El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 ha dado un paso importante en su tramitación parlamentaria, después de que el Congreso haya rechazado los siete vetos presentados a las cuentas públicas del Gobierno por parte de PP, Vox, Junts, Cs, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias.

Coincidiendo con esta importante cita, la Cámara Baja ha recuperado para esta votación la presencialidad del 100% de los diputados tras un año y medio (salvo excepciones justificadas). De esta forma, 188 diputados de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC han rechazado desde su escaño los vetos que buscaban tumbar el proyecto presupuestario del Gobierno.

En cuanto al debate, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de defender las cuentas públicas desde la tribuna, ha dado respuesta este jueves a los grupos que no han registrado enmiendas a la totalidad. Más allá de agradecer a los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, por aportar al país "seguridad, estabilidad, confianza y esperanza" a través del proyecto presupuestario, la titular de Hacienda ha tenido que sortear las advertencias que los principales socios del Ejecutivo han hecho este jueves.

A pesar de que ERC, PNV y EH Bildu no hayan vetado el proyecto de ley del Gobierno para 2022, sus portavoces han dejado claro que la pata más importante de las negociaciones comienza en la fase de enmiendas parciales, cuyo plazo para registrarlas acaba este viernes a las 14.00 horas.

"No es necesario que todos los que se suben a tribuna recuerden a este Gobierno que mostrar disposición a los Presupuestos no es un cheque en blanco. Lo tenemos muy claro, lo sudamos todos los días", ha espetado al diputado de EH Bildu Oskar Matute, después de que este instara al Ejecutivo a derogar la reforma laboral de forma íntegra, una de las condiciones sine qua non que plantea el grupo soberanista para avalar las cuentas.

El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha destacado el acuerdo alcanzado in extremis con el PSOE el pasado viernes, que pasa por fijar una cuota de producción audiovisual en catalán. "Si hay aún un consenso sagrado dentro de la sociedad catalana, es la lengua. Y esto es así gracias a miles de trabajadores que llegaron a Catalunya a dejarse la piel. Por respeto a ellas, no dejaremos que toquen nuestra lengua", ha señalado además de remarcar que esta cuestión afecta a 33.000 trabajadores.

Asimismo, la portavoz presupuestaria del Grupo Vasco, Idoia Sagastizabal, ha recordado que "hoy todavía nos falta un buen trecho para acordar los Presupuestos" y ha insistido en que el voto en contra de las enmiendas de totalidad es solo "el punto de partida de una negociación para poder discutir las discrepancias".

En cualquier caso, Montero ha tendido la mano a estas fuerzas políticas y se ha mostrado convencida de que llegarán a acuerdos para conseguir su apoyo a los PGE, que el Gobierno quiere tener aprobadas para finales de año. El aval del Congreso a las cuentas públicas reeditando la inédita mayoría del pasado año, por otra parte, dará al Ejecutivo de coalición un nuevo impulso que le permitirá apuntalar la legislatura, ya que se prevén que estos sean los últimos Presupuestos. 

Una vez superado el debate de totalidad, el proyecto de ley se estudiará en ponencia, creada en el seno de la Comisión de Presupuestos, que tiene hasta el 12 de noviembre para aprobar el informe. A partir de ese momento, la Comisión de Presupuestos debatirá el informe de la ponencia y las enmiendas al articulado que queden vivas, con el fin de elaborar el dictamen antes del 19 de noviembre.

En este sentido, una vez aprobado el dictamen de la comisión, se producirá un nuevo debate en el Pleno, entre el 22 y el 25 de noviembre, en el que los ministros presentarán sus partidas, y se debatirán y votarán las enmiendas al articulado y las secciones que no hayan sido incorporadas en las fases anteriores y que los grupos hayan pedido mantener vivas. Después, si el proyecto supera esa nueva votación, pasará a tramitarse en el Senado.