La presunta malversación de fondos públicos durante el 1-O que intentan acreditar el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el grupo de la Guardia Civil que encabeza el teniente coronel Daniel Baena –firmante de todos los informes de la investigación sobre el referéndum del 1 de octubre– es el último caballo de batalla del Gobierno de Mariano Rajoy contra los dirigentes independentistas de la Generalitat. Y están tratando de mantenerlo a toda costa, incluso hasta el punto de minar la credibilidad del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en plena campaña de la Renta 2017.

Pero en los informes de la Guardia Civil en los que se basa Llarena para acusar a los políticos catalanes de malversación de fondos públicos se omiten los certificados de la Intervención General de la Generalitat, a los que ha tenido acceso Público en exclusiva, que figuran tanto en el sumario que instruye el Juzgado Nº13 de Barcelona –que investiga la preparación del referéndum del 1 de octubre por una denuncia de VOX después de que el diputado y juez Santi Vidal dijera que el Govern tenía acceso a los datos fiscales de los catalanes– como en el del Juzgado Nº3 de la Audiencia Nacional, cuya titular es la jueza Carmen Lamela.

Y lo grave es que esta omisión no se debe a que los investigadores de la Guardia Civil desconozcan la documentación que hay en ambos sumarios, ya que el equipo que trabaja para los tres jueces es precisamente el del teniente coronel Baena, jefe de la Policial Judicial de Catalunya que se esconde bajo el pseudónimo Tácito en Twitter, como desveló Público. Desde esa identidad oculta, Baena hace comentarios contra los mismos políticos a los que investiga y hasta predice lo que va a ocurrir en el procedimiento poco antes de que ocurra, como sucedió con la acusación de sedición.

Es más, en el informe de apenas 10 páginas que este jueves hizo público el Supremo, la Guardia Civil “adjunta un DVD que contiene todas las diligencias y demás documentos que como Anexos, y oficios, han sido entregadas en el Juzgado de lnstrucción Nº 13 de los de Barcelona, que instruye DP no 11812017, relacionadas con el delito de Malversación de Caudales Públicos con ocasión de la preparación y ejecución del referéndum del 1-O”.

“Lo normal -según las fuentes consultadas por Público- es que el juez hubiera solicitado a la Intervención General de la Generalitat o al Ministerio de Hacienda información acerca de las cuentas de la Generalitat, pero no es comprensible jurídicamente que le pida explicaciones al ministro de Hacienda por unas declaraciones en prensa cuando él sabe perfectamente quiénes hacen funciones de peritos en un proceso y qué documentos son pruebas y cuáles no”.

El juez Llarena y la Guardia Civil hacen un relato histórico desde 2012 para argumentar el delito de rebelión, en el que se sustentan las euroórdenes de detención emitidas contra el expresident Carles Puigdemont y los otros políticos catalanes exiliados. Sin embargo, no tiene en cuenta como sí se hace en los otros dos sumarios abiertos, el de Barcelona y la Audiencia Nacional, algo fundamental:

“El Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Catalunya la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general, publicada en el BOE de 21/11/2015 mediante la Orden ministerial PRE/2454/2015, [que] establece en su apartado E (“Certificación mensual”) la obligación de la Intervención General de la Generalitat de Catalunya de emitir un certificado relativo, entre otros aspectos de carácter económico financiero, a la adecuación al ordenamiento jurídico vigente de los actos de la administración de la Generalitat que ha tenido conocimiento como responsable de control interno económico financiero y como centro gestor de la contabilidad”.

Un acuerdo que consta en diferente documentación de dichos sumarios.

Esta orden del Gobierno central por la que se intervenía las cuentas de la Generalitat fue publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE) el 21 de noviembre de 2015 y firmada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría. Como Montoro, la número dos de Rajoy sale ahora escaldada de esta nueva polémica en torno al procés, en un momento en que los problemas en el PP con Cristina Cifuentes –presidenta de la Comunidad de Madrid– tampoco le están sentando bien a su oponente y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ahora, sin embargo, la balanza entre ambas rivales parece estar más equilibrada.

Fragmento de la disposición del BOE para intervenir las cuentas de la Generalitat firmada por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

Desde que en 2016 el Juzgado de Instrucción Nº13 de Barcelona abrió las diligencias que llevaron a la intervención de la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre, la Intervención de la Generalitat estuvo remitiendo al juzgado certificados mensuales que acreditaban que el dinero se estaba destinado a lo ordenado en 2015.

Esa intervención del Gobierno central se endureció cuando el Tribunal Constitucional anuló, el 5 de julio de 2017, la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos catalana, que hacía referencia a la financiación del proceso referendario sobre el futuro de Catalunya. En cumplimiento de dicha sentencia, la Intervención General bloqueó las partidas presupuestarias para el programa 132 –“Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales”–, lo que impidió el uso de los recursos públicos para dichos fines.

Dichos certificados y toda la información facilitada, de acuerdo con el apartado F (“Verificación de cumplimiento y desembolso”), se someten a la verificación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que ha desembolsado los fondos de financiación de Comunidades Autónomas una vez verificados los contenidos de dichos certificados. Además, éstos son acumulativos con relación al ejercicio presupuestario; es decir, cada certificado mensual incluye toda la información y control de los meses anteriores del mismo año.

En las diferentes causas abiertas por esos hechos –a excepción de la del Supremo– consta además un tercer tipo de certificado por cada pago que se hace. De ahí que, en las escasas 10 páginas con que la Guardia Civil intenta argumentar la malversación de caudales públicos no haya una sola mención al trabajo que sus compañeros de la intervención de la Generalitat, dependiente del Ministerio de Hacienda, llevan haciendo desde 2015.

A continuación, reproducimos las 102 páginas del certificado emitido el 19 de octubre de 2017 por la Interventora General de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, que especifica capítulo a capítulo los gastos presupuestarios del ejercicio y constata que todos esos actos "no contravienen el ordenamiento jurídico vigente".

Una documentación incontestable de Hacienda que el juez Llarena debería haber consultado antes de dictar orden de detención internacional por presunta malversación pero que no le fue facilitada por la Guardia Civil.