Una reforma de urgencia, vía orden ministerial y sobre el silbato, va a permitir a las empresas propietarias de las centrales nucleares de Almaraz I y I y Vandellós II alargar los plazos para tomar la decisión de si renuevan sus licencias o no, como adelantó Público. Y, de paso, para seguir presionando al Gobierno para conseguir mejores condiciones económicas.

El BOE de este viernes publica dos órdenes ministeriales, una de ellas referida a Almaraz y la otra a Vandellós, en las que establece que ambas centrales nucleares podrán esperar para solicitar la renovación. Todo depende de la aprobación del próximo Plan Integral de Energía. Este plan, marcado por Europa, establecerá los compromisos de España y el mix energético (qué peso se pretende que tenga cada fuente de energía).

"El titular podrá solicitar una nueva autorización de explotación de la central en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de aprobación del Plan Integral de Energía y Clima. Ello no obstante, en el supuesto de que el referido Plan no hubiera sido aprobado dos meses antes de la fecha en la que el titular ha de presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central que más adelante se establece, podrá deducirse la solicitud de una nueva autorización con ocasión de tal presentación."

El Gobierno responde así a las peticiones de las eléctricas propietarias, y especialmente Ignacio Galán (Iberdrola), que reclamaron al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, entre otras cosas, que ampliara el plazo para solicitar estas renovaciones. Lo que piden, aseguran, es más tiempo para decidir si mantener esas centrales nucleares operativas les sale rentable. Y el Gobierno se lo ha dado, gracias a una reforma exprés.

La orden vigente hasta hoy establecía que debían solicitar la renovación tres años antes de que caducara la autorización. Este plazo se cumplía, para Almaraz, el pasado 8 de junio. Nadal firmó la orden el día 5, sobre el silbato. El de Vandellós, por su parte, se cumpliría el próximo 26 de julio. Gracias a la reforma, ambas centrales podrán esperar para decidir si la solicitan o no.

Esta reforma, en palabras de ASTECSN (Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica), provoca un “despilfarro de recursos públicos”, puesto que deberán evaluar la documentación sin saber si finalmente se va a solicitar la renovación o no. Además, aseguran que “abre la puerta” a que las centrales nucleares puedan seguir activas más allá de los 40 años.

“Esta decisión se fundamenta en la petición de una entidad privada, haciendo recaer sobre el órgano regulador público y de carácter técnico las decisiones políticas que se consideran buenas para el sector, y sin atender a los principios de transparencia, independencia, prudencia y precaución que deben ser los que primen en la acción reguladora”, concluyen los técnicos.