En el Consejo de Ministros de este viernes o, como muy tarde, en el de la próxima semana, el Gobierno dará respuesta a las alegaciones presentadas por la familia de Francisco Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 31 de agosto de 2018, donde se aprobó el Real Decreto para la exhumación del dictador.

La respuesta a estas alegaciones la está ultimando la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, cuya resolución deberá ser estudiada y aprobada en el Consejo, aunque esta decisión no será definitiva, ya que se le volverá a dar traslado de la misma a la familia Franco y otras instituciones interesadas (ayuntamiento y comunidad) para que aleguen lo que estimen oportuno, ·"en el plazo improrrogable de diez días".

Una vez recibidas estas alegaciones en dicho plazo, el Gobierno ya tendrá la obligación de, mediante acuerdo motivado, resolver sobre si procede la exhumación y el traslado de los restos del dictador. Y, además, "con indicación, en su caso, del destino que vaya a darse a los restos mortales".

De tal forma que el Gobierno todavía estaría en tiempo para acordar el traslado antes de la celebración del Día de la Constitución, el próximo 6 de diciembre, un objetivo que se marcó cuando se aprobó el Real de Decreto en agosto.

La familia Franco presentó con fecha 28 de septiembre un amplio escrito de alegaciones contra el acuerdo del Consejo de Gobierno, esgrimiendo la vulneración de numerosos derechos, como el derecho a la intimidad, a la libertad religiosa y hasta el principio de igualdad.

También otra parte de las alegaciones se referían directamente a las contradicciones que incluía dicho Real Decreto, a la invasión de competencias y a deficiencia del proceso. Incluso, se hablaba de delito de profanación.

A todo ello tendrá que contestar el instructor del Ministerio de Justicia ​en su resolución para la que se está invirtiendo más tiempo que el inicialmente previsto, ya que no se quiere dejar ningún resquicio legal que anule o paralice la decisión adoptada por el Ejecutivo.

No obstante, en el escrito de alegaciones la familia Franco ya adelantaba que también iba a recurrir la decisión por la vía contencioso-administrativa, lo que podría conllevar paralizar el proceso, que es lo que el Ejecutivo quiere evitar.

En el escrito de alegaciones también informaba la famiia Franco de que había elegido la catedral de La Almudena en Madrid para trasladar los restos si finalmente eran exhumados, a lo que se opone tajantemente el Gobierno, según dijo el pasado martes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.