'Cuando vea a los 54 banqueros en la cárcel, entonces creeré en la Justicia' ha dicho Diego Cañamero. Él y Juan Manuel Sánchez Gordillo han ido hasta las puertas del juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que les ha imputado junto a otras 52 personas por la ocupación de la finca militar de Las Turquillas en el verano de 2012, y se han negado, públicamente, a entrar a la sala. Delante de los concentrados que habían ido para pedir su absolución y los periodistas, han manifestado que se consideran inocentes de las acusaciones.  Tanto el parlamentario autonómico de IU como el dirigente del SAT, que se enfrentan a una petición fiscal de siete meses de cárcel por desobediencia grave, han calificado como 'político' este proceso, que interpretan como un intento de 'reprimir' al movimiento sindical y social que encabezan.

Durante la primera jornada de juicio, que ha acogido la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, con sede en Granada, sólo se han personado en la sala de vistas tres de los 54 procesados, mientras que unas 200 personas han permanecido concentradas a las puertas de la Real Chancillería con banderas, pancartas y gritando consignas a favor del SAT. Uno de los acusados ha reconocido ante el tribunal que carecían de autorización para ocupar la finca sevillana Las Turquillas, si bien ha aclarado que se trató de una acción pacífica y que en esas fechas Sánchez Gordillo 'iba y venía' pero no se mantuvo allí todo el tiempo.

A su llegada, Cañamero ha dicho a los periodistas que éste no se trata de un juicio por una determinada actuación 'ilegal', sino que es un juicio 'político' del Gobierno 'contra el movimiento social y sindical más consecuente'. 'El Gobierno del PP quiere anular los movimientos sociales que critican su política', ha dicho el sindicalista, que ha justificado su ausencia en la sala como una 'protesta' contra la 'represión' que sufre el SAT.

Cañamero: 'Es un juicio político contra el movimiento social y sindical más consecuente'

En la misma línea, Sánchez Gordillo ha considerado que hay una 'consigna a los fiscales de represión a un sindicato que no se calla, que es rebelde', y ha tildado de 'barbaridad' que el Ministerio Público pida para él siete meses de prisión y la Abogacía del Estado un total de dos años de prisión.

La sesión, después de la resolución de las cuestiones previas solicitadas por los letrados personados, ha arrancado con la declaración de uno de los imputados, José R.N., que ha admitido que no tenían autorización para ocupar la finca, aunque defendiendo que la actuación se hizo de forma 'pacífica' sin traspasar a la zona que era territorio militar.

La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave. Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños. Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, 'sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación', que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.