El conseller de Economía y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha comunicado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat, según la carta enviada a la que ha tenido acceso Europa Press.

Junqueras avisa de que ya no certificará por escrito el detalle de gastos semanales —como requirió el Gobierno para controlar que no se destinan partidas presupuestarias al 1-O—, si bien la Generalitat mantiene su "compromiso con la estabilidad presupuestaria".

Argumenta Junqueras que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlament para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con las medidas establecidas en el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, por el cual se adoptaron "medidas adicionales para garantizar en Catalunya la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y en cumplimiento de la Constitución y las leyes", que requería los informes semanales sobre los gastos del Ejecutivo catalán.

Junqueras considera que las medidas establecidas en el acuerdo de CDGAE "suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".

Por esta razón, el Govern ha adoptado un nuevo acuerdo mediante el cual "se exime y dispensa a los responsables pertinentes la remisión de la información requerida" por el acuerdo de CDGAE de 21 de julio.

Estabilidad presupuestaria

Junqueras ha subrayado que el compromiso de la Generalitat con la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera "se mantiene inalterable, como se demuestra en la mejora de la situación económico financiera de la Generalitat", y ha afirmado que continuará colaborando con el Ministerio en los términos en que se ha venido desarrollando hasta el momento.

Ha recordado que, regularmente, el Govern comunica al Ministerio el seguimiento mensual del Plan de Ajuste, con la información necesaria para verificar el cumplimiento del compromiso con los objetivos de déficit, deuda y gasto público.

"Pese al desacuerdo entre los dos gobiernos sobre la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya compartimos con el Ministerio que usted preside la necesidad de seguir colaborando en todos los aspectos que hacen referencia a la estabilidad presupuestaria y financiera de Catalunya y de España", manifiesta Junqueras en la carta.

Voluntad de diálogo

El vicepresidente ha manifestado que la voluntad del Govern es "seguir apostando por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre Catalunya y España".

Ha añadido que, hasta el momento, no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre la celebración de un referéndum, "pese a las reiteradas propuestas y peticiones" formuladas por el Govern y el Parlament, y ha asegurado que la propuesta sigue en pie.

Respuesta del Gobierno: más control sobre los gastos

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha tardado en dar respuesta al anuncio de la Generalitat: ha anunciado que mañana viernes, en el Consejo de Ministros, adoptará nuevas medidas para garantizar que ni un solo euro de dinero público sea destinado a la celebración del referéndum del 1-O. 

En realidad, el pasado 21 de julio el Consejo de Ministros ya decidió aumentar el control sobre los gastos de la Generalitat, exigiendo ese informe semanal de los mismos y advirtiendo de que, en caso contrario, actuaría con las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La negativa de la Generalitat a dar traslado del informe semanal ha sido objeto de análisis en la reunión que ha mantenido este jueves en el Palacio de la Moncloa la Comisión Delegada de Asuntos Económico, han informado a Efe fuentes del Gobierno. Las medidas que se han estudiado serán aprobadas mañana viernes por el Consejo de Ministros.

A la espera de que el Ejecutivo desvele el detalle de esas decisiones, las fuentes citadas aseguran que no se perjudicará a los proveedores de la Generalitat ni se verán afectados los servicios públicos.

En ese sentido recuerdan que Montoro ya ha garantizado que ninguna actuación que pudiera adoptar el Gobierno afectaría negativamente a los proveedores.