MADRID.- Dos expresidentes del PSOE y dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pusieron fin este jueves a su carrera política tras ser imputados por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE.

Griñán, que algo sabía del sentido de la decisión del alto tribunal, anunció su renuncia tras la investidura de Susana Díaz como senador. Chaves, aguantó hasta el final, pero no tardó más de dos horas en anunciar su renuncia como diputado tras conocerse el auto del Supremo.

Ferraz estaba al acecho, porque a las puertas de las elecciones generales no podía permitirse poner paños calientes ante una decisión judicial de tanto calado sobre dirigentes con tanto nombre en el partido.

El secretario de Organización, César Luena, lo dijo tras saber la resolución del Supremo: “Ha sido una decisión personal de cada imputado, y eso les honra, pero, de no haber sido así, el PSOE les habría exigido la devolución del acta parlamentaria”.

También han anunciado su decisión de dejar el escaño los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. De esta forma, el caso vuelve a los juzgados ordinarios en Andalucía, y el PSOE se quita momentáneamente un peso de encima sobre una polémica que casi le cuesta el Gobierno en Andalucía a Susana Díaz, más un serio desgaste político a nivel nacional.

Ahora, según fuentes de Ferraz, los imputados –a los que les sigue protegiendo la presunción de inocencia, que es lo que defiende el PSOE- podrán dedicarse a defenderse en el proceso, pero ven que el partido estará más salvaguardado de un caso que le ha ocasionado mucho daño político.

En todo caso, tanto César Luena, como la presidenta andaluza, Susana Díaz, tenían tomada la decisión de pedir la devolución del acta de los imputados por el Supremo pasara lo que pasara. En este caso, sí había sintonía entre Ferraz y San Telmo. Ambos habían comprometido su palabra, e iban a ser inflexibles.