Ayuntamientos catalanes que suman al menos tres millones de habitantes guardan silencio o ya han rechazado la cesión de los locales electorales habituales para la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido su convocatoria.

Se trata, entre otros, de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Castelldefels. El nexo entre todas estas localidades es la presencia del PSC en el equipo de gobierno, en algunas ocasiones en solitario y en otras compartiendo protagonismo con otras formaciones, algunas de ellas independentistas.

En todos los casos, se ha trasladado a los servicios jurídicos municipales la carta en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, daba un plazo de 48 horas para confirmar la disponibilidad de los espacios que se usan habitualmente como colegios electorales para el referéndum del 1 de octubre.

La mayor parte de estos municipios aún no se han pronunciado sobre si responderán a la carta de Puigdemont, dado que entienden que el plazo para decidirse acaba el próximo martes por considerar el fin de semana y el festivo de la Diada inhábiles. Hacen esta interpretación en base al artículo 30.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que establece que los plazos superiores a 24 horas se deben expresar en días hábiles.

Algunos ya se han posicionado, como la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, que ha comunicado por escrito que no cederá locales de votación para el 1-O, porque el referéndum ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

Aún más importancia tiene el papel de L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más importante de Cataluña con más de 250.000 habitantes. La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, ya ha rechazado ceder locales para el 1-O.

Por su parte, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart (PSC), ha dicho a través de Twitter que su consistorio "cumplirá siempre la legalidad y no comprometerá nunca a los funcionarios". Se da el caso que el pasado 16 de junio, Ballart señaló que él "no era nadie" para "prohibir el derecho a voto" en un eventual referéndum de independencia.

Tampoco va a ceder espacios su compañero en la ejecutiva del PSOE y hombre fuerte de Pedro Sánchez en Catalunya, el alcalde de Viladecans (Barcelona), Carles Ruiz. Se da el caso de que el pleno de esta localidad ya aprobó en julio de 2016 una resolución en la que rechazaba la "voluntad manifestada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de desobedecer las sentencias y las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como el de vulnerar el marco legal estatutario y constitucional".

También han mandado cartas rechazando la cesión de espacios electorales la alcaldesa de Vallirana (Barcelona), Eva Martínez, y la alcaldesa de Gavà (Barcelona), Raquel Sànchez, mientras que el alcalde de Mataró, David Bote, presumiblemente hará lo mismo, ya que avisó de que no cedería locales si el TC suspendía la Ley del Referéndum.

La alcaldesa de Badia del Vallès, Eva Menor, también ya ha firmado una carta declinando colaborar con la Generalitat para la celebración del 1-O después de la suspensión del TC.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha paralizado los trámites relacionados con los colegios electorales para celebrar el referéndum del 1 de octubre en la ciudad tras la suspensión del TC, a la espera de que el Govern aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución y los funcionarios, según ha informado  el portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha reiterado ante los medios "el pleno compromiso de Barcelona para que se pueda ejercer el derecho a participación" pero siempre que no haya riesgo ni para la institución ni para sus trabajadores".

Otras grandes ciudades, aún no se han manifestado, como el alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón, el de Lleida, Àngel Ros, que en el pasado ya había censurado abiertamente que se pidiera la colaboración de los ayuntamientos para "actos ilegales", y el de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.

Un caso llamativo de los municipios que guardan silencio es el de Castelldefels, donde la alcaldesa socialista, Maria Miranda, gobierna gracias a un acuerdo con Movem Castelldefels (la lista que lideraba ICV, junto con otros partidos), PDeCAT, ERC y Castelldefels Sí Pot (marca local de Podemos).