La negociación sobre la actualización del salario mínimo interprofesional para 2021 tiene las "manos atadas" por culpa del enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo y la otra parte de la denominada área económica del Gobierno, encabezada por la ministra de Economía, Nadia Calviño. La posición de Calviño y de otros miembros socialistas del Ejecutivo, como la vicepresidenta Carmen Calvo, sobre congelar el SMI parece haber dado alas a una patronal que está aprovechando la discrepancia en el seno del Gobierno de coalición para dinamitar cualquier posibilidad de que se actualicen los salarios más bajos.

La situación actual ha interferido de lleno en el diálogo social, entendido como un foro en que las distintas partes, a través de la correlación de sus fuerzas y de una negociación, articulan propuestas lo más satisfactorias posibles para los agentes representados (trabajadores, empresarios y el propio Gobierno). Sin embargo, el apoyo público de una parte del Ejecutivo a la propuesta de la patronal (congelar el salario mínimo en 2021) ha reforzado sobremanera a un empresariado que en la última reunión de la mesa que aborda la actualización del SMI, celebrada este lunes, ha manifestado que su consigna es no negociar nada sobre este asunto, según afirman fuentes del diálogo social.

La segunda reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales sobre esta materia ha acabado sin ningún avance y sin que el Ejecutivo presentara una propuesta. Los sindicatos no salen de su asombro de que, después de dos reuniones, no haya una propuesta del Gobierno, lo que en buena parte se achaca a las diferencias internas que hay en el Ejecutivo en si subir o congelar el salario mínimo.

Desde Trabajo se insiste en que el objetivo de esta reunión era el de "acercar posturas", teniendo en cuenta que la patronal estaría directamente rechazando la opción de negociar. Aunque los de Yolanda Díaz no han defendido ninguna propuesta concreta (ni tampoco la han llevado a la mesa del SMI), la ministra se refirió este lunes a una subida de 9 euros, en una respuesta que dio a la prensa cuando le preguntaron por la posición de Calviño y de otros miembros del Ejecutivo, que defienden que "no es el momento económico adecuado" para actualizar el salario mínimo y que una subida podría acarrearles problemas a las empresas.

"Si la economía española y las empresas españolas no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera 9 euros es que estaríamos en un espacio muy grave", afirmó Díaz, haciendo referencia indirecta a un incremento del 0,9% del salario actual, la misma cifra que protagonizaron las subidas de las pensiones públicas y del sueldo de los funcionarios este mismo año.

Tras casi tres hora de reunión, todas las partes se levantaron de la mesa y, aunque todavía no está cerrado, se emplazaron para un nuevo encuentro el lunes, 28 de diciembre, un día antes del último Consejo de Ministros de 2020, lo que podría posibilitar todavía que hubiera un acuerdo que se pudiera aplicar a principios del próximo año. 

Las negociaciones continúan

UGT y CCOO, tras la reunión, emitieron un comunicado conjunto en el que reiteraron que el salario mínimo debe subir el próximo año y no puede quedarse atrás, "tanto por razones de justicia social, como por eficacia económica".

Pero, además, denunciaron que el Gobierno no puede otorgar derecho de veto a la CEOE, como insinuó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el mensaje, según los sindicatos, de que "si no acordáis subida del SMI, no se sube".

En dicho comunicado, los representantes de los trabajadores indican también que "no tiene ninguna justificación" que el año que viene se incrementen las pensiones, el salario de los trabajadores públicos y los salarios pactados en los convenios, "mientras que el salario de los trabajadores que se encuentran en una situación más vulnerable se quede atrás".

La del salario mínimo es la nota discordante de un diálogo social que ha sido clave para que la estrategia económica empleada para afrontar las consecuencias del coronavirus tuviera un amplio consenso. Los agentes sociales y Trabajo han logrado importantes acuerdos este año, y mantienen abiertas mesas tan importantes como la de políticas activas de empleo o la de plataformas digitales, encargada de regular la actividad de los denominados riders.

Sin embargo, la irrupción del Ministerio de Economía y de algunos miembros socialistas del Ejecutivo parece haber desacompasado el diálogo social, al romper la correlación de fuerzas que se daba en este foro. En sus negociaciones con sindicatos y patronal, Trabajo siempre ha seguido una misma pauta: escuchar las propuestas de cada parte y articular una propuesta que todos los agentes puedan suscribir.

"No se puede mantener esta dinámica si la patronal va dopada a las reuniones. Si rechazan la negociación con el beneplácito de una parte importante del Gobierno, la cosa se complica mucho, y la patronal cree, después de algunos mensajes que se han mandado, que tiene en su mano el poder de abrir una guerra en el Gobierno de coalición. El problema es que, viendo según qué posiciones, quizá es verdad que tenga ese poder", afirman fuentes del diálogo social.

El lunes, si finalmente se concreta una nueva reunión, se conocerá qué tesis se imponen en el seno del Gobierno, aunque los sindicatos advierten que no entrarán en el juego de prologar una decisión sobre este asunto.