone en riesgo la integridad de España, pero lo cierto es que  los cauces empleados para tratar de resolver el conflicto de naturaleza política en Catalunya, por medio de la desjudicialización, ha desinflamado la tensión. Atrás quedaron las imágenes de las calles incendiadas en Catalunya y la represión del Estado en la votación del 1-O de 2017 contra los ciudadanos.

Si bien, está por ver cómo puede afectar la sustitución de la sedición en el Código Penal por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, al derecho a la protesta, ya que conlleva a la ampliación de supuestos delictivos y, por ende, pueden darse penas desproporcionadas, según alertan los juristas.

Por otro lado, la modificación de del delito de malversación no despenaliza la corrupción, pues lo que hace es distinguir claramente entre tres niveles de malversación (con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y un desvío presupuestario o gastos de difícil justificación), retomando una reforma anterior a la impulsada por el PP en 2015 en la que este delito quedaba sin clarificar.

Rebajas de condenas tras la ley del 'sólo sí es sí'

Las rebajas de las penas a decenas de condenados por delitos sexuales, e incluso la excarcelación de varios reos, tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí, volvió a poner a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el ojo del huracán, y a quien la derecha culpabiliza de "poner en la calle a los violadores".

Después de los ataques de las derechas a la titular de Igualdad, cabe subrayar un par de aspectos. La Fiscalía General del Estado clarificó a través de una circular que no caben las rebajas de condena si las mismas se encuentran dentro de las nuevas horquillas recogidas en la ley (el delito de abusos sexuales se engloba en el agresión sexual, por lo que se marca unas nuevas penas mínimas y máximas). En este sentido, en algunos casos, no se ha rebajado las condenas también en aplicación de la misma norma.