Los asuntos de la Casa Real vuelven a quedar exentos del ejercicio de transparencia que garantiza la ley. En sintonía con otras resoluciones anteriores, el Gobierno ha puesto un nuevo freno a las solicitudes de información pública dirigidas, en esta ocasión, a arrojar luz sobre los bienes del rey emérito y del resto de integrantes de la Familia Real, quienes gozan de una protección y un secretismo superior al existente en otras instituciones del Estado.  

"Nos hemos pronunciado reiteradamente sobre la necesidad de que, a efectos de transparencia, se hicieran públicos los bienes de todos los miembros de la Familia Real", resume a Público Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA). En esa línea, apunta que "a través del portal de Transparencia no se puede obtener" dicha información. Un expediente fechado hace algunas semanas le da la razón. 

"Sentido de la resolución: desestimatoria", reza el encabezado de una resolución dictada a finales de enero por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de velar por el cumplimiento de la ley aprobada en 2013 para otorgar precisamente mayores niveles de claridad a las instituciones del Estado. En el caso de la monarquía, en cambio, suelen encontrarse serias dificultades para acceder a información mediante esa vía. 

Así volvió a comprobarse en el caso del expediente abierto el pasado 5 de agosto, exactamente dos días después de que la Casa Real anunciase que el rey emérito había decidido marcharse del país. La petición –cuya autoría aparece anonimizada en la base de datos del Consejo de Transparencia– tenía como objetivo conocer "todas y cada una de las propiedades" que pertenecen a "todos y cada uno de los miembros de la Casa Real, tanto los reyes eméritos Sofía y Juan Carlos como los reyes Felipe y Leticia y las infantas".

La respuesta de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno –encargada por ley de atender las solicitudes de información que afectan a la Casa Real– llegó tres meses después. En ese documento –adelantado por vozpópuli–, anunciaba que había decidido "inadmitir a trámite la solicitud de acceso presentada", alegando que "dicha cuestión no se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG)".

Ante esa negativa, la persona solicitante de la información presentó un recurso de amparo ante el Consejo de Transparencia, indicando que se trataba de información institucional y económica de la Casa de su Majestad el Rey, ya que son las propiedades de sus miembros". 

Sostenía además que  "la ciudadanía tiene derecho a conocer esta información que es de indudable interés y carácter público y sirve para la rendición de cuentas de la institución". "En este sentido, por ejemplo, ya se publica de forma activa información sobre las propiedades y el patrimonio de los altos cargos del Gobierno. Se debería aplicar este mismo criterio", argumentaba.

En efecto, la política de transparencia que se aplica en el caso de la monarquía española difiere a la de otras instituciones del Estado. "Tal como está la ley, las propiedades del emérito se quedarían fuera", afirma a Público Miguel Ángel Gavilanes, experto en políticas de transparencia y acceso a la información pública en la fundación Civio. En esa línea, abogó por "modificar la ley y mejorarla", de forma que la política de transparencia alcance también a los bienes de los integrantes de la monarquía española.

"No sé si puede considerar una mayor protección, pero lo que está claro es que no hay el mismo requisito de transparencia para las declaraciones de bienes de patrimonio de los miembros del Gobierno que para la Casa Real", apunta por su parte el presidente del sindicato GESTHA.  

El recorrido de la solicitud de información registrada a través de la ley de transparencia confirma esa lectura. El 29 de octubre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió nuevamente el expediente a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno "al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas". Sin embargo, el Ejecutivo optó entonces por el silencio: "No consta respuesta de la Administración en el plazo concedido al efecto", señala el documento.

Dos semanas después, el PSOE tumbó una iniciativa similar en el Congreso. En noviembre pasado, el grupo socialista se unió a PP y Vox para bloquear la proposición de ley formulada por Compromís y Más País con el objetivo de crear un registro patrimonial de la Familia Real, rey emérito incluido, en el que figurasen todos sus bienes. Los votos de PSOE junto a las formaciones de Pablo Casado y Santiago Abascal en la mesa del Congreso resultaron suficientes para inadmitir esa propuesta, que buscaba precisamente arrojar luz sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito. 

En ese contexto, el Sindicato de Técnicos de Hacienda plantea que, al menos de momento, la Casa Real haga "voluntariamente" esa declaración de bienes, "porque ahora mismo no hay una regulación legal al respecto", incide Carlos Cruzado. En esa línea, sostiene que si se avanza hacia una nueva regulación de la Casa Real "sería el momento adecuado para dotar de más transparencia" a esa institución. "Para evitar cualquier sombra de duda, sería aconsejable que la Casa Real realizara una labor de transparencia e hiciera público su patrimonio", remarcó. 

"Patrimonio privado"

Sin embargo, actualmente no hay señales en ese sentido. En el dictamen emitido a finales de enero, el Consejo de Transparencia dio por buenos los razonamientos inicialmente esgrimidos por el Gobierno para no proporcionar la información solicitada sobre las propiedades de la Familia Real, alegando que tal petición escapaba de los límites marcados por la ley. 

"Aplicando la doctrina precedente, sustentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entendemos que la información solicitada –sobre el patrimonio de los miembros de la Casa Real– hace referencia a su patrimonio privado o particular y, en consecuencia, queda fuera de las actividades en materia de personal, administración y gestión patrimonial de la Casa de su Majestad el Rey que, como hemos indicado, es el órgano que con arreglo a lo decidido por las Cortes Generales está sometido al ámbito de aplicación de la LTAIBG".

"Por todo lo anterior, la reclamación presentada debe ser desestimada", remarcó el Consejo. Del mismo modo, incluyó en su dictamen una reprimenda al Gobierno por no haber respondido en tiempo y forma a las alegaciones.

Política habitual

Anteriormente, el Gobierno ya había rechazado proporcionar datos sobre el coste del servicio de escoltas que acompaña al rey emérito, alegando en esa ocasión que la difusión de tales datos podía afectar a la seguridad de Juan Carlos I. Señaló además que esas informaciones estaban protegidas por la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 por la dictadura franquista.

Según consta en distintos documentos, entre agosto y diciembre de 2020, el Ejecutivo descartó al menos ocho peticiones de información que versaban sobre aspectos relacionados con la huida del emérito a Abu Dhabi. En todos los casos, la Secretaría General de Presidencia apeló a cuestiones relacionadas con la seguridad y citó la Ley de Secretos Oficiales –cuyo futuro está ahora en manos del Congreso– como escudo contra la transparencia.