El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha anunciado este martes, en plena crisis por su gestión de Doñana, su intención de comprar 7.500 hectáreas, la mitad de ellas inundadas, para ampliar la superficie del Parque Nacional un 14%.

La operación, "a falta de los últimos informes", costaría unos 70 millones de euros, según la Junta de Andalucía, y supondría comprar a la empresa Pesquerías Isla Mayor SA, dueña de los terrenos, parte de la finca Veta La Palma, en La Puebla del Río (Sevilla).

Esta una finca de más de 10.000 hectáreas que ocupa casi la mitad de la Isla Mayor del Guadalquivir y está enmarcada por el río y uno de sus brazos (el Brazo de la Torre). En Veta La Palma coinciden el Preparque Este del Parque Nacional de Doñana, el Parque Natural de Doñana, la Red Natura 2000, la zona Ramsar y la Reserva de la Biosfera de Doñana.

El Gobierno andaluz asegura que si no se adquiere la finca, dedicada en parte a piscifactorías, que podrían cerrar por falta de rentabilidad, la superficie inundada del Espacio Natural de Doñana "disminuirá en más de 3.500 hectáreas y Doñana será mucho menos resiliente", lo que "mermará la diversidad de hábitats y se reducirá de manera drástica la capacidad de adaptación ante el cambio climático del conjunto del humedal".

Para las organizaciones ecologistas, aunque es una operación en principio "interesante", sin embargo, "no es la solución" para los problemas del Parque Nacional de Doñana. 

"No es una respuesta a la falta de caudal. No puede servir de cortina de humo. Esto no tapa ni justifica la ley de regadíos, el robo del agua, que la Junta no hace los deberes y que existen otros problemas como que el agua no llega a las marismas. Es un paso interesante, pero no se puede vender como lo que no es tampoco", afirma Juanjo Carmona, de WWF, a Público.

Traje manchado

La decisión llega en un momento en que Moreno tiene el traje ecologista completamente manchado después de haber promovido, de la mano de la ultraderecha, en contra de cualquier criterio científico y de conservación, la ampliación de las hectáreas regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Todos los organismos internacionales dedicados a la conservación del medio ambiente vigilan Doñana y la Comisión Europea ha amenazado con pedir duras sanciones para España, que ya tiene una condena por no proteger los acuíferos. Como consecuencia, Moreno busca protegerse ante previsibles varapalos internacionales: esta semana hay reunión de la Unesco.

Así, en su habitual tono grandilocuente, la comunicación del Gobierno en la que expresa su intención de comprar parte de la finca se recoge los siguiente: "Se trata de la operación de incorporación a la titularidad pública de terrenos más importante desde la declaración de Parque Nacional de Doñana y el hito ambiental más importante de Doñana en los últimos 45 años, tras la ampliación del Parque Nacional en 1978".