MADRID.- El Gobierno, por medio del Ministerio del Interior, ya retiró de su proyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana la posibilidad de multar con hasta 30.000 euros a aquellos que ofendieran a España o a sus símbolos, incluyendo su himno. Esta infracción sí figuraba en la redacción inicial del texto, pero se cayó en su trámite posterior tras recibir numerosas críticas procedentes de diversos sectores.

En concreto, esta cuestión figuraba en el número 12 de las infracciones consideradas "graves" (multa de entre 601 euros y 30.000) dentro del primer borrador del anteproyecto de Ley que fue presentado en noviembre de 2013.

"Las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito", decía la infracción, que no llegó siquiera al Proyecto de Ley remitido en julio del año pasado al Congreso de los Diputados.

La nueva legislación entrará en vigor el próximo mes de julio

No fue la única infracción que se cayó del texto. El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley el pasado mes de marzo después de eliminar o retocar más de la mitad de infracciones recogidas en aquel primer borrador. La nueva legislación entrará en vigor el próximo mes de julio.

Tercera pitada

Ahora y tras la pitada que por tercera vez desde 2009 dedicaron al himno nacional las aficiones del Athletic y el Barça en la final de Copa, el PP ha anunciado su intención de tomar medidas. El vicesecretario de Organización y Electoral de los 'populares', Carlos Floriano, avanzó este lunes que su partido estudia una fórmula legal para impedir ese tipo de hechos porque, a su entender, lo ocurrido el sábado no debe entenderse

Fuentes del Ejecutivo admiten que prácticamente no hay margen para que una reforma legal de este tipo pueda tramitarse

No obstante, desde el Ejecutivo, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, admitía horas después que ya no hay tiempo para impulsar un cambio legal en ese sentido, aunque defendía que es obligación del Gobierno y de "los demás actores de la vida política" mejorar "más" las leyes para que cualquier comportamiento que sea "poco edificante" como el que se vivió el pasado sábado en el Camp Nou, "sea recogido por la norma".

Fuentes del Ejecutivo admiten que prácticamente no hay margen para que una reforma legal de este tipo pueda tramitarse en las Cortes en los meses que quedan de legislatura y enmarcan las palabras de Floriano en una propuesta del Partido Popular que se incluirá en su programa para las elecciones generales.