Los jueces no obtendrán mejoras salariales aunque vayan a la huelga. El Gobierno asegura estar 'absolutamente abierto para dialogar' con las asociaciones judiciales, pero acotó el lunes el margen para la negociación.

El Ejecutivo ve detrás de la amenaza de paro judicial la mano negra de un corporativismo ante el que ha decidido poner pie en pared. El ministro de Justicia, que abordó la situación antes de reunirse en la sede del PSOE con responsables de Justicia y de Política Institucional, trufó su comparecencia de una pregunta recurrente: '¿Por qué ahora?'.

Su respuesta es que 'la protesta ha venido articulada en torno a la crítica del Ejecutivo a la levedad de la sanción al juez Rafael Tirado -el magistrado del caso Mari Luz, la niña de cuya desaparición se cumplió este martes un año-'. 'Esa es una de las razones. Está ahí y no podemos obviarla', subrayó el ministro, para quien es 'de celebrar' que las asociaciones hayan 'tomado las riendas'.

Pero, a pesar de este retoque del escenario, el Gobierno mantiene la consideración de que es 'injustificado e injustificable' que amenacen con una huelga 'quienes detentan un poder el Estado', de la misma forma que juzga irrenunciable su derecho de crítica a las decisiones del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

La postura de Bermejo fue respaldada horas después por el presidente del Gobierno y por su lugarteniente en el PSOE. En declaraciones a Onda Cero, José Luis Rodríguez Zapatero, aunque evitó ser tan contundente al vincular la protesta con el caso Tirado, recordó que estos funcionarios 'deben atenerse a los criterios de la función pública' y 'no parece [la huelga] una respuesta razonable', más cuando reclaman medidas que competen al Poder Legislativo. 'Podrían haberlo pensado más', concluyó el presidente.

José Blanco, en Telemadrid, los emplazó a 'cumplir la ley'.

En cuanto a la letra de las reivindicaciones, Bermejo puso el foco donde más puede doler a los magistrados: 'En estos momentos de crisis no se puede hacer un tratamiento económico para un colectivo que no es el más necesitado. Podemos hablar del modelo retributivo, pero no de subidas retributivas'. El cerrojazo se extiende a la mejora en las condiciones de jubilación o en el pago de los servicios de guardia.

A este respecto, Zapatero precisó que los jueces tendrán una subida del 5%, de conformidad con los Presupuestos del Estado aprobados por el Congreso y de ahí 'el Gobierno no se va a mover'.

El ministro expresó también su estupefacción por que la primera reivindicación sea la 'efectiva y urgente instauración de la nueva Oficina Judicial', que se considera el instrumento clave para la reforma global de la Justicia, cuando el Gobierno ya ha remitido un proyecto de ley al Congreso.

También se declaró sorprendido por que la segunda medida de la tabla reivindicativa sea la 'plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías', cuando 'se está haciendo el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca' en este capítulo. Blanco, añadió en este punto que 'quien tiene la responsabilidad' de modernizar las infraestructuras son las comunidades autónomas, que, según sus estimaciones, tiene transferida el 90% de esta competencia.

Mientras se libra este pulso, el PP ha cerrado filas con el Gobierno en el rechazo a una posible huelga, por entender que sería 'mala para el Estado de Derecho', postura que Zapatero alabó por su 'sensatez'.

Así, el portavoz conservador de Justicia, Federico Trillo, hizo un 'llamamiento' para que no se llegue a 'materializar' la amenaza. Sin embargo, exigió al Gobierno que responda a las demandas de los magistrados por que de lo contrario el Pacto por la Justicia, el único suscrito entre socialistas y conservadores desde que gobierna Zapatero, 'se pondrá en muy difícil cumplimiento'.

Trillo explicó que su partido asume 'prácticamente en su integridad' las reclamaciones de los jueces y rechazó establecer una conexión con el 'caso Tirado'. A su juicio, el ministro Fernández Bermejo está 'tratando de llevar un problema de extrema gravedad como es el atasco judicial a una cuestión de carácter corporativo'.

El PP quiere que el ministro reciba 'de inmediato' a las asociaciones y al presidente del CGPJ como condición para 'darle la oportunidad' de salvar el conflicto. Este criterio fue refrendado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal: 'Si el Gobierno cumple con su parte del acuerdo de poner medios materiales y humanos necesarios para la modernización de la Justicia, nos mantendremos en el acuerdo. Si incumple su compromiso, cambiaríamos nuestra postura'.

La número dos del Partido Popular especificó que se mantienen 'a la espera'. Cospedal cree que el problema de la Justicia 'es el señor Bermejo' y que se solucionará 'cuando deje de ser ministro'.