BARCELONA.- La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha lamentado este lunes la "constante asfixia y recentralización" del Estado, tras las últimas suspensiones legislativas catalanas dictaminadas por el Tribunal Constitucional (TC) a raíz de sendos recursos del Gobierno central.

Lo ha dicho en rueda de prensa en la Generalitat, después de que el TC haya suspendido cautelarme el artículo de la Ley de Hacienda catalana -sin pronunciarse sobre el fondo- al admitir a trámite un recurso del Gobierno central, que lo había presentado al entender que la reforma legislativa vulnera el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

El tribunal ha hecho lo mismo con el Capítulo I de la Ley del Parlament que regula el impuesto sobre la provisión de contenidos a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital en Catalunya, el llamado impuesto del Adsl.

Para Munté, estas resoluciones demuestran que "la respuesta del Gobierno central siempre es la suspensión, la negativa, el impedimento" cada vez que el Govern toma una decisión para responder a un determinado problema social o para conseguir más recursos para destinar también a políticas sociales, ha dicho.

Por eso, Munté ha recordado también la suspensión del decreto de pobreza energética, la tasa de depósitos bancarios o la dirigida a centrales nucleares, "siempre para tener más recursos y destinarlos a políticas sociales".

Suspensiones cautelares

El pleno del Tribunal Constitución admitió a trámite este lunes un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra un artículo de la Ley que crea una Hacienda propia catalana, porque entiende que vulnera el principio de igualdad entre los ciudadanos.

Dicho artículo otorga un periodo voluntario a los futuros inspectores o técnicos de dicha nueva Hacienda catalana, pero limita el acceso a estos puestos a los funcionarios que tenga ya un destino definitivo en Catalunya o que estén ya trabajando para la Generalitat.

Otro de los recursos se refiere a un impuesto creado sobre cada conexión a Internet que se contrate en Catalunya, de 3 euros anuales, y que se destinarán a la promoción de la cultura audiovisual catalana. Este impuesto grava también a los operadores de contenidos.
En este caso, el Gobierno considera que la Generalitat se ha atribuido una competencia estatal, como es la creación de tributos.

En ambos casos, el Ejecutivo ha invocado ante el TC el artículo 161.2 de la Constitución, que implica la suspensión automática de los artículos recurridos mientras se resuelve el fondo de los litigios. El TC dispone de cinco meses para levantar o mantener dichas medidas cautelares.