El Gobierno introducirá el derecho al paro académico en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El Ejecutivo pretende aprobar la norma en 2023 y, así, reconocer una una "reivindicación histórica" del colectivo estudiantil.

Por lo tanto, todas las universidades deberán establecer protocolos que permitan a los Consejos de Estudiantes paralizar la actividad académica, sin que ello afecte al derecho a docencia y evaluación de los alumnos.

Desde el Ministerio de Universidades han señalado a la agencia Efe que "la LOSU se ha configurado así como una herramienta para ensanchar los derechos de la comunidad universitaria en general a lo largo de todo su texto y del estudiantado en este caso particular". 

No se penalizará faltar a clase, según CREUP y CEUNE

El ministro del ramo, Joan Subirats, ha mantenido este miércoles una reunión con la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE). Las entidades han celebrado en un comunicado haber logrado "el reconocimiento del paro académico como derecho del estudiantado" y "la garantía y protección del derecho a manifestación". 

Además, han señalado que "no será penalizable la falta a clase y que no podrán ponerse nuevas pruebas ni impedir este paro". "Seguiremos trabajando por mejorar la Universidad y la vida del estudiantado, día a día", han remarcado.

"Este avance supone el logro de una reivindicación histórica de la representación estudiantil que, a través de su reconocimiento en la ley, blinda el derecho a la protesta e imposibilita que el estudiantado sufra ninguna consecuencia académica por ello", han explicado. Según CREUP y CEUNE, el texto debe seguir avanzando en la participación y representación estudiantil, que "consolide su posición como parte fundamental de la Universidad".