"¿Por qué motivos se niega a responder el Gobierno sobre la cantidad que ha destinado el Ministerio de Fomento a publicidad institucional desglosada por medios de comunicación desde el año 2012?". La pregunta, del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, es la última de una serie de 16 requerimientos sobre la distribución del presupuesto para campañas institucionales de varios ministerios y organismos autónomos (Adif, Renfe, Aena o Acuamed) a las que el Ejecutivo hace oídos sordos. Su única respuesta, desde junio, es el enlace a los Planes e Informes de Publicidad y Comunicación Institucional, que reflejan todas las campañas realizadas, su importe y los soportes en los que se han difundido (prensa escrita y digital, radio o televisión) pero no especifica cuánto dinero ha destinado cada ministerio a cada medio de comunicación.

"A Rajoy se le llena la boca al hablar de transparencia y de su ley, pero la realidad es otra", denuncia a Público el diputado socialista por Málaga. La realidad, de hecho, es que tanto los ministerios (que gestionan esta publicidad) como el Gobierno (que la supervisa) llevan años escondiendo los datos de un reparto presupuestario que debería ser público. Incluso el Consejo de la Transparencia, un órgano nombrado por el propio Ejecutivo, instó a ocho ministerios a aportar esos datos (a raíz de una solicitud de eldiario.es) al considerar que el interés público por conocer el reparto de publicidad está por encima de cualquier otro. Lejos de obedecer, los ocho departamentos van a poner una demanda en la Audiencia Nacional contra el Consejo de la Transparencia para zafarse de entregar información desglosada sobre la distribución económica de las campañas. 

La Ley de Publicidad Institucional establece que la distribución a medios de la publicidad institucional debe hacerse "con los criterios objetivos que garanticen la libre concurrencia, la igualdad" y sin intereses "partidistas". Además, recoge que las campañas "se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto” y deberán servir "a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve".

Contrariamente a estas exigencias, y a pesar de que uno de los criterios de adjudicación es la audiencia de cada medio, en 2015 varias televisiones, radios, periódicos y webs con poca audiencia según el Estudio General de Medios (EGM) recibieron más anuncios que otros medios con más lectores u oyentes. Es lo que se desprendía del informe que elaboró el Gobierno sobre cómo repartió hace dos años los 37,7 millones de euros que invirtió en publicidad. ¿Cuánto dinero público recibió cada medio de comunicación? De eso, ni palabra.

Los únicos datos verdaderamente desglosados son de 2012 y salieron a la luz (sin quererlo el Gobierno) a raíz de una campaña sobre violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad. El departamento, dirigido por Ana Mato en aquel momento, premió con los mayores ingresos a periódicos de baja audiencia, como La Razón y La Gaceta, y discriminó a los más leídos, como El País y 20Minutos. Lo mismo sucedió con las radios (Onda Cero y la Cope recibieron más de 40.000 euros mientras que la SER —con el doble de oyentes— sólo percibió 11.000) y la prensa digital (el Gobierno premió a Interoconomía y La Razón e ignoró a 20Minutos). 

Otro ejemplo, más reciente, de este trato de favor a determinados medios de comunicación tiene como protagonistas a Esperanza Aguirre e Ignacio González, que beneficiaron a La Razón con el 60% del presupuesto de los anuncios en prensa escrita de Metro. Dicho ingreso superó en diez veces el que recibieron El País y El Mundo juntos, pese a tener una audiencia claramente inferior. También Ana Botella, en su etapa de alcaldesa de Madrid, benefició a medios afines al PP con el reparto de las inversiones publicitarias, privilegiando a medios como La Razón, ABC o la cadena COPE cuando no cumplían con las condiciones de audiencia y difusión atendibles.

En Catalunya, la Generalitat tiene especial predilección por el Grupo Godó. El digital Crític publicó recientemente que el holding mediático responsable de La Vanguardia, Rac1 y 8TV acaparó el 20% de la publicidad de la Generalitat durante el año pasado con 6,2 millones de euros.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también esquivó las normas de contratación para colocar anuncios a dedo en los medios de comunicación. ¿Cómo? Sin poner en marcha una licitación pública para contratar estos servicios y adjudicándolos vía convenio, evitando las obligaciones de publicidad y concurrencia.

El Partido Popular lleva años blindando la información sobre el reparto a medios de la inversión en publicidad institucional. En la votación sobre la Ley de Transparencia en 2013 ya bloqueó una enmienda presentada por el PSOE que pedía que las Administraciones Públicas publicasen "la información relativa a las campañas de publicidad o comunicación institucional que hayan promovido o contratado, el importe de las mismas, los contratos celebrados (...,) así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias".

Sin mecanismos para evaluar los objetivos de eficacia

Incluso el Tribunal de Cuentas instó al Gobierno en 2015 a que mejorase la gestión de la publicidad institucional. El organismo que ejerce el control externo de la actividad financiera del Estado pidió al Ejecutivo que la información usada para la realización de la memoria sobre las campañas anuales fuera "exacta" y "homogénea". Según cuenta en El BOE nuestro de cada día la periodista Eva Belmonte, de la Fundación Civio, el Tribunal de Cuentas considera imposible evaluar el cumplimiento de los objetivos de "eficacia, austeridad y eficiencia" por culpa de la "escasa utilización de mecanismos para la cuantificación y valoración del cumplimiento de los objetivos".

"Rajoy es especialista en el plasma, pero no puede seguir utilizando la táctica del avestruz", denuncia el socialista Miguel Ángel Heredia. El autor de las últimas preguntas al Gobierno sobre este tema considera que el presidente "debe dar explicaciones a estas cuestiones o demostrará que su ley de Transparencia es sencillamente papel mojado". De momento, sabemos que en 2016, el Ejecutivo invirtió 24,52 millones de euros en publicidad institucional (13,2 millones menos que en 2015) pero los ciudadanos seguirán sin saber, por ahora, cuánto dinero ha recibido cada medio de comunicación.