Cada testimonio sobre la protesta del 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat sirve para apuntalar uno de los dos relatos de los hechos que existen hasta la fecha: el de la protesta "festiva" y "pacífica" y el del "asalto" o "asedio", si bien, de vez en cuando, aparecen nuevos datos que hasta ahora, año y medio después de la concentración, habían pasado totalmente desapercibidos.

Un capitán de la Guardia Civil que participó en las diligencias de entrada y registro de la sede de Economía el 20-S, cuando aún era teniente, ha declarado este lunes como testigo en el juicio al procés que los miles de concentrados en protesta por este registro llegaron a agolparse contra las puertas de la sede para derribarlas, y todos los agentes policiales concentrados al otro lado, dentro del inmueble, tuvieron que sujetarla "para que no se viniera abajo".

La puerta, como ha relatado el agente, "debe medir cinco metros", es "de madera maciza y hierro", si bien ha sostenido que tuvieron que actuar para que "la masa" no la derribara. Hasta la fecha, ninguno de los testigos había apuntado a esta cuestión, y quien se acercó más fue la secretaria judicial Montserrat del Toro, también responsable de las labores de registro, que relató cómo en algún momento, pasadas las 22.00 horas, "había una avalancha de gente aplastada contra el cristal", pero ni ella ni ningún otro testigo plantearon la posibilidad de que los concentrados quisiesen echar la puerta abajo.

No obstante, el agente se mostraba mucho más dubitativo cuando llegaba el interrogatorio por parte de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig: "¿Sabe por qué no constan las imágenes de esa avalancha sobre la puerta de la Consellería de la que usted habla?", preguntaba la letrada. "No lo sé", respondía el testigo, que llegaba a ser reprendido por el presidente de la Sala, Manuel Marchena. El magistrado le indicó que intentase "responder con la misma seguridad" con la que anteriormente afrontó las preguntas de las acusaciones, recordándole que estaba bajo juramento.

Marchena, además, ha impedido una pregunta del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, sobre la identidad del administrador de un perfil de Twitter bajo el pseudónimo Tácito. Como desveló este diario, es la cuenta tras la que se esconde el teniente de la Guardia Civil Daniel Baena, que se sirvió de ella para criticar a dirigentes independentistas en la red -y que declarará como testigo este mismo martes-

En la 21 sesión del juicio, ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, el agente ha respondido durante casi tres horas a las preguntas del fiscal Javier Zaragoza, la abogada del Estado Rosa Seoane, y a la acusación popular que ejerce el partido ultraderechista Vox, así como a las defensas.

De hecho, en respuesta al letrado y número dos del partido ultra, Javier Ortega Smith, el testigo ha afirmado que tuvo "miedo" por la integridad física de los agentes o de la letrada de la administración de Justicia, "cuando se produce ese intento de asalto o acceso a la Consejería". "Si entran hubiera podido suceder una desgracia", reiteraba.

"Asalto" es una de las palabras que se utilizan habitualmente en esta causa para resaltar el carácter supuestamente violento de esta protesta. Viene recogida en el auto del juez instructor, Pablo Llarena, pero también en los escritos de acusación del Ministerio Público y los ultraderechistas, y ambos trabajan para que el 20-S les sirva para apuntalar su relato sobre la "violencia" del procés.

Por otro lado, el testigo ha despejado otra de las incógnitas del juicio, en este caso sobre las "armas largas" que los guardias civiles dejaron en los vehículos durante la protesta. Estas armas desaparecieron durante esta jornada, y hasta que testificó el jefe de la Guardia Civil el 1-O, Ángel Gozalo, no había constancia de que eran en realidad escopetas de proyectiles de goma. Este lunes, el primer testigo de la jornada ha asegurado que las armas aparecieron "intactas" en "los vehículos logotipados", aunque sí desaparecieron "cargadores" y otros materiales policiales. 

Según su relato, informó a los Mossos de que estas armas estaban en los coches a las 10.30, a las 11.30 notaron que la multitud había logrado "acceder" a los vehículos, y tras una nueva conversación con la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana, apreció "cierta actividad" por su parte para ayudarles.

El "riesgo" de salir: "Nos habrían machacado"

En otro orden de cosas, el agente ha asegurado que el registro terminó pasadas las 21.30 horas; la letrada de la administración de Justicia abandonó la sede cruzando  a un edificio colindante en torno a las 23.00, mientras que los agentes salieron en turnos, a las 4.00 y pasadas las 7.00, ya el día 21 de septiembre.

Antes, afirmaba, no tuvieron "la osadía" de abandonar el edificio: "Nos habrían machacado", sostenía el teniente, insistiendo en que "existía un riesgo objetivo y evidente" de que les agrediesen. Esta percepción la apuntaló, siempre según su relato, al escuchar los comentarios de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que los Mossos d'Esquadra presentaron como "interlocutores" de "la masa" concentrada -si bien sólo vio al segundo en este rol en una ocasión, pasadas las 21.30 horas-. El entonces líder de la ANC y el aún presidente de Òmnium Cultural les trasladaron que los agentes no podrían salir uniformados y portando el material incautado en el registro, y él interpretó que esto denotaba su preocupación porque existía "riesgo" de que les "atacaran".

Además, dos de las agentes de la policía catalana les advirtieron de lo mismo en el vestíbulo del edificio, cuando plantearon la posibilidad de dejar la sede por la puerta principal, y portando los materiales incautados. "Si salís con las cajas os matan", le trasladaron.

Dispara contra Sànchez: "Controlaba la masa"

Por otro lado, si las acusaciones sostienen que Sànchez y Cuixart fueron cabecillas de la tercera pata del procés, la que se apoya en las protestas y acciones en la calle, el testigo ha repetido en varias ocasiones que el entonces presidente de la ANC se presentó como "interlocutor válido de la masa". Ha asegurado que, pese a vender su "actitud colaborativa",  "nunca accedió" a las propuestas de la Guardia Civil para que los detenidos pudiesen entrar en el edificio en condiciones de seguridad, o para que los agentes retiraran los vehículos que después fueron dañados.

Sánchez era "la voz cantante" en materia de seguridad, y la intendente de los Mossos "aceptaba todas las decisiones" que éste le planteaba sin rechistar. "El que tomaba las decisiones era el señor Sànchez, y la señora Laplana las acataba". Esto, "tener que afrontar" que en las reuniones sobre seguridad tuvieran que asumir que el interlocutor fuera un representante de una asociación civil, le pareció "esperpéntico".

Entre otras cosas, el agente ha afeado al presidente de la ANC que plantease la entrada de los detenidos a pie "por un cordón de un metro y medio", integrado por voluntarios de la ANC, pero que rechazara formar un pasillo más amplio, "de tres metros", para que pudiesen acceder a la Consellería en un vehículo. "Él tenía ese poder sobre la masa y dijo que la masa no se lo iba a permitir", zanjó.

Las 176 medidas para el Estado catalán

Por otro lado, el testigo ha relatado que en el despacho del entonces secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, encontraron un archivo que establecía 176 medidas "para la creación de un nuevo Estado catalán". Implicaba a varios departamentos, e incluía anexos con los trabajos que estos departamentos deberían desarrollar.