@JairoExtre
MADRID.- Era el año 2009 y la mayor trama de corrupción de la historia de España era sólo una. Sin ramificaciones, sin causas paralelas y, sobre todo, sin libros de cuentas rellenados a mano con la aún presunta contabilidad B del Partido Popular.

El caso Gürtel, en honor al apellido del considerado cabecilla de la trama, Francisco Correa, explotaba en el seno del PP de la Comunidad de Madrid y de Valencia. Los titulares obligaron a Rajoy a defender la honorabilidad de su partido y lo hizo arropado por todo su Comité Ejecutivo. Fue tajante al respecto: Gürtel “no es una trama del PP” sino “una trama contra el PP”, dijo. En ese Comité Ejecutivo se encontraban dos dirigentes de su partido ─Ana Mato y Francisco Camps─ que tuvieron que dimitir de sus cargos y que se sentarán en el banquillo de los acusados. También estaba en la foto Rita Barberá, que hoy ya no milita en el PP por su implicación en otra trama corrupta del PP, el caso Imelsa.
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Esa trama “contra el PP” estaba urdida, según el entonces líder de la oposición, por el Gobierno de Zapatero a través de jueces, fiscales y policías. Hoy, siete años después, esta macrocausa que Federico Trillo calificaba de “montaje de la Policía dirigida por Rubalcaba” y “de la Fiscalía dirigida sectariamente por Cándido Conde-Pumpido y sus fiscalas”, ha sentado en el banquillo a 37 personas, entre ellas, una decena de exlíderes conservadores, con sus extesoreros Luis Bárcenas y Ángel Sanchís a la cabeza.
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En aquella primera comparecencia Rajoy apuntó a las supuestas marionetas del PSOE para desprestigiar al PP: el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien tuvo que dimitir entre otras causas por ir de caza con el otro supuesto títere: el juez Baltasar Garzón, instructor del caso Gürtel que, en 2012 fue inhabilitado por el Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción. Se lo había advertido Cospedal años antes: “Este juez debería haberse apartado de la causa por manifiesta animadversión contra el PP”.

“No vamos a tolerar que Zapatero presione a los fiscales y a los jueces para atacar al PP”, algo propio “de países antidemocráticos”, llegó a decir Cospedal. Una acusación comparable a la que podría aplicarse al actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a tenor de las grabaciones reveladas por Público en las que conspiraba con la Oficina Antifraude de Catalunya para frenar a los partidos independentistas.

Con Garzón fuera de juego, la estrategia del PP no variaba un ápice. Pablo Ruz tomó las riendas de la instrucción, pero entonces aparecieron los famosos papeles de Bárcenas, en 2013, y se vio obligado a abrir una causa separada de Gürtel, el caso Bárcenas, que investiga la presunta financiación ilegar del PP. A Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP, le parecía demasiado larga de instrucción de Ruz y pedía que “durasen lo imprescindible”. “No se pueden abrir líneas de investigación después de no encontrar nada para dilatar el proceso y dañar al PP”, se quejaba Floriano en 2013.
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Era difícil que en el registro a la sede de Génova, ordenada por Ruz, la Policía ─ahora dirigida por Fernández Díaz─ encontrara algo en los discos duros. Precisamente por el borrado de los mismos, el PP se convirtió en el primer partido político imputado de la democracia española.​
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El caso Bárcenas tiraba por tierra la teoría de la conspiración del PP y, ya como presidente, del Gobierno y con las calles clamando contra la corrupción, Rajoy cambiaba de estrategia. “Me equivoqué. Lo lamento pero fue así. Me equivoque al mantener la confianza en alguien que no la merecía”, afirmó en el Senado en 2013.
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Luis Bárcenas, su tesorero, al que enviaba SMS de apoyo, se convertía en “esa persona de la que usted me habla” y el PP le pagaba su finiquito “en diferido, en forma efectivamente de simulación o lo que hubiera sido en diferido”, tuvo a bien explicar Cospedal. No había escapatoria, así que los voceros del PP comenzaron a hablar de “casos aislados” de malas prácticas en el partido.

Con Rubalcaba fuera de la política, de vuelta a sus clases de química en la Universidad, y con los aparatos del Estado en manos de Rajoy, culpar al Gobierno de persecución política no parecía razonable. Llegaba el tiempo de ser “implacable” contra la corrupción y Rajoy avisaba de que no le “iba a temblar la mano” con nadie. La misma mano que había puesto en el fuego por tantos compañeros que, poco a poco, iban dimitiendo.

Aún así, el PP ha seguido poniendo en duda la independencia de algunos jueces. Sobre todo de los que juzgan sus corruptelas. El último, el nuevo instructor de Gürtel, José de la Mata, ex alto cargo del PSOE. El mismo que ha impuesto un fianza de 1,2 millones de euros al PP como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales que se atribuyen a sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. La decisión, en palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, desprende “un tufillo político”.

“El caso Gürtel intenta aprovecharse del PP”, decía Rajoy en 2009. Hoy, pese a las peticiones de las acusaciones populares, no tendrá que testificar en el juicio del caso de corrupción con más tentáculos de la historia de España. Todos ellos salen del partido que gobierna.