El Gobierno ha solicitado este jueves la retirada del orden del día la votación en el Congreso de la modificación de la ley del suelo. A las 8.01 horas de este jueves por la mañana, el PSOE ha hecho esta petición ante la falta de apoyos para garantizar la tramitación de la norma.

Los socialistas justifican esta decisión en que hay que garantizar que esta norma no se vea afectada por la situación electoral. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han vinculado la decisión con el "inicio de la campaña electoral" de las elecciones europeas. Pero la realidad de fondo es que el Gobierno no contaba con el apoyo suficiente para sacar adelante la iniciativa tras la negativa de Sumar a dar su voto favorable.

Sumar explica que se opone a la propuesta del PSOE porque no atiende a los dos problemas: la protección del medio ambiente y el derecho a la vivienda digna. "Esta ley es una barra libre para saltarse controles climáticos y una pérdida de derechos para la ciudadanía al dificultar que se puedan denunciar posibles irregularidades en los planes urbanísticos", aseguran fuentes de Sumar a Público.

Sumar ya presentó en su momento una observación formal por escrito al Consejo de Ministros de que estaba en contra de esta ley, por lo que el PSOE sabía que su socio votaría en contra en el Congreso. Pese a ser consciente de que le iban a faltar apoyos, la parte socialista del Gobierno decidió llevar la reforma de la ley del suelo al Congreso.

"El PSOE impulsó una Ley que sabía que no contaba con nuestro apoyo y así lo manifestamos en el seno del Gobierno. La trajo deprisa y corriendo y no es nuestra forma de trabajar. Cuando Sumar impulsa una Ley, la negocia durante mucho tiempo para que salga. Una Ley que está destinada a eliminar las restricciones a los posibles impactos medioambientales y a dificultar la acción popular de asociaciones en los planes de ordenación urbanística es una ley del pelotazo, más propia de la senda que marcó el señor Aznar, por eso el PSOE aspiraba a sacar esta norma con el PP", dijo este jueves Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso.

Los socialistas señalan al PP

Ante el rechazo de Sumar y de otros tradicionales aliados del Gobierno -también rechazan la iniciativa Podemos, ERC o Junts-, el PSOE dependía del PP en la votación de este jueves para que el proyecto no fuera devuelto al Gobierno.

Es más, el Gobierno confiaba en obtener el apoyo de los populares, entre otras razones porque, según ha explicado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, la reforma de la ley del suelo tenía su origen en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dirigida por el PP, por lo que ha lamentado que ese partido haya preferido "el dedo en el ojo" al Gobierno que su propia iniciativa.

Sin embargo, el PP ya dijo en su momento que nunca ayudaría al PSOE cuando le faltaran sus aliados independentistas. Por este motivo, y con tal de evitar una segunda derrota en el Parlamento en menos de 48 horas, el Gobierno ha decidido retirar la norma, que se tramitaba este jueves.

El Ministerio de Vivienda dirigido por Isabel Rodríguez ha cargado contra el PP por su "falta de sentido de Estado" y por haber "primado sus intereses electoralistas frente a una demanda de Ayuntamientos y CCAA, para favorecer el desarrollo de vivienda pública".

Como respuesta a estos reproches, fuentes del PP recuerdan a Público que "el PSOE recibe su segundo varapalo parlamentario en apenas 48 horas". "La soledad del presidente no tiene precedentes", destacan esas mismas fuentes. "El Gobierno no es capaz de aprobar en las Cortes ni siquiera lo que se diseña en la mesa del Consejo de Ministros", añaden desde el PP.

Quien mejor ha expresado los riesgos de la estrategia del PSOE de dejar en manos del PP la aprobación de la reforma de la ley del suelo ha sido Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso ha dicho este jueves que es "dramático" que el Gobierno no sea capaz de negociar leyes y ha advertido de que confiar en que el PP podría ayudarles a sacarla adelante es una "temeridad": "Confiar esto a las alturas en el PP, sobre todo viendo que ya huelen sangre, me parece una temeridad por parte del PSOE", ha respondido Rufián a preguntas de los periodistas.

El Gobierno reclama "un amplio consenso"

Pese a este revés, el Gobierno asegura que no aparca la ley del suelo y que volverá a llevarla al Congreso para que se apruebe con un "amplio consenso". Así lo ha afirmado en una entrevista en RNE Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

En opinión de Torres, es importante que el quinto pilar del Estado de bienestar -la vivienda, entre otros- tenga una respuesta acorde a las necesidades de los ciudadanos. "Lo precisa en todas las comunidades, también en las ciudades autónomas", ha subrayado, que ha insistido en que la intención del Gobierno es tramitar la reforma.

En ese sentido, el Ministerio de Vivienda recuerda que el proyecto de ley se tramitó "con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad" de la promoción y ampliación del parque público de vivienda, además de servir para "garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos" y ofrecer "más garantías de protección medioambiental" cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030.

Podemos se felicita de haber parado la reforma

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha felicitado por haber "parado por tercera vez" la reforma de la ley del suelo, que ha vinculado con la Operación Chamartín, y con que "BBVA y la constructora San José puedan poner a su nombre suelo para seguir especulando con los terrenos de los madrileños".

"Nos alegramos muchísimo, es ya la tercera vez que Podemos logra parar una reforma que tiene el nombre propio de Operación Chamartín", ha dicho Belarra en los pasillos del Congreso, poco después de que el Gobierno anunciara la retirada del proyecto del orden del día del pleno, al no contar con los votos suficientes para su tramitación.

La decisión de retirar la votación tiene lugar dos días después de que la Cámara Baja tumbara la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, que tuvo el voto en contra de PP y Vox pero también de los socios de gobierno como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV.