Incorporar 'técnicas más baratas para llegar a los ciudadanos', modernizarse y ser 'más eficaces'. La vicepresidenta ha concluido así su defensa del nuevo recorte de la financiación pública de los partidos, un 20% menos que en 2012 y un 40% menos que en 2011. A las formaciones políticas, les corresponden en 2013, por tanto, 52,7 millones de euros procedentes de las subvenciones de financiación ordinaria frente a los 65,8 millones de 2012 y los 82,3 millones de 2011.

Soraya Saenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha anunciado este significativo descuento –aunque sin recordar que los partidos también reciben financiación pública autonómica y local– y lo ha justificado por la actual crisis económica, amparándose en que si los ciudadanos han hecho 'enormes esfuerzos', los partidos no pueden ser menos y tienen que asumir también los 'ajustes' en su seno. A la posibilidad planteada por la prensa de que los partidos pudieran reforzar sus ingresos mediante financiación privada o ilegal, la número dos del Gobierno recordó que si los ciudadanos no pueden hacerlo, los partidos tampoco.

El nuevo recorte de la financiación pública de los partidos, sin embargo, no resuelve el problema de fondo, en el que la vicepresidenta no quiso entrar: la financiación privada de los partidos, recogida en la ley de 2007 (modificada en 2012), que les permite recibir dinero del sector privado sin dar cuenta de él más que al Tribunal de Cuentas. Esta opacidad es el origen, hoy, de varios casos de corrupción como la Gürtel o los llamados 'papeles de Bárcenas'. Gracias a la actual ley, además, los créditos que los partidos piden a los bancos les pueden ser condonados si no superan los 100.000 euros al año. Además, el órgano fiscalizador de los partidos, el Tribunal de Cuentas, puede sancionarles, pero las irregularidades o infracciones prescriben en cuatro años y este Tribunal publica las cuentas cada cinco.

La transparencia que predica el Ejecutivo de cara a los ciudadanos, por tanto, sigue quedando en entredicho, también porque, aunque ahora ha de indicarse la procedencia de las donaciones privadas al Tribunal de Cuentas -y sólo éste tendrá conocimiento de ellas, que no superarán los 50.000 euros al año por donante-, las formaciones pueden recibir donaciones inmobiliarias ilimitadas si las declaran al Tribunal antes de tres meses. Los partidos tienen la obligación de publicar los informes del órgano fiscalizador, algo que harán cinco años después de elaborar sus cuentas. Las fundaciones de los partidos, además, siguen suponiendo el auténtico lado oscuro del engranaje financiero de esta maquinaria, pues las empresas que contraten con la Administración pública sí pueden hacerles donaciones y, además, sin límite alguno.