Recep Tayyip Erdogan suele mirar hacia España a la hora de comprar armamento. Solo en los dos últimos años, el Gobierno ha autorizado 63 licencias de exportación de material de defensa a Turquía por un valor superior a los 1.500 millones de euros. Hoy resulta imposible saber si ese pujante negocio se ha visto o no afectado por el estallido de violencia en Nagorno-Karabaj, donde el gobierno turco tiene una posición clave de apoyo y suministro de armamento a Azerbaiyán.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien a principios de noviembre pasado se desplazó a Nagorno Karabaj para constatar in situ la situación de ese territorio tras los ataques de Azerbaiyán con el respaldo de Erdogan, intentó que el Gobierno español aclarase si mantenía abierta la venta de armas a los Ejecutivos de Bakú y Ankara.

"Teniendo en cuenta los ataques contra población civil y contra infraestructuras civiles que están llevando tanto Azerbaiyán como Turquía en Nagorno-Karabaj, ¿ha estimado el Gobierno cesar la exportación de armamento y material de doble uso a estos estados?", preguntó el representante de la coalición soberanista a finales de octubre pasado.

La respuesta del Ejecutivo llegó algunas semanas después. "Desde el inicio de las hostilidades el pasado mes de octubre no han sido autorizadas nuevas solicitudes de exportación de material de defensa y de doble uso a ninguno de los dos países en conflicto", afirma el Gobierno en alusión a Armenia y Azerbaiyán, sin aclarar qué ocurre en el caso de Turquía.

En ese documento alega además que "en 1992, en respuesta al conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán en la zona de Nagorno-Karabaj, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) solicitó a sus Estados participantes que impusiesen un embargo a la exportación de armas a las fuerzas que combatían en la zona de Nagorno-Karabaj".

En tal sentido, subraya que "la solicitud de la OSCE no ha sido derogada" , aunque destaca también que se trata de "un embargo de armas multilateral voluntario" y que "varios Estados participantes de la OSCE han suministrado armas a Armenia y Azerbaiyán desde 1992". De hecho, España ha vendido material de defensa a ambos países. 

"El Gobierno está haciendo una ficción. Le habíamos preguntado claramente sobre la venta de armas a Azerbaiyán y Turquía, teniendo en cuenta que en este conflicto el apoyo turco ha sido más que evidente con tecnología puntera y drones, algo que Turquía y Azerbaiyán han publicitado", señaló Iñarritu a Público.​ De hecho, el diputado de EH Bildu destacó que esta misma semana "tanto Erdogan como (el primer ministro de Azerbaiyán, Ilham) Aliyev estaban amenazando a Armenia desde Bakú".

63 licencias en dos años

Según datos oficiales, en los dos últimos años el Gobierno español –a través de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), cuyas actas son secretas– concedió 63 licencias de exportación de material de defensa a Turquía. Esas operaciones alcanzaron en total los 1.527 millones de euros.

En 2018 se autorizaron 29 licencias de material de defensa por importe de 1.104 millones de euros, lo que incluía armas pequeñas, armas ligeras, municiones, vehículos blindados, materiales energéticos como explosivos y hasta aeronaves. En 2019, la JIMMDU autorizó otras 34 licencias de material de defensa por valor de 423,5 millones de euros, entre las que destacaban armas pequeñas y ligeras, munición, bombas, sistemas de dirección de tiro, blindados y material de la categoría de aeronaves.

"No esperar cadáveres"

El portavoz de Amnistía Internacional en España, Alberto Estévez, sostiene que "en las decisiones de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas español pesa poco un elemento clave: la evaluación de riesgo del uso de las armas por parte del receptor". "El Tratado sobre el Comercio de Armas exige no esperar a que lleguen los cadáveres para tomar medidas, ya que prohíbe las transferencias de armas cuando un Gobierno sabe que se pueden usar para cometer crímenes de guerra", afirmó.

Precisamente, Amnistía Internacional ha denunciado esta semana la comisión de ese tipo de crímenes "tanto por parte de las fuerzas azerbaiyanas como las armenias durante los recientes combates librados en Nagorno Karabaj".

Estévez afirmó a Público que el Gobierno español "debería suspender la venta de armas a Turquía de, al menos, armas pequeñas, ligeras y municiones, aviones de transporte y otro material militar debido al riesgo de que se empleen para cometer atrocidades o sean desviadas a Siria o Libia, escenarios de crisis de derechos humanos en los que Turquía interviene con tropas y a los que ha sido acusada de desviar armas".

En tal sentido, recordó que en octubre de 2019 "el Gobierno español adoptó una medida positiva cuando anunció, junto a otros Estados Miembros de la UE, la denegación de nuevas licencias de exportación de material a Turquía" que podía ser utilizado en Siria, "pero esa medida debe completarse con la suspensión de la transferencia a Turquía de las armas susceptibles de ser utilizadas para cometer atrocidades".

El portavoz de AI apuntó específicamente a las "denuncias del uso de aviones A-400 para transportar tropas de Turquía que invadieron el noreste de Siria en octubre y cometieron crímenes de guerra", por lo que reclamó que el Gobierno español "adopte un criterio de presunción de denegación, lo que supone invertir la carga de la prueba al obligar a Turquía a demostrar que usará las armas de acuerdo con el derecho internacional".