Las cloacas del Estado, hoy de pulsante actualidad gracias a los audios de Ferreras y Villarejo, participaron durante décadas en la denominada "lucha antiterrorista". Lo hicieron vía GAL, con armas en la mano, y también desde despachos alfombrados. Los que en el siglo XXI quisieron acabar con Podemos a través de informaciones falsas ya habían ensayado durante décadas en Euskadi. 

José Barrionuevo, exministro del Interior durante el Gobierno de Felipe González, puede presumir de tener la patente del invento. En febrero de 1983, mientras los pistoleros del GAL sumaban nuevas víctimas a su listado, el entonces responsable de los cuerpos policiales creyó conveniente dar un paso clave: la lucha contra ETA debía incluía, entre otros aspectos, la elaboración de informaciones falsas.

"Se desconoce el porcentaje de población vasca que simpatiza con ETA y con los partidos abertzales, pero si se tienen en cuenta las últimas consultas electorales o manifestaciones, no parece arriesgado estimar que una parte de la población autóctona apoya directa e indirectamente sus acciones y un sentimiento en favor de la independencia", establecía el plan denominado Zona Especial Norte (ZEN), que suponía un nuevo salto en la guerra sucia del Estado. 

En esa línea, argumentaba que "la población vasca presenta una idiosincrasia y unos valores que no deben ser descartados a la hora de hacer planteamientos ofensivos en la lucha antiterrorista". Por tanto, "conocer esta población e influir en su entorno es una necesidad que conviene destacar, ya que consideramos que gran parte de la misma puede ser influenciable por la acción psicológica".

El apartado "contrainformación" incluía prácticas idénticas a las empleadas en 2016 contra Podemos. Entre otros puntos, se planteaban "Acciones en los medios de comunicación social mediante difusión de noticias falsas", así como el "empleo de una semántica que no favorezca al grupo terrorista".

El Plan ZEN incluía además un apartado de acción psicológica que abarcaba otras áreas de trabajo. De esta manera, el Gobierno de Felipe González ordenaba "dar informaciones periódicas a través de terceros –o potenciar las que surjan–, que difundan enfrentamientos entre terroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables, etc. Basta que la información sea creíble para explotarla".

Del mismo modo establecía la necesidad de "evitar que determinados órganos de opinión puedan exaltar con sus comentarios sobre el tema terrorista a sectores críticos de la población, estudiando las vulnerabilidades de estos órganos y actuando en consecuencia".

"El Estado español ha desarrollado un know-how muy eficaz para controlar y reprimir a la disidencia. No en vano, la nación española se construye históricamente a partir de la lucha del reino contra un enemigo interno que varía con los siglos, pero que responde a las mismas lógicas represivas: judíos, moriscos, herejes, masones, rojos, vascos, catalanes...", afirma Mario Zubiaga, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco (UPV).

A su juicio, "lo que varía y perfecciona, adaptándose a los tiempos, es la relevancia que se le da a la batalla de la opinión pública, en la medida en que en un contexto formalmente democrático es un campo de batalla relevante".

"El Plan ZEN marcó un antes y un después. Se teoriza o se afirma explícitamente que más allá de las labores estrictamente policiales había que trabajar en otro sinfín de campos", afirma por su parte Joseba Permach, integrante de la Fundación Iratzar de Sortu y exmiembro de la dirección nacional de Batasuna, la formación independentista que fue ilegalizada al calor de la Ley de Partidos. 

"La contrapropaganda y la contrainformación pasaron entonces a ser parte de lo que denominaban política antiterrorista. Eso llevó a la criminalización de miles y miles de personas y la utilización de determinados medios de comunicación" con tales fines, destacó. 

Permach sostiene que el Plan Zen "generó un caldo de cultivo y una cultura antidemocrática: a todo lo independentista se le podía difamar y criminalizar". "Además, esa experiencia le sirvió al Estado en el proceso soberanista catalán y también contra esa nueva izquierda que se ha generado durante la última década en el Estado español. El caso Ferreras es la punta del iceberg", subrayó.

Cierre de diarios

En efecto, la lucha antiterrorista que nació con el Plan Zen sirvió para ampliar los campos de actuación contra el mundo abertzale y sentó las bases de futuros pasos contra distintas organizaciones de la izquierda independentista vasca en el marco del "Todo es ETA", una estrategia político-judicial que implicó un largo número de encarcelamientos. 

Asimismo, aquello derivó en el cierre de los diarios 'Egin' el 14 de julio de 1998 y 'Egunkaria' en febrero de 2003. Ambas actuaciones fueron impulsadas por el Gobierno de José María Aznar, que ejerció un papel relevante en la ampliación de las políticas represivas contra amplios sectores del mundo abertzale. 

"Hubo filtraciones sobre reuniones entre agentes del Ministerio del Interior con altos directivos de medios de comunicación para encausar la estrategia de combatir la insurgencia en Euskal Herria. Lo principal no era tanto decir la verdad, sino mantener la lucha antiterrorista", afirma Joxerra Bustillo, experiodista del diario Egin.

Coincidiendo con el aniversario del cierre de ese periódico, este veterano reportero Se trataba de instrumentalizar los medios al servicio de la lucha antiterrorista. Nadie se salía de ese guion, y quien se salía, caía al abismo", afirma Bustillo. El diario en el que él escribía corrió esa suerte.