El Gobierno ya está en modo Presupuestos Generales del Estado (PGE) y prepara las cuentas para el próximo ejercicio, el 2025, después de un intenso ciclo electoral en el que se han puesto urnas cinco veces en menos de un año. El pistoletazo de salida de las cuentas es la presentación y aprobación de los objetivos de estabilidad y de la senda de déficit, el conocido como techo de gasto.

Fuentes de Hacienda confirman a Público que se presentará y aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Desde hace semanas, la ministra y vicepresidenta primera María Jesús Montero viene mostrando la intención de cumplir con los plazos habituales para las cuentas públicas.

El pasado día 26 anunció la publicación de la orden ministerial que pide al resto de ministerios presentar sus propias cuentas y necesidades. Julio suele ser el mes habitual en el que se aprueba el techo de gasto, como así sucedió en 2022. El año pasado la convocatoria electoral anticipada por Pedro Sánchez para el 23J modificó los plazos previstos. El último techo de gasto fue aprobado en diciembre pero meses después se produjo la prórroga presupuestaria provocada por el adelanto electoral en Catalunya. 

El lunes 15, un día antes del Consejo de Ministros, Montero ha convocado a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese foro se tratará la senda de déficit de esos territorios. No están incluidos en el orden del día asuntos como la condonación de la deuda ni temas relacionados con la financiación autonómica. 

Tras la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo lo remite a las Cortes. Durante los últimos años, desde el 2020, este trámite no se ha realizado debido a la suspensión de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea para que los Estados pudieran hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y de la guerra de Ucrania.

Ahora, Europa tiene un nuevo pacto fiscal y ha recuperado las reglas, un claro mensaje a los países miembros para volver al control del gasto. En el caso de España, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la ley de estabilidad presupuestaria, el Senado puede tumbar el techo de gasto aprobado en Consejo de Ministros y ratificado por el Congreso de los Diputados.

Se trata de la única norma sobre la que la Cámara Alta tiene la última palabra (en el caso del resto de las leyes, si el Senado las modifica o las veta, el Congreso puede levantar ese veto o volver a editar el texto). En esta legislatura, tras las elecciones generales del 23J, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en esta cámara, por lo que tendrían de facto la capacidad de tumbar el techo de gasto, si el Congreso lo refrenda.

Hace unos meses, el PSOE y Sumar registraron una enmienda en la ley de paridad con un doble objetivo: suprimir la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de estabilidad y la senda de déficit, y dar al Congreso la capacidad de recuperar un techo de gasto previamente vetado por el Congreso.

En concreto, la enmienda recoge que "si el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se recogen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública ya se hubiera remitido a las Cortes Generales, y este hubiera sido rechazado por el Senado, dichos objetivos se someterán a una nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose por mayoría simple, sin necesidad de que se inicie un nuevo procedimiento".

La ley de paridad que contiene esta enmienda está en la actualidad en tramitación en el Senado, donde el PP tiene previsto tumbarla y donde podría retener la norma durante un tiempo antes de su devolución al Congreso. 

Con las Cortes en periodo extraordinario de sesiones, es poco probable, en todo caso, que el techo de gasto pueda llegar al Senado antes de septiembre, aunque no hay ningún plazo esbozado a día de hoy.

Contactos con los grupos 

El Gobierno necesita a todos los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Sánchez para aprobar los PGE. No puede faltar ninguno. La gobernabilidad en Catalunya, con las negociaciones pendientes entre ERC y PSC para convertir a Salvador Illa en president, marcan en parte los tiempos. Los socialistas son conscientes de que hasta que no se resuelva la cuestión catalana será difícil avanzar con Junts o ERC. 

Las reuniones formales propiamente dichas no han comenzado. Ni siquiera con Sumar a nivel interno de la coalición, aunque se espera que sea ya pronto. El espacio de Yolanda Díaz, como informó este medio, pretende poner uno de los focos principales en la negociación de políticas de vivienda. 

Sí se han producido, según fuentes socialistas, contactos más informales con los aliados parlamentarios. En el entorno de Sánchez indican que no han recibido señales negativas que indiquen que no vaya a haber voluntad por parte del bloque de la investidura de aprobar los PGE. Muchos de los aliados, especialmente Podemos, han criticado duramente el pacto entre PSOE y PP por el CGPJ pero en Moncloa no creen que eso vaya a condicionar las cuentas públicas.