El Gobierno de Mariano Rajoy ha admitido su incomodidad con que los cargos públicos, en la mayoría de los casos del PP, se fotografíen con símbolos franquistas, pero ha eludido contestar su contempla algún tipo de sanción para estos comportamientos.

Al menos, no habla nada de ello en la respuesta parlamentaria dirigida al diputado del PSOE y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, quien pedía al Gobierno su opinión sobre que un concejal de un ayuntamiento se fotografíe con símbolos fascistas, y le preguntaba, además, si tenía previsto tomar alguna medida al respecto.

Puig registró este interrogante días después de que se difundieran instantáneas de una concejal del PP del Ayuntamiento valenciano de Canals posando con la bandera franquista. El diario Levante-EMV, publicó una imagen de Carmen Melissa Ferrer, regidora del PP en el municipio valenciano y concejal de Juventud y Sanidad, fue tomada antes de las elecciones municipales de 2011, cuando entró en la lista popular en la que aparece junto a una bandera con símbolos de la dictadura. El líder socialista valenciano señalaba en su escrito que el caso de Ferrer se sumaba al de otros de jóvenes  del PP de Xátiva y Gandía con símbolos fascistas y nazis.

En su contestación, el Gobierno subraya que, 'independientemente de que legalmente quepa actuar o no contra determinados hechos', lo 'adecuado' es que los cargos públicos democráticos, 'puestos a hacerse fotografías acompañados de símbolos, que lo hagan de los previstos en la Constitución y en los distintos estatutos de autonomía, así como en el ordenamiento respectivo de los entes locales'. Y es que, según se defiende en el escrito parlamentario, la Carta Magna de 1978, además de garantía democrática, 'es la mejor herramienta de convivencia de que han dispuesto los españoles en su larga historia'.