El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abierto por primera vez en España un procedimiento de investigación en un caso individual de bebé robado tras la queja presentada en 2017 por un matrimonio residente en Navarra al que supuestamente robaron a su hijo al nacer en 1985.

El abogado y presidente de la asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, ha anunciado hoy la apertura de esta investigación y ha recordado que los tribunales españoles archivaron el caso, aunque el Ministerio Fiscal "se mostró contrario al cierre de la investigación, reclamando la práctica de más pruebas y adhiriéndose a los recursos del matrimonio".

La queja del matrimonio sobre el supuesto robo ocurrido en una clínica de Pamplona fue interpuesta ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, con sede en Ginebra, "ante la negativa de los tribunales españoles de realizar una mínima actividad probatoria, tras la denuncia interpuesta por el matrimonio afectado en 2015, ante un Juzgado de Instrucción de Pamplona".

Según un comunicado del abogado valenciano, "tanto el Juzgado de Instrucción navarro, como la Audiencia Provincial de Navarra, decretaron el archivo de las actuaciones de investigación penal, pese a que no se habían practicado las pruebas mínimas solicitadas por los denunciantes ni por el propio Ministerio Fiscal".

"El Tribunal Constitucional, de forma incomprensible, desestimó asimismo el recurso de amparo interpuesto contra el cierre de la investigación, señalando que no se había vulnerado ningún derecho constitucional, pese a la evidente falta de investigación por los tribunales de España", ha añadido.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y este organismo internacional de defensa de los derechos humanos, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, aceptó la queja interpuesta, y abrió el primer proceso de investigación contra el Estado por un caso de supuesto robo de un niño.

En el mismo, se dio al Estado un plazo de seis meses para que diese sus explicaciones y argumentase su defensa ante su inactividad en la investigación, pero "ha pasado el plazo establecido sin que se haya contestado por parte de España", siempre según Vila.

Este es el primer caso individual por un supuesto niño robado investigado por las Naciones Unidas, que ya realizó en 2016 una actuación en España por los casos de desapariciones forzadas, pero de forma conjunta, sin centrarse, como ahora, en un caso individual.

Los afectados, ha manifestado Enrique Vila, esperan que la ONU inste a España a reabrir la investigación cerrada sin la práctica de la prueba solicitada "y vulnerando los derechos no solo de los padres sino de ese niño que supuestamente fue privado de crecer y educarse junto a su familia biológica, incumpliendo uno de los preceptos fundamentales respecto a los derechos de la infancia protegidos en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas".