MADRID.- El Gobierno no quiere ir a rastras en el proceso abierto para eliminar la LOMCE como referencia del sistema educativo español. El pasado día 15 el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con una abrumadora mayoría, una proposición de ley del grupo socialista para empezar a tramitar la suspensión del calendario de la LOMCE, que de facto suponía el arranque para derogar la polémica ley.

Esta decisión de toda la oposición supuso la primera gran derrota del nuevo Gobierno de Rajoy apenas diez días después de su constitución. Para intentar frenar ese proceso el Ejecutivo recién estrenado ha remitido esta semana un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados para que paralice la tramitación de esa iniciativa legislativa, so pena de iniciar un conflicto ante el Tribunal Constitucional (TC).

El escrito, al que ha tenido acceso PÚBLICO, da cuenta de un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 18 en el que se traslada a la Cámara baja su disconformidad con la iniciativa parlamentaria, de acuerdo a la prerrogativa constitucional de objetar, por conllevar una alteración presupuestaria en base a los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del reglamento de la cámara.

El acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se adoptó tres días después de la primera gran derrota del Ejecutivo de Rajoy. El debate y votación de la propuesta socialista, respaldada por 208 votos, fue posible porque la Mesa de la Cámara baja la había calificado previamente, en su reunión del pasado 18 de octubre.

Es decir, el Gobierno pretende que se anule tanto una decisión del órgano director del Congreso al tramitar la iniciativa como el debate y votación que tuvo lugar posteriormente. Y, en definitiva, paralizar y eliminar de los trabajos parlamentarios esta propuesta de ley.

“El Gobierno y su grupo parlamentario son conscientes de que por esa vía se encuentran marginados por su propia voluntad”, explican a este diario fuentes parlamentarias conocedoras del escrito gubernamental que no será analizado por la Mesa hasta el próximo martes.

Este conflicto no es el primero que surge entre el poder ejecutivo y el legislativo. En la pasada legislatura, que no llegó a consolidarse al fracasar la investidura de Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados planteó ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno al negarse los miembros del Ejecutivo a someterse al control de la cámara. Este contencioso no está resuelto todavía.

Subcomisión entre PP, PSOE y Ciudadanos

Esta exigencia gubernamental se presenta casi en paralelo a otra estrategia con la que el Ejecutivo de Rajoy pretende reconducir el negro futuro político que le espera a la LOMCE: su eliminación. Este viernes se anunció un acuerdo entre el Gobierno y su grupo parlamentario con los socialistas y Ciudadanos para constituir una subcomisión parlamentaria para estudiar un nuevo marco legal para el sistema educativo en España.

Esta subcomisión, que surgirá de la comisión de Educación del Congreso, se fijará un plazo de seis meses para elaborar un borrador de pacto educativo. Fuentes parlamentarias consideran factible, aunque no hay nada concretado, la incorporación de otros grupos parlamentarias a esta subcomisión, especialmente el de Unidos Podemos. “Esto era impensable hace tan solo unos meses y mucho menos en la legislatura pasada”, explican fuentes de la oposición parlamentaria al Gobierno.

La eliminación de la LOMCE, una de las leyes “estrella” del Gobierno Rajoy durante su mayoría absoluta alumbrada por su ex ministro José Ignacio Wert, es una muestra palpable de los cambios políticos que comporta la actual legislatura. El nuevo Ejecutivo del líder conservador apenas cuenta con 137 respaldos explícitos y ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos, socio de Rajoy en su investidura, alcanza la mayoría absoluta.

El Gobierno también ha remitido un escrito, del mismo tenor, en el que exige también a la Mesa del Congreso de los Diputados que paralice la tramitación de otra iniciativa legal del grupo socialista. En esta ocasión se trata de una proposición de ley para modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores por la que se pretende garantizar la igualdad de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.